Rajoy congela los contactos con los partidos hasta que se normalice la situación en Cataluña

El presidente del Gobierno no tiene intención de continuar con la ronda de contactos con los líderes de otros partidos políticos, que inició a finales de diciembre con una cita, en La Moncloa, con Albert Rivera. Según fuentes gubernamentales, Rajoy mantendrá en las próximas semanas, cruciales para la constitución del gobierno del Cataluña, un perfil discreto. Y así, aunque la interlocución con los grupos de la oposición es permanente, no se escenificarán ni se dará relevancia a nuevos encuentros.

La reunión con Rivera, el pasado 28 de diciembre, fue el inicio, según se avanzó desde el PP, de una nueva tanda de conversaciones en La Moncloa con los dirigentes políticos. Una ronda que en los últimos tiempos se ha convertido en habitual, sobre todo con PSOE y Ciudadanos. Rajoy citó a los líderes de estas formaciones en los momentos más crudos del ‘procés’-tras la aprobación de las leyes de la ruptura en el Parlament-y tras el referéndum ilegal.

La intención era hacerlo también tras las elecciones de diciembre. Pero ese plan ha quedado suspendido, y ahora tiene poco sentido recuperarlo, en opinión del Gobierno: las próximas semanas serán decisivas en el futuro político de Cataluña, primero, con la sesión de constitución del Parlament-el 17 de enero-y diez días después, con la de investidura.

Las reuniones servirían para medir el apoyo de la oposición ante los retos más urgentes que afronta el Ejecutivo, al margen de la situación en Cataluña, como la negociación de los Presupuestos o la reforma del sistema de financiación. 

Asuntos, todos ellos, que se trataron ya en el encuentro con Rivera. En lo primero, y al contrario de lo que viene haciendo su partido, Rajoy evitó presionarle para que tomase la iniciativa en la formación del nuevo gobierno catalán. El clima fue cordial, y sin reproches, y ambos cerraron filas en el respeto a la legalidad en Cataluña, en mantener la aplicación del artículo 155 hasta que se forme un nuevo Govern y en que éste debe respetar la Constitución y las leyes democráticas. También hubo consenso en la necesidad de abordar el modelo de financiación, como reclaman las comunidades autónomas.

El Estado de Derecho actuará

La situación en Cataluña está paralizando la acción política del Gobierno y sus relaciones con el resto de los grupos. Rajoy no quiere abordar los posibles escenarios con los partidos. Se remite a su estrecho círculo de colaboradores, y, en especial, a los servicios jurídicos de La Moncloa, que llevan tiempo analizando las opciones de la investidura, como la tan comentada vía telemática.

Los planes del bloque independentista generan una amplia desconfianza. Aunque una cosa está clara: el Estado utilizará todos los medios a su alcance para frenar cualquier nuevo desafío a la legalidad. Esto es, y como avanzó OKDIARIO, fundamentalmente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que bloquee cualquier pretensión de Puigdemont de ser investido a distancia. El recurso, si es admitido a trámite, implicará la suspensión automática-y durante un plazo máximo de cinco meses-de una reforma del Reglamento. Si no existe ese paso previo, y los independentistas pretendan consumar la investidura telemática en el mismo pleno, el Ejecutivo actuará en cuanto tenga  sospechas de que Puigdemont no acudirá al Parlament. Y si acude, como es obvio, será inmediatamente detenido.

El mismo camino se seguirá si es Oriol Junqueras quien pretende ser investido. En este caso, desde prisión. Las posibilidades del líder de ERC son, en cualquier caso, ciertamente mínimas, después de que el juez Llarena le haya prohibido la salida de la cárcel para asistir a cualquier pleno del Parlament. Incluido, se entiende, el de la investidura.

Se descartan elecciones

Pese a las dificultades, tanto en La Moncloa como en el PP existen pocas dudas de que los independentistas acabarán cerrando algún acuerdo para gobernar. El horizonte de unas elecciones anticipadas no se contempla, según fuentes gubernamentales. En lo que se confían es que el futuro Govern retorne a la senda de la legalidad y abandone cualquier resquicio rupturista. En este sentido, en el Gobierno destacan la ‘espantada’ de los últimos días entre los secesionistas que no aceptan la deriva de Puigdemont, y temen las consecuencias penales y las responsabilidades patrimoniales. Creen que no serán las últimas.