Rocío Monasterio: «Hay más de 4.245 millones de gasto inútil en la Comunidad de Madrid»

Rocío Monasterio se presenta como candidata por Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. No quiere pagar «más dinero a chiringuitos» y, tras chequear los Presupuestos autonómicos, ha llegado a la conclusión de que hay 4.245 millones de euros en gasto inútil que «debe ir a rebajas de impuestos y a ayudar a las familias, a la natalidad», etc. Ella está dispuesta a favorecer la gobernabilidad del centro derecha, pero con una sola condición: el cumplimiento de un programa que acabe con el adoctrinamiento y las carga ideológica de las leyes, que reduzca el endeudamiento injustificado de los madrileños, y que destine los recursos a mejorar la vida de las familias.

PREGUNTA: Es candidata de Vox en Madrid, una Comunidad que ha hecho bandera de las bajadas de impuestos, pero donde hay cuestiones como la educación que Vox quiere cambiar, ¿en qué sentido quieren modificarla?

RESPUESTA: Madrid ha sido un oasis en impuestos bajos pero no en buena gestión. De 11.000 millones de deuda en 2008 a 33.000 hoy. No creo que eso sea buena gestión, endeudar a nuestros hijos y nietos. Hay que mejorar la educación, datarla de medios y recursos. Tenemos que ir hacia una educación de excelencia. Eso permitirá a nuestros niños competir en un mundo tan globalizado y con una competencia feroz. Creemos que con determinadas auditorias al presupuesto vamos a conseguir extraer gasto superfluo e ineficaz para poder aportar recursos a la educación y a la sanidad. Queremos que nuestros profesionales estén mejor pagados. En el caso de la educación, que tengan acceso a formación. No podemos cambiar la metodología de la educación si no dejamos a nuestros profesores tener tiempo y formación para poder estudiar nuevas formas de enseñar. 

P: Madrid ha implantado una norma LGTB, como Galicia, que ustedes han criticado por permitir el adoctrinamiento sexual en las escuelas entre niños muy pequeños. ¿Qué ha provocado esta norma y cómo alterado en el sistema educativo? ¿Lo cambiaría Vox?

R: Nosotros detectamos en octubre de 2016 un borrador de Ley que impulsa Cifuentes que bajo el aparente objetivo de evitar la discriminación de trato por temas de LGTBI, lo que se hacía era dar entrada a una serie de colectivos transexuales y LGTBI, subvencionados por la Comunidad, que entraban en los colegios de los niños para adoctrinar sobre determinadas prácticas sexuales e identidad de género. Básicamente se propone que tú no tienes una sexualidad marcada sino que depende de tu voluntad. A los niños se les invita en todos los colegios públicos, privados y concertados a probar nuevas prácticas sexuales, nueva identidad de género.

P: ¿En qué edades?

R: Desde los 8 años hasta los 16. Desde las primeras etapas de la ESO. A un chico de 8, 9 o 10 años tú no le puedes sacar de clase y decirle ‘Juan, hoy vas a ser Valentina, tienes que probar tu nueva identidad de género, contársela a todos tus compañeros, tus nuevas prácticas sexuales van a ser estas y este tu nuevo modelo de familia’. Es un ataque a la familia tradicional y a la visión que nosotros tenemos del individuo. Todo esto se aprueba en la Comunidad a propuesta del PP en la que se introduce 196 enmiendas, que no mejora la Ley que ya era perversa desde el principio. Permite que los colectivos subvencionados que selecciona la Comunidad, que han demostrado actividad durante los anteriores 7 años, son los que dan las clases sin ninguna acreditación de profesor. 

P: ¿Los padres se pueden negar?

R: No. Nosotros decimos que es una vulneración brutal de la libertad de los padres a educar según sus valores. Es brutal que los padres no sean informados de estos cursos. Tú te enteras cuando el niño a la hora de la merienda te cuenta lo que le han contado en clase. Queremos la derogación de todas estas leyes. Creemos que nadie puede poner talleres en grupo con personas no acreditadas, que no son profesores autorizados por el Ministerio de Educación. No pueden poner las manos sobre nuestros hijos para adoctrinarles. Esto es una vez el PP arrodillado ante las ideologías de la izquierda. 

P: ¿Son colectivos subvencionados? ¿Son chiringuitos?

R: Sí. Durante años han trabajado en el mundo LGTBI y trans. Alguno habrá hecho una buena labor y otros no. Son los que luego van a formar parte de un observatorio que monta Cifuentes y clasifica los colegios en función del cumplimiento de la Ley. Los que no haya cumplido estrictamente con todo esto hay un artículo en la Ley que permite que no se le de la subvenciones. Uno concertado católico si se niega, se contempla que sea sancionado y automáticamente el próximo año no tenga subvención.

P: La izquierda dice que estas reformas son ‘homófobas’, ¿lo son?

R: Homófobo es quien discrimina a alguien por su orientación sexual. Nosotros no lo hacemos. Creemos que en los colegios se tiene que educar en el respeto a todos. Eso es una cosa y otra muy distinta es adoctrinar en base a doctrinas anticientíficas, que proponen un modelo del individuo completamente fuera de lo que la ciencia nos demuestra y las bases de lo fundamental. Imponen una ideología de género que pretende acabar con el modelo de familia y de individuo. Atacar esa base fundamental, en la que quieren entrar para desmontarla. Es el único reducto que hay del individuo frente al estado, de la defensa de la libertad. El lugar donde conseguimos transmitir valores a nuestros hijos. Por eso para la izquierda es tan importante acceder a los hijos y a los colegios. Lo sorprendente es que otros que no son la izquierda no se den cuenta. La izquierda ha sustituido la lucha de clases, de pobres contra ricos, por unas nuevas banderas: el animalismo, el ecologismo,… y la ideología de género. Un armazón ideológico que pretende desmontar las bases de pensamiento de nuestra sociedad basada en la libertad.

P: ¿Hay más chiringuitos?, ¿en materia de memoria histórica, por ejemplo?

R: Hemos detectado 9.000 partidas en los capítulos 4 y 7 destinadas a camuflar gasto superfluo. Suman 4.245 millones en cuatro años. El primer año podemos hacer un recorte de gasto superfluo de más de 1.000; el segundo, 1.100; el tercero, 707 y el cuarto, el resto. Esos 4.000 millones está destinados a ONGs, determinados entes, tema informático… Gastar el dinero de los madrileños en objetivos que no revierten en el bienestar de todos. ONGs, empresas y duplicidades. Hemos detectado cientos de duplicidades. No puede haber una empresa municipal de la vivienda y otra en la Comunidad. Ahí están colocados los políticos que no saben donde colocar. Los ratios de construcción de vivienda pública en Madrid han caído estrepitosamente, pero el gasto en salarios sigue estable. Esto pasa en muchísimas empresas, agencias, etc. Tenemos que hacer un análisis de coste de cada euro que dedicamos a la función pública. No solo es la trazabilidad de la legalidad de la asignación de partidas, es por ejemplo ¿cuánto nos cuesta cada euro que dedicamos a la agencia de empleo? Si cada empleo que crea la Comunidad ahí si nos cuesta 100.000 euros, oiga, mejor usted no se dedique a eso. Estamos malgastando el dinero.

P: ¿Qué se puede hacer con esos 4.245 millones? ¿bajar impuestos?¿Reforzar servicios sociales?

R: Claro. Una parte los queremos dedicar a bajar el 5% el IRPF en su tramo autonómico, aumentar las deducciones a familias que tengan a cargo hijo dependiente, favorecer las actividad de las PYMES y las empresas, eliminar el AJD…

P: ¿Eliminarán por completo el Impuesto de Actos Jurídicos (AJD)?

R: Sí. Es un impuesto que lastra la actividad y no tiene ningún sentido. Eliminaremos el impuesto de tracción mecánica para grandes vehículos, para hacer de Madrid una gran plataforma logística. Esto puede atraer a muchas empresas. Además de bajar impuestos, hay que dedicar otra parte a mejorar sueldos en la sanidad y educación. Por el envejecimiento de la población tendremos que aumentar los recursos a sanidad: comprar aparatos radiológicos, mejorar hospitales y también los sueldos de los médicos. Mejorar los turnos, poder contratar más, mejorar los tiempos de atención… A los profesores también, les daremos un año de formación cada tres años y cambiar el método de enseñanza. Queremos que los niños sean excelentes. Los políticos habitualmente de esto no hablan porque miran a cuatro años.

P: Usted ha comentado en debates electorales que cuando un madrileño llega al médico se encuentra a inmigrantes en situación ilegal que disparan las listas de espera, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los datos de estas listas de espera?

R: Los datos que manejamos de la Consejería de Sanidad es que desde el 2015, 92.000 inmigrantes ilegales que estaban en la cola por delante de los madrileños. Con la subida que ha habido según Frontex el aumento de la inmigración el último año ha sido de 59% y según fuentes de Sanidad podemos acabar en 160.000 inmigrantes ilegales que están siendo atendidos por la sanidad.

P: ¿Hay algún cálculo de esa estimación y el gasto que supone?

R: No, no hay ninguna contabilidad analítica seria. En cualquier empresa es algo básico. Saber cuánto cuesta operar un riñón en un hospital o en otro. Por supuesto tampoco hay un control del gasto en medicamentos que se ha disparado. Vemos que los presupuestos van pasando año a año, se inflacionan, pero nadie hace el esfuerzo de hacer una contabilidad seria y de asignar recursos donde son más eficaces. Si hay un hospital especialista en operar riñón, lo que tiene sentido es que todos vayamos a ese hospital para esa operación. El volumen da calidad. Necesitamos tener toda la documentación sobre inmigración ilegal, lo mismo que pedimos en Andalucía, y dárselo a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se cumpla la Ley. Nada más. Los madrileños tienen que saber que todo el que llega a Madrid y utiliza la sanidad, no de urgencia, se opera una cadera o se transplanta un riñón, hay mafias, o fecundación in vitro… se hace y no se factura en los países de origen. Nosotros nos vamos por Europa y hacemos algo en cualquier hospital y por supuesto que nos facturan. No se está cumpliendo la Ley en lo básico, tenemos que facturar a quienes nos pertenezcan a la sanidad en Madrid. Ya sabéis que creemos que tiene ser una sanidad nacional, devolver competencias de sanidad y educación. Seríamos más eficaces en el control del gasto, tener una central de compras, acabar con las injusticias entre autonomías, un registro único de enfermedades raras…

P: ¿Se ha hecho todo lo que se tenía que hacer en gestión económica? La izquierda asegura que no se pueden bajar impuestos, que si se bajan los impuestos cae la recaudación, se debilita el Estado del bienestar…

R: La bajada de impuestos incentiva la creación de riqueza, especialmente las empresas. Por supuesto si no te gravan el ahorro, lo que quiere hacer Gabilondo con el impuesto de la muerte, todos estaremos incentivos a ahorrar. No puede ser que uno pague impuestos durante toda su vida, por renta, y luego le vuelvan a gravar los ahorros cuando compra una vivienda para dejársela hasta sus hijos. Es lo que hace el socialismo: te grava hasta el día en que te mueres. Los empresarios llegan a un momento que no les merece la pena seguir creciendo, si tú subes los impuestos, encareces la contratación, consigues que no se cree riqueza y no se cree empleo. Queremos que se incentive todo eso. Puede venir una recesión de aquí a un año y las familias tienen que tener ahorros. Sino pasa como en la crisis: el socialismo nos negó que había crisis y luego menos mal que nuestros mayores tenían pensiones e hicieron un ejercicio de acoger a sus hijos. No hubiéramos aguantado.

P: ¿Qué más puntos habría que solucionar? ¿El tema de las televisiones públicas que ha salido en el programa de Vox?

R: Igual que todo lo que hemos hablado. Telemadrid es un ente público que gestiona dinero que sale del esfuerzo y los impuestos de todos los madrileños. Tenemos que someterlo a la misma vigilancia que al resto. Hemos visto que siguen haciendo la misma política de hace un tiempo: el derroche. No puede ser que Telemadrid sea un pozo sin fondo que se hizo un ERE pero ahora se vuelve a contratar a los mismos con concurso que habría que ver cómo son. No puede ser que se externalice a determinadas empresas sin un control de gastos, que nos cueste tanto dinero a todos los madrileños. Que una televisión pública no mantenga la neutralidad. Está podemizada. Han dejado entrar a determinados grupos a manejar Telemadrid. Entonces, creemos que si no se cumplen esos objetivos y se derrocha, Telemadrid se tiene que cerrar. Si es neutral, con una gestión austera, podrá haber una televisión para todos los madrileños. ¿Usted quiere tener Telemadrid o que cuando vaya a unas urgencias haya mejores recursos? Probablemente los madrileños optarían por el gasto en sanidad o educación.