La reforma de la malversación que el Gobierno hará por Junqueras y Griñán beneficiará a otros 526 corruptos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el delito de malversación por el que está condenado José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía, es «desproporcionado». La magistrada Robles ha añadido: «Evidentemente, no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo». Con esa premisa, el Gobierno de Pedro Sánchez apoyará, si se lo piden sus socios independentistas, una reforma del delito de malversación para aupar al poder a los golpistas catalanes y librar de la cárcel al ex dirigente socialista Griñán. Pero con esta medida, de manera colateral, también pueden beneficiarse medio millar de políticos y funcionarios condenados por corrupción.

En España, actualmente están cumpliendo pena por malversación un mínimo de 526 personas que fueron condenadas por este delito desde el año 2016. El Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que comete el delito de administración desleal o apropiación indebida de los artículos 252 y 253 sobre el patrimonio público será culpable de un delito de malversación. Las penas oscilan de dos a ocho años de prisión y una pena de inhabilitación de seis a 20 años.

Pues bien, atendiendo a la pena mínima –seis años de inhabilitación–, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2016 fueron condenados 71 personas por un delito de malversación; en 2017 la cifra se eleva a 114; en 2018 hubo 87 condenados; en 2019 se contabilizan 98; en 2020 son 73; y en 2021 se condenaron a 83 personas por malversar. En total, suponiendo que fueron condenados a la pena mínima, hay al menos medio millar de personas cumpliendo condena en la actualidad por este delito y muchos de ellos ahora podrían beneficiarse de la reforma que lleve a cabo el Gobierno con el propósito de beneficiar a sus socios independentistas y a los condenados por los ERE de Andalucía.

El objetivo del Gobierno es conceder una «amnistía encubierta» a los separatistas catalanes, según denuncian juristas expertos en la materia. Para ello, PSOE y Podemos han presentado una proposición de ley por la que eliminarán el delito de sedición –por el que están condenados nueve líderes independentistas– y lo sustituirán por el delito agravado de desórdenes público. Así, sopesaban, que esto conllevaría una supresión de la malversación que también se impuso a cuatro de los condenados del procés, entre ellos: Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta; y los ex consejeros Raúl Romeva y Jordi Turull, condenados a 12 años de prisión e inhabilitación, por los delitos de sedición en concurso medial con malversación.

Desde el Ejecutivo barajaban que, al quedar suprimida la sedición en el Código Penal, también se anularía la malversación y la pena de inhabilitación que esta conlleva al tratarse de un concurso medial de delitos. Así, en el Gobierno establecieron una hoja de ruta «casi perfecta» para que sus socios puedan presentarse en las próximas elecciones autonómicas, en 2025.

Malversación

Pero en el Derecho no hay reglas matemáticas. La Fiscalía del Tribunal Supremo no iba a ceder a los planes de Sánchez. Los cuatro representantes del Ministerio Público, que acusaron de rebelión a los líderes independentistas condenados por los hechos ocurridos en Cataluña durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O, iban a defender que se mantuviese la inhabilitación que les impuso el Alto Tribunal en la sentencia, sin rebajas. Esa sería su respuesta, cuando el Supremo les diese traslado de oficio sobre la revisión de las penas de los condenados por sedición.

Desde el Ministerio Público no albergaban dudas al respecto. «Puede desaparecer la sedición, pero los separatistas siguen condenados por un delito de malversación que es totalmente independiente. Se hizo un uso indebido de fondos públicos al margen de que hubiese sedición. Con la supresión de la sedición, la condena ya no será medial, pero prevalece la malversación como un delito independiente», explicaron fuentes judiciales a este periódico.

«La pena de 13 años impuesta a alguno de los condenados, como Junqueras, está prevista legalmente en el delito de malversación agravada, que condena con inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos han causado un perjuicio que excediera de 250.000 euros. La sentencia del 1-O prueba que se desvió más de dicha cantidad en el proceso independentista», concluyeron.

Ante la posibilidad de que no decayese el delito de malversación al suprimirse la sedición –y que, por tanto, los condenados tuviesen que hacer frente a la inhabilitación–, el Gobierno de Sánchez maneja un plan B. El PSOE y Podemos no tocaron el artículo del Código Penal que regula la malversación en la proposición de ley que presentó el viernes en el registro del Congreso de los Diputados pero estudiarán las enmiendas que presenten Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) u otros grupos. Así, abren la puerta a sus socios independentistas para que éstos soliciten la modificación del artículo de dicho texto legal.