Puigdemont pide al Supremo personarse en la causa penal abierta en su contra en el juicio del procés

• Paula M. Gonzálvez @pmgonzalvez
• Periodista. Formada en Cine, Marketing Editorial y Criminología. Email: paula.mgonzalvez@okdiario.com
• • 18/06/2024 13:39
  • Actualizado: 18/06/2024 13:39

Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que le cite como parte personada en la causa penal abierta en su contra por el caso Tsunami Democràtic por presunto terrorismo en los disturbios que se atribuyen a la plataforma independentista, un procedimiento conocido también como el juicio del procés. El líder de Junts ha trasladado este martes la petición al Alto Tribunal mediante un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO. En él, Gonzalo Boye, el abogado del ex presidente de la Generalitat, indica que se les notificó este lunes de forma oficial «por parte de las autoridades francesas la existencia del presente procedimiento».

El letrado solicita a la juez instructora Susana Polo que se les considere personados en la defensa y representación de Puigdemont, así como el traslado de todo el procedimiento, sobre el que requieren igualmente que incluya las notificaciones de todas las decisiones que se han adoptado desde el principio de la causa.

Ser parte personada permitiría a Puigdemont recurrir las resoluciones judiciales que considere perjudiciales para sus intereses, es decir, tener voz. Sin personarse en el procedimiento penal abierto apenas tendría información sobre el mismo.

La defensa del fugado también aspira a que la magistrada les de un plazo «a los efectos de pronunciarnos sobre la aplicabilidad de la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía a los hechos objeto del presente procedimiento». Es decir, hasta que la norma que perdona una década del proceso independentista catalán haya entrado en vigor.

Delitos que se investigan

Asimismo, el abogado señala que este lunes las autoridades francesas también les notificaron oficialmente «las resoluciones de la sala (con fecha 29 de febrero de 2024) y de la magistrada instructora (con fecha 8 de abril de 2024)», junto a los delitos que se investigan en la causa penal. Éstos son, concretamente, los delitos de detención ilegal o coacciones, delito de lesiones, delito de atentado, delito de falsedad en documentos mercantiles, delitos graves de daños patrimoniales y el delito de terrorismo, todos ellos recogidos en el Código Penal.

El Tribunal Supremo acordó por unanimidad declarar su competencia y abrir la causa penal para investigar y enjuiciar a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg -diputado del Parlament catalán que ya estaba personado- por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democràtic.

El Alto Tribunal aseguró no albergar «duda alguna de que los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic se incardinan en el delito de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito».

Tras analizar la exposición elevada de Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, en los que citaba todos los indicios que acreditan la participación de ambos investigados en los hechos, el Supremo concluyó en el auto que es «necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico». Esta diligencia no puede realizarla el magistrado de la Audiencia Nacional por la condición de aforados de Puigdemont y Wagensberg.

La magistrada instructora designada por el Supremo, Susana Polo, citó a ambos independentistas a declarar entre el 17 y el 21 de junio, de forma voluntaria y vía videoconferencia. Sin embargo, con la entrada en vigor de la amnistía, dio 10 días  de margen a las partes personadas para que informasen de sus posturas y suspendió temporalmente las citaciones.

Por otro lado, este mismo martes el líder de Junts ha pedido al Tribunal de Cuentas que aplique la Ley de Amnistía «sin más dilaciones» y archive el procedimiento abierta contra él. El ex presidente de la Generalitat entiende que el órgano fiscalizador está «perdiendo el tiempo», dada su intención de recurrir la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.