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El Supremo avala la obligación de que el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano
El PSC ha pactado con los separatistas de ERC y JxCat y los comunes una proposición de ley en Cataluña para burlar las resoluciones judiciales que obligan a impartir al menos el 25% de horas lectivas en castellano. El texto de la iniciativa consensuada, que acaba de ser registrada en el Parlament, sólo reconoce al castellano un «uso curricular» cuando, en realidad, tiene consideración de «lengua vehicular», tal y como ha establecido el Tribunal Supremo recientemente.
«El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable». Así lo subrayó el Alto Tribunal al confirmar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) sobre el decreto 119/15 del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de ordenación de las enseñanzas de la Educación Primaria.
Por su parte, la proposición firmada por los socialistas, los comunes y los separatistas recoge que tanto el catalán como el castellano son lenguas de «uso curricular» y señala que los porcentajes de enseñanza en cada una de ellas se fijará «de acuerdo con criterios pedagógicos».
La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) ha cuestionado el acuerdo en las redes sociales: «El castellano es lengua vehicular, no curricular. Lo dice la Constitución, lo dicen numerosas sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y TSJC. Y lo exige la ejecución forzosa de la sentencia del 25%. No vamos a aceptar menos», ha remachado la plataforma.
Tras una intensa negociación en los últimos días, los cuatro grupos han registrado esta tarde en el Parlament dicha proposición de ley -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
El texto pactado sostiene además que el catalán será la lengua «normalmente usada» en la enseñanza en Cataluña, también en la acogida de nuevos alumnos, mientras que el castellano se utilizará «en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».
«Singularizada»
La proposición de ley no entra a delimitar porcentajes y remarca que «el alcance de la presencia» de cada una de las dos lenguas cooficiales «se tiene que determinar exclusivamente con criterios pedagógicos y de forma singularizada para cada uno de los centros educativos».
En este sentido, el texto indica que se definirá cuántas asignaturas se imparten en cada lengua atendiendo a «la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno, los objetivos de normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas». La proposición consta de tres disposiciones adicionales, una de ellas sobre el «uso curricular» del aranés en la zona del Valle de Arán.
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