El PSOE condenado: 6 años de cárcel a Griñán y 9 de inhabilitación a Chaves por los ERE

Dos ex presidentes del PSOE culpables del desvío de fondos públicos destinados a los parados andaluces. José Antonio Griñán condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada. Manuel Chaves condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Casi un año después de que finalizase el juicio del caso ERE, la Audiencia Provincial de Sevilla ha cerrado la primera de las piezas de la trama corrupta de la Junta de Andalucía. El tribunal competente ha notificado a las partes, este martes, el fallo sobre la parte política del fraude orquestado desde el ente autonómico y los mecanismos diseñados para ponerlo en práctica.

Los socialistas establecieron un sistema irregular «cuyo punto de partida fue la modificación presupuestaria aprobada el 18 abril de 2000», que tuvo por objeto reducir la partida presupuestaria inicial «que era la adecuada para la concesión de subvenciones», para «dotar de fondos a otra que no existía en el presupuesto inicial aprobado, y que no era legalmente apropiada para su otorgamiento», en concreto, la partida 440.01, sostiene el tribunal en la sentencia.

Los socialistas desviaron, con cargo a dicho método, más de 680 millones de euros de fondos sin control de la partida presupuestaria 31L -popularmente conocida como ‘fondo de reptiles’- cuyo objetivo era conceder ayudas laborales a trabajadores de empresas que, durante la crisis, se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo.

Los magistrados del tribunal han analizado en los más de 1.700 folios de su decisión todas las pruebas aportadas sobre los miembros del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, entre los años 2000 y 2009, para determinar que incurrieron en una malversación de dinero público de manual y en una prevaricación administrativa sostenida en el tiempo, para adjudicar las mismas.

La solicitud de las ayudas partía de la Dirección General de Trabajo -ente encargado de abrir los expedientes administrativos- que daba la orden de pago al Instituto Andaluz de Fomento (IFA) -posteriormente Agencia Idea-. Los políticos socialistas de la Junta de Andalucía han sido condenados porque conocían el método y sus irregularidades pero ni impidieron su uso, ni hicieron nada por evitarlo pese a ser conscientes de que estaba al margen de la ley.

«El Convenio Marco fue el instrumento jurídico que, junto con el expediente de gasto de transferencias de financiación, posibilitó a la Consejería de Empleo eludir los procedimientos legalmente establecidos para la concesión de subvenciones, así como su fiscalización por la Intervención Delegada en dicha Consejería», afirman los magistrados en la sentencia de los ERE.

Todo ello «propició que las subvenciones sociolaborales fueran concedidas por la Consejería de Empleo al margen del presupuesto, imposibilitando así su fiscalización previa, lo que favoreció un descontrol absoluto» de los fondos públicos desviados por la cúpula socialista de la Junta de Andalucía.

Más de 20 socialistas

Los pagos irregulares que han sentado en el banquillo a los dos ex presidentes del Gobierno andaluz y del partido socialista, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se efectuaron -según la tesis del fiscal- saltándose los cauces legales y los procedimientos previstos para la concesión de ayudas a los parados y lo hicieron a costa de malversar el erario público. En el caso de Chaves coincidiendo con su etapa como presidente nacional del PSOE.

Otra veintena de socialistas –entre diputados y ex altos cargos- incluida la ministra de Fomento durante la primera legislatura de Zapatero, Magdalena Álvarez, estuvieron involucrados en la trama originaria de un fraude que, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, era de sobra conocido por Griñán. El socialista estaba al tanto de los pagos y de cómo se estaban adjudicando de manera oscura y, lo que es más grave, no actuó para poner fin al desmán.

La juez Alaya

La decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla cierra así el primer capítulo de una macrocausa judicial que arrancó de la mano de la juez Mercedes Alaya y en el que el Supremo tendrá la última palabra ya que los condenados recurrirán la sentencia, previsiblemente, ante el Alto Tribunal.

Alaya tramitó las imputaciones penales de ambos ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el caso de los ERE. Al primero lo investigó por dos delitos de prevaricación y malversación, a Chaves sólo por prevaricación al entender que las ilegalidades detectadas -en la asignación de ayudas a parados andaluces- habrían arrancado durante su etapa como presidente de la Junta autonómica pero su desarrollo y perfeccionamiento fue posterior.