PSOE y Podemos tendrán todo el poder para castigar a los diputados con las nuevas normas del Congreso

PSOE y Podemos ostentarán todo el poder en el Congreso para sancionar a los diputados según el nuevo código de conducta de la Cámara. La Mesa del Congreso dio este miércoles los primeros pasos para que la aplicación de estas nuevas normas empiece a ser efectiva con la creación de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Este órgano se encargará de supervisar la adecuación de los diputados a dichas reglas, que, entre otras, obligan a los parlamentarios a informar a la Cámara de todas las empresas que les pagaron en el pasado e, incluso, de regalos, viajes o beneficios recibidos. La Mesa del Congreso -donde PSOE y Podemos suman mayoría- tendrá la palabra final sobre las sanciones.

Las normas quedaron pendientes del anterior mandato de Ana Pastor y, se han retomado ahora, ya bajo la presidencia de la socialista Meritxell Batet. El código es estricto, aunque aún quedan muchas cuestiones pendientes, como, para empezar, esas mismas sanciones. En este sentido, la Mesa ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Congreso que, según fuentes de la presidencia, se espera recibir la próxima semana y que servirá para perfilar más las condiciones de transparencia y conducta que deberán cumplir los diputados.

De acuerdo al texto inicial, la presidenta Batet podrá por sí misma iniciar un expediente sobre un diputado. También podrá hacerlo a petición de otro parlamentario. El caso será remitido después a la Comisión del Estatuto del Diputado, que será la encargada de «elaborar un informe sobre la posible infracción», tras escuchar al afectado.

Ese informe «deberá resolver si ha existido infracción y, en su caso, recomendar la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara» y será remitido a la Mesa del Congreso que «resolverá lo que proceda en relación con la sanción» recomendada. Es decir, el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado no será vinculante y todo dependerá de lo que determine la Mesa, donde PP y Ciudadanos están en minoría.

El nuevo código desarrolla con mucho más detalle los deberes de los diputados ya recogidos en el Reglamento del Congreso, en el propósito, entre otros, de «reforzar el buen nombre del Parlamento y la relación de confianza entre los ciudadanos y sus representantes».

Las normas inciden especialmente en los conflictos de interés de los parlamentarios, para lo que insta a tomar medidas. En este sentido, el código pretende asegurar la imparcialidad durante la toma de decisiones, por ejemplo, en votaciones en el Pleno, obligando al diputado a informar a Batet de la existencia de un conflicto de interés antes de que se inicie el debate del punto que lo comprometa.

Viajes, regalos…

Además de las declaraciones de actividades y bienes, las nuevas normas exigen al diputado a poner en conocimiento del Congreso «las actividades que haya desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos precisando, en su caso, el nombre del empleador y el sector de actividad».

También detallará «la obtención para sí, antes de iniciar su actividad como diputado, de donaciones u obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza, entre los que se incluyen viajes e invitaciones a actividades deportivas o culturales que, por su valor o por cualquier otra circunstancia, sea de naturaleza relevante a efectos de lo previsto para el conflicto de interés», quedando excluidos «los regalos personales de amigos y familiares».

Además, tendrá que informar de «cualquier otro extremo que el Diputado considere relevante a efectos de un posible conflicto de interés».

Los diputados no podrán recibir obsequios o beneficios similares «que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta» en el Congreso. Asimismo, los recibidos durante los viajes oficiales deberán ser entregados a la Cámara cuando «sean ofrecidos por la representación que se ostenta y no a título personal y superen cierto valor».

El código de conducta obliga también a detallar la biografía, así como los datos académicos de los diputados. También serán públicas las agendas, por lo que los ciudadanos podrán conocer las reuniones mantenidas por sus representantes con asociaciones, grupos de interés y cualquier persona que pretenda «modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración, el desarrollo o la modificación de iniciativas legislativas» para su propio interés.

La Oficina de Conflicto de Intereses servirá para resolver dudas sobre la aplicación del código, comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones y elaborar un informe anual, con recomendaciones para «mejorar la eficacia» del código. Estará formada por el letrado de la Comisión del Estatuto del Diputado, además de una unidad de apoyo «integrada por personal de las Cortes».

Hasta ahora, el Reglamento sólo obligaba a los diputados a asistir a las sesiones plenarias y a las Comisiones, a «adecuar su conducta al Reglamento y respetar el orden, la cortesía y disciplina parlamentaria», a no difundir «actuaciones secretas», a «no hacer uso de su condición para  el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional», a presentar una declaración de bienes y a «observar las normas sobre incompatibilidades».

Hasta ahora, era el Pleno el que tenía la última palabra sobre las sanciones más graves a los diputados, como su suspensión.