PSE, PNV, Podemos y Bildu hacen pinza contra Rajoy para forzar las excarcelaciones de presos de ETA
PSOE y Podemos piden junto a los proetarras de Bildu “seguridad jurídica” para los presos de ETA arrepentidos
El 73% de los presos de ETA vota acogerse a beneficios penitenciarios
El PSE-EE ya no esconde su sintonía con nacionalistas, podemitas y proetarras para forzar al Gobierno a que lleve a cabo excarcelaciones de presos de la banda terrorista ETA. Con el terreno de juego marcado en la ponencia de Memoria y Convivencia que se está elaborando en el parlamento Vasco (en la que no participa el PP), los socialistas están dispuestos a lanzar su contraataque: un acuerdo conjunto con PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos para que el Gobierno de Mariano Rajoy se vea obligado a ceder y flexibilice su política carcelaria con los presos de ETA.
Con este objetivo, la diputada y miembro de la dirección del PSE-EE, Rafaela Romero, se ha reunido en Bilbao con representantes de las tres formaciones políticas. En el encuentro, una mesa redonda organizada hace unos días por el Foro Social Permanente en el Colegio de Abogados de Bilbao bajo el título de ‘Una nueva política penitenciaria para un nuevo tiempo, quedó muy clara una hoja de ruta que apunta a ir vaciando las cárceles de etarras. Y con el PSE como el mascarón de proa del lado ‘no soberanista’.
Una hoja de ruta sin el PP
La reunión, presidida por una llamativa cordialidad, comenzó con
la representante socialista destacando sonriente que «la realidad de ahora es muy diferente a la de hace año y medio, cuando acabó una legislatura baldía para la convivencia, una legislatura fracasada».
El portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, afirmó que ha llegado la hora de que «los elementos de hecho empiecen a desencadenar efectos de derecho», pero fue la socialista quien abogó por «clarificar un itinerario». Y es ahí donde PSE y Podemos piden al Gobierno que les dé una «seguridad jurídica». Para la representante del PSE, «es una grave irresponsabilidad que después de años y años pidiéndoles acciones individuales y progresivas, cuando lo hacen se les diga que no».
Hay que recordar que el pasado junio, tres meses después de que la banda terrorista anunciara su ‘desarme unilateral e incondicional’, el PSE suscribió junto a PNV, EH Bildu y Podemos una iniciativa parlamentaria para pedir la excarcelación de presos etarras enfermos. También el pasado año, todos los partidos del arco parlamentario vasco (menos el PP) pidieron que se sacara de la cárcel a la etarra Sara Majarenas para cuidar de su hija, acuchillada por su padre. Así lo concedió la Audiencia Nacional. Pero lo que socialistas, nacionalistas y proetarras han dispuesto para 2018 es que esas excarcelaciones dejen de ser una medida excepcional.
Hacer las excarcelaciones «ordinarias»
La negativa hasta ahora a concederles el paso de primer a segundo grado, requisito indispensable para acceder a permisos o libertades condicionales, se confirma como el gran escollo inicial. Y por eso se defendió en la reunión de Bilbao «una transición de una legislación excepcional a una ordinaria» para los reclusos de la banda y su «reintegración social». En 2012, la primera legislatura de Rajoy comenzó con 607 reclusos de ETA. Seis años después apenas quedan algo más de 270.
La diputada del PSE no ahorró críticas contra el PP y el Gobierno, tachando de «grave irresponsabilidad» que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se implique en «el final ordenado» de ETA y que rechace la posibilidad de cambio de grado de los presos, cuando éstos han decidido emprender un camino que se les ha reclamado durante «años y años».
Romero habló asimismo de las víctimas de la banda asesina, y lo hizo negando que quieran venganza. Subrayó que, en general, «lo que desean es saber por qué los mataron». La representante del PNV, Amaya Arregi se pronunció también sobre las víctimas: «Sus derechos no justifican que puedan participar en la ejecución de las penas», señaló.
En ese sentido, la parlamentaria socialista quiso mandar mensaje al gobierno «El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo que no tendrán ‘ni más ni menos derechos’ que los comunes. Pues yo le cojo la palabra», advirtió Romero. Una palabra que, de la mano de la coalición soberanista, se prepara para aislar al PP en clave de política penitenciaria.
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