La reserva para VPO que plantea Sánchez ya hundió un 40,5% la construcción de pisos en Barcelona

Ada Colau fue la precursora en Barcelona de la norma sobre vivienda que hoy plagian Sánchez y Belarra: la ley de alquiler y vivienda que reserva del 30% de las promociones de obra nueva para pisos sociales. Fue igualmente la primera en experimentar lo que ahora parece no querer recordar el Gobierno: el hundimiento en la construcción de pisos por la falta de margen del sector inmobiliario.

Un estudio el Colegio de Arquitectos de Cataluña reveló en aquel momento el desastre cosechado. Nada menos que un descenso del 40,5% del número de visados en la ciudad de Barcelona para construcción de vivienda de obra nueva, el doble que en el resto de la provincia.

El año 2020 fue el del gran impacto del Covid. Pero lo fue para todos, no sólo para Barcelona. Fue también el año que mostró el impacto de la norma de Ada Colau que exigía que le 30% de la obra nueva se destinara a vivienda social: la norma copiada ahora por Pedro Sánchez con el matiz de que el 30% tiene que ser obra protegida y la mitad de ella netamente vivienda social.

El informe del Colegio de Arquitectos de Cataluña emitido en enero de 2021 señaló que ese año el número de metros cuadrados visados en total -no sólo para vivienda, sino también del resto de obra- cayó claramente. Pero lo hizo especialmente a causa de la debacle del visado de viviendas. La superficie visada alcanzó los 671.891 millones de metros cuadrados, una cifra por debajo incluso del año 2017. Registró, así, un descenso del 5,2%. Pero el dato de descalabro de los visados de vivienda en la capital catalana se disparó hasta el 40,51%. En el resto de la provincia (con 7.128 viviendas visadas) la caída, de hecho, fue la mitad: 23,8% del dato de la ciudad de Barcelona. Y en el conjunto de Cataluña el descenso quedó en el 17% con respecto al año anterior.

La vivienda nueva se hunde en Barcelona

Barcelona, de hecho, registró un total de 1.364 nuevas viviendas visadas, hundiéndose hasta los registros del año 2015, según los datos del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). Una parte de la caída, por supuesto, es atribuible al Covid y las medidas de confinamiento. ¿Pero cuál es la explicación al descenso disparado de Barcelona frente al resto de localidades? Los expertos no dudaron en aquel momento en señalar directamente a la reserva del 30% de la obra nueva para vivienda social: una medida que eliminó el margen de beneficio de constructoras y promotoras, que prefirieron destinar sus recursos al mercado de oficinas.

Pese al experimento demoledor, Sánchez y Belarra vuelven a la carga. Y, además, a escala nacional. Su propuesta comunista pretende que las constructoras y promotoras privadas agranden el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida; de ese porcentaje, la mitad a alquiler social para los más vulnerables. Es decir, la ley nacional adopta la norma de Ada Colau de una forma un tanto más suave: del 30% de obra protegida, la mitad tiene que ser para vivienda netamente social.

Jarro de agua fría

La ministra de Derechos Sociales ha confirmado este jueves la medida. Esta obligación ha caído en el sector constructor y promotor como un jarro de agua fría, puesto que consideran que teniendo que reservar un porcentaje de sus promociones a vivienda protegida «no salen las cuentas. Ya tenemos nuestros planes de negocio cerrados y hemos hecho inversiones en compra de suelo para poder construir viviendas, ahora no será rentable», explican desde el sector.

De momento, se desconoce cómo se aplicará dicha medida y si tendrá efecto para toda obra nueva. Al igual que otras muchas propuestas incluidas en la Ley de Vivienda, esta imposición ya ha sido aplicada con anterioridad en otras zonas y no ha conseguido el efecto buscado; sino todo lo contrario.