PSOE y Podemos libran a Belarra de ir al Congreso por los abusos a menores tuteladas en tres regiones
Esta es la denuncia ante la UE que relata la prostitución de menores tutelados en Baleares
Hasta 127 menores tuteladas denuncian abusos estando en residencias bajo control de Puig y Oltra
Madrid presentó 84 denuncias a la Fiscalía alertando de la red que prostituía a menores tuteladas
PSOE y Podemos han rechazado en el Congreso de los Diputados que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, comparezca en la Cámara baja para abordar el drama de los abusos sexuales a menores tuteladas en tres autonomías: Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid. Los dos partidos del Ejecutivo central, que también gobiernan en dos de estas tres regiones, han tumbado una iniciativa de Ciudadanos en este sentido, librando así a Belarra de su responsabilidad como ministra social en afrontar dicho problema, cada vez más acuciante.
La iniciativa de la formación naranja llegó a la Mesa del Congreso el pasado martes pero aquí PSOE y Podemos impusieron su mayoría para rechazarla. Se basaron en que se trata de una cuestión que compete a las comunidades autónomas y no al Gobierno central. En cambio, según informaron fuentes parlamentarias, PP y Vox sí se posicionaron a favor de que compareciera Belarra en la Cámara baja, tal y como demandaba Ciudadanos, que no tiene representación en el órgano de gobierno de la Cámara baja.
¿Para qué está el ministerio de Derechos Sociales que dirige Belarra si no es para tratar de hallar soluciones a esta tragedia? ¿Está la secretaria general de Podemos al frente de un ministerio florero? Tales preguntas se contestan por sí solas. En declaraciones a OKDIARIO, la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Derechos Sociales y la de Igualdad, Sara Giménez, subraya que «no se puede mirar para otro lado» cuando el sistema «está fallando». De este modo, recalca que ante los hechos sucedidos en al menos tres comunidades, pues «puede haber casos en otras más», es necesario un «diagnóstico estatal».
En esta línea, Giménez subraya que «es el momento de encarar este problema desde un ámbito estatal», haciendo ese diagnóstico nacional y dejando luego que sean las comunidades las que ejecuten los planes de actuación. «No es una cuestión de colores políticos, sino de abusos a menores», lamenta. «¿Por qué no hay una fiscalización nacional de la responsabilidad del Estado en este asunto»?, plantea la diputada de Ciudadanos.
Los abusos en la Iglesia, sí
En rueda de prensa este jueves en el Congreso, el portavoz de Cs en la Cámara baja, Edmundo Bal, afirmó que deberían ser objeto de investigación parlamentaria los casos de menores tuteladas por comunidades autónomas que han acabado siendo víctimas de abusos o de redes de prostitución, como los que se han dado en Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.
En este contexto, Bal cuestionó que haya formaciones partidarias de que el Congreso investigue los abusos en la Iglesia -algo que también avalará Cs- mientras se oponen a que la Cámara arroje luz sobre el asunto de las menores tuteladas prostituidas. En la presente legislatura, en concreto en febrero de 2020, PSOE y Podemos ya rechazaron la creación de una comisión de investigación sobre la explotación sexual de las menores tuteladas en Baleares.
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