España

Rajoy dedica apenas dos minutos a hablar de la corrupción

Dos minutos ha dedicado Mariano Rajoy a hablar de la corrupción en su intervención en la primera sesión del debate en el Congreso.

El candidato del PP ha pasado de puntillas por el tema que constituye precisamente el argumento principal de su ‘socio’ de investidura, Ciudadanos. De hecho, las seis condiciones que Rivera exigió al PP para abrir las negociaciones pretendían lograr un compromiso irrenunciable de los populares con la regeneración democrática: prohibición de indultos y aforamientos, limitación de mandatos, expulsión de cargos imputados y creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, el conocido como caso Bárcenas. 

“La corrupción se persigue más que nunca y los castigos son los más elevados que se hayan conocido”, ha resuelto Rajoy, tras dedicar más de 50 minutos al ámbito económico. 

El candidato del PP ha puesto en valor las medidas contra la corrupción aprobadas durante la legislatura y que han convertido a España, ha considerado, “en un país más transparente”. En este sentido, ha destacado las exigencias de rendición de cuentas para altos cargos y partidos políticos, o la puesta en marcha de mecanismos «para recuperar el dinero robado por los defraudadores”. 

“Todo esto se ha hecho ya pero en este campo la tarea nunca se puede dar por concluida”, ha advertido, no obstante. El líder popular ha insistido en que la lucha contra la corrupción es un compromiso que debe implicar a todas las formaciones políticas y ha aprovechado para destacar que algunas propuestas, como la regulación de los lobbies o los nuevos requisitos para la contratación pública y las subvenciones “sólo serán útiles y efectiva si obtienen el compromiso» de otros partidos. 

Antes, Rajoy había dedicado su intervención en el Congreso a desgranar el argumento económico como base para su investidura. El candidato del PP ha vinculado con insistencia la recuperación de la economía a la necesidad de un Gobierno estable y ha apelado a los riesgos que supondría el no conseguirlo: una amenaza para la creación de empleo, la recuperación económica, la confianza de los mercados y la credibilidad de los organismos internacionales.

Sin Gobierno, ha reiterado Rajoy en varios momentos de la intervención, no habrá Presupuestos, no se podrán presentar las cuentas a Bruselas-el plazo expira el próximo 15 de octubre- y por tanto España se arriesgará a una posible multa de los organismos comunitarios. 

Sánchez insistirá en la corrupción 

Precisamente, la corrupción será el argumento en el que Pedro Sánchez basará el discurso con el que este miércoles rebatirá la intervención del líder del PP. Según el equipo del socialista, Sánchez defenderá en esa intervención que «la regeneración del PP pasa necesariamente por colocarlo en la oposición, en lugar de indultarlo, que es lo que significaría que el PSOE le permitiera por activa o por pasiva alcanzar la Moncloa». 

Desde Ferraz consideran que se trata de un argumento lo bastante potente para replicar la intervención de Mariano Rajoy, una vez el acuerdo entre PP y Ciudadanos incorpora ya varias de las medidas suscritas por el propio Sánchez el pasado febrero. 

Una treintena de medidas

Ese acuerdo recoge casi una treintena de medidas que refuerzan la lucha contra la corrupción, como la eliminación de los más de 17.600 aforamientos de cargos públicos que existen en la actualidad, la prohibición expresa de los indultos a los condenados por corrupción y la obligación de dimitir a los cargos públicos investigados por este motivo hasta la resolución completa del procedimiento judicial. 

Además, el PP se compromete a crear una comisión parlamentaria de investigación sobre su presunta financiación irregular- esto es, sin mencionarlo, el caso Bárcenas-«que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro”. 

Otra de las principales propuestas afecta a la despolitización de la Justicia. Ambos partidos han acordado cambiar la elección del Poder Judicial para que 12 de sus 20 miembros sean elegidos por jueces y el resto por las Cortes, además de limitaciones que eviten puertas giratorias entre política y judicatura.