PSOE y Podemos quieren que rodear los Parlamentos ya no sea delito para las próximas autonómicas

PSOE y Unidas Podemos quieren que rodear los Parlamentos ya no sea delito para las próximas elecciones autonómicas. En pleno debate sobre el asalto de radicales al Congreso de Brasil, los dos partidos que conforman el Ejecutivo de coalición en España han pisado el acelerador para que esté aprobada cuanto antes la reforma de ley de Seguridad Ciudadana por la que rodear instituciones como las Cortes Generales o las Cámaras autonómicas ya no será delito.

Cabe recordar que ya en enero de 2019, con motivo del cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía gracias a la suma del PP de Juanma Moreno, con Vox y Ciudadanos, tanto el PSOE como Podemos alentaron manifestaciones frente al Parlamento andaluz para boicotear la investidura del presidente regional. Lo hicieron en forma de «protesta feminista» como coartada por el papel decisivo que jugó Vox. También en octubre de 2016, Podemos animó a participar en la concentración que convocó la Coordinadora 25S para rodear el Congreso frente al «Gobierno ilegítimo» de Mariano Rajoy (PP). También fue el día de la investidura.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias, la ponencia de la Comisión de Interior para abordar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido convocada para este jueves en el Congreso de los Diputados. Un hecho que evidencia las prisas del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios por sacar adelante dicha ley, teniendo en cuenta que enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios. Sin embargo, la Comisión ha sido habilitada para tal fin.

La portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, ha denunciado en redes sociales que «para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y hacer una España más insegura a gusto de los delincuentes pueden abrir el Congreso con urgencia», pero «para hablar de los problemas reales, sanitarios, Economía, empleo… no habilitan el mes de enero y cierran el Congreso a cal y canto», ha apostillado.

En concreto, la proposición de reforma de la ley de Seguridad Ciudadana presentada por el PNV plantea la supresión del artículo 36.2, extremo compartido por PSOE y Unidas Podemos en su enmienda 136. El precepto que quieren derogar establece que será «infracción grave» la «perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal».

Sin embargo, en dicha enmienda, que también modifica otros puntos del mismo artículo, PSOE y Podemos no esgrimieron por escrito ninguna razón específica para la supresión del precepto 36.2. Solamente se limitaron a señalar esta motivación genérica: «Adecuación de la tipificación de las conductas que deben ser consideradas como infracciones graves a las necesidades de protección de la seguridad ciudadana».

A puerta cerrada

Las fuentes parlamentarias consultadas han señalado que en anterior sesiones de la Ponencia celebradas a puertas cerrada los socialcomunistas tampoco expusieron de viva voz razón alguna para tal supresión. En los últimos 12 meses, los grupos del Gobierno y sus aliados en el Congreso han mantenido más de una treintena de encuentros discretos para intentar acercar posturas, pero la ponencia, de la que forman parte todos los grupos parlamentarios y se reúne en privado, no volvió a reunirse hasta el pasado 21 de diciembre.

Esa cita sirvió para incorporar al texto algunos acuerdos, si bien todavía persisten desacuerdos sobre temas como la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, lo relativo a las faltas de respeto a los agentes o las denominadas devoluciones en caliente. Todas ellas cuestiones donde PSOE, Podemos y sus socios esperan poder alcanzar un acuerdo lo más pronto posible.

De este modo, la intención es aprobar el dictamen de la reforma este mismo mes de enero. Y lo siguiente sería ya elevarlo al Pleno para su aprobación y remisión al Senado, con el objetivo de que que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el primer trimestre del año, esto eso, en la precampaña de las elecciones locales y autonómicas de mayo.