España
Congreso de los Diputados

El PSOE acepta debatir en el Congreso una iniciativa de ERC para acusar a los jueces de «guerra judicial»

El letrado mayor y ex alto cargo del Gobierno, Fernando Galindo, no informó en contra de la calificación

El PP denuncia que la PNL incluye la "hoja de ruta" de Sánchez: atacar a "todos los contrapoderes del Estado"

La Mesa del Congreso de los Diputados dio este martes su visto bueno, gracias a PSOE y Sumar (el PP se opuso), a calificar una proposición no de ley de ERC que pretende «reconocer la existencia de casos de guerra judicial en España». Después de permitir que políticos separatistas señalen a jueces desde la tribuna de oradores, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y sus colaboradores en la Mesa han ido un paso más allá. Esta vez han permitido la tramitación de un texto que pone en cuestión la tarea de los jueces, el Poder Judicial y el funcionamiento del Estado de Derecho en este país.

Según fuentes parlamentarias, PSOE y Sumar siguieron la recomendación de la nota del servicio jurídico de calificar su tramitación, pues el letrado mayor, Fernando Galindo, ex alto cargo del Gobierno de Sánchez y ex vocal de distrito del Partido Socialista en Madrid, no informó en contra. Ello, a diferencia de lo ocurrido con otras iniciativas, donde el servicio de letrados ha alegado cuestiones técnicas y de carácter jurídico para no proponer la admisión a trámite de otras iniciativas. Sin embargo, para debatir esta afrenta a los jueces, el secretario general del Congreso nombrado por Armengol ha sido cómplice.

Solamente, la Mesa instó a ERC a una «reformulación del punto 4 (de la PNL), teniendo en cuenta que no cabe instar al Gobierno a realizar actuaciones que exceden de su competencia».

En concreto, el texto registrado por ERC, que sus socios de PSOE y Sumar han aceptado debatir, plantea que el Congreso de los Diputados «reconozca la existencia de casos en el Estado español de guerra judicial contra el independentismo catalán y vasco y contra partidos de izquierdas españoles».

Además, en el punto 4, el único en que la Mesa pidió una reformulación, ERC quiere que la Cámara Baja inste al Gobierno a crear una «Comisión independiente sobre los casos de guerra judicial en el Estado español». Un órgano, prosigue la PNL, que estaría conformado por «miembros elegidos por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados» y que realizaría un «memorando de causas de guerra judicial desde la aprobación de la Constitución española, así como proponer medidas para acabar con estas prácticas y de resarcimiento de las víctimas».

Medios de comunicación

Junto a estas medidas sobre los jueces, ERC busca que el Congreso ponga también el foco «en los medios de comunicación de ámbito estatal». Otro ámbito que Sánchez ha colocado en su diana. Así, el grupo de Gabriel Rufián quiere que la Cámara Baja reclame al Gobierno la creación de un «Consejo Profesional de Buenas Prácticas que, entre otras funciones, vele por evitar la desinformación, haga prevención contra las noticias falsas, y sirva para acreditar a los medios responsables ante los eventuales abusos y desfiguraciones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, al libelo y la difamación».

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del grupo del PP, Miguel Tellado, denunció este martes que la «hoja de ruta» de Sánchez pasa ahora por un «ataque a todos los contrapoderes del Estado de Derecho frente al Gobierno». «Una hoja de ruta que se concreta en una PNL que ERC quiere llevar al próximo Pleno», advirtió Tellado.

El portavoz parlamentario del PP criticó que el texto de ERC también habla de «investigar desde el Congreso determinadas sentencias judiciales». De esta forma, Tellado explicó que esta cuestión hace referencia a las «comisiones de revisión de sentencias que el PSOE incluyó en su acuerdo con investidura con Junts, y de las que luego se desdijo ante la crítica unánime de asociaciones del sector judicial por atacar la separación poderes, pero que ahora revive porque se ha dado alas a este discurso desde la propia Presidencia del Gobierno», remarcó, en alusión a Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo dijo en su discurso de la semana pasada tras la farsa del amago de dimisión que su objetivo consiste en acometer lo que él llama la «regeneración pendiente de nuestra democracia».

Ante esta deriva, el PP anunció la presentación de una PNL dirigida a defender el respeto al Estado de Derecho, así como la «independencia del Poder Judicial y de las instituciones», y a garantizar las libertades públicas, entre ellas la libertad de información.