Tercera agresión en dos meses a una funcionaria en la prisión de Alcalá Meco

La noche de este domingo se produjo la tercera agresión a una funcionaria de prisiones en dos meses en la prisión de Alcalá-Meco. Los hechos se produjeron sobre las 21,30 en el departamento de Enfermería de este centro penitenciario cuando una interna era curada de una lesión autolítica. Cuando se le ordenó que regresara a su módulo de residencia se negó y comenzó a comportarse de manera violenta. Cuando la funcionaria intentó calmarla recibió un fuerte golpe en la boca produciéndole una lesión maxilofacial. Es la tercera agresión que sufre una funcionaria en menos de dos meses en esta prisión tras la del 7 de noviembre y la del 12 de octubre de este mismo año.

Los funcionarios creen que la interna se había autolesionado para salir de su módulo y quedarse en la Enfermería porque tras terminar la cura y en presencia del médico y el enfermero, se negó a regresar a su módulo con violencia y gritando “como no me saquéis de ese módulo mañana voy a la cabina y arranco la cabeza a una funcionaria”, “me da igual todo, le arranco la cabeza”. Se creé que la interna se autolesionó con la idea de no volver al módulo por un asunto de deudas con otras internas. La agresora se encuentra en condición de tránsito en esta prisión y está cumpliendo una medida de seguridad por lo cual no se la puede aplicar los mismos protocolos que al resto de internas con penas de privación de libertad.

La agresión se produjo cuando los funcionarios intentaron calmarla ella siguió gritando, dando golpes y puñetazos con violencia, y dirigiéndose a la funcionaria agredida le dijo «espera que no te la arranque a ti ahora». La funcionaria en el forcejeo para que se calmara recibió un fuerte golpe en la boca produciendo una lesión maxilofacial. 

Cuando un juzgado aplica una medida de seguridad es porque cree que la persona es inimputable debido a algún eximente, muchos de estos casos es debido a alguna patología psiquiátrica. Como señala el sindicato de prisiones «Tu Abandono Me Puede Matar» (TAMPM), «el problema de la institución penitenciaria es que solo hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, en Sevilla y Fontcalent y en la práctica se materializa que estas personas que necesitan un tratamiento específico estén repartidas en su mayoría en todas las prisiones ordinarias españolas que en el caso de Alcalá-Meco como de otras, no tienen ni las instalaciones adecuadas ni el personal especializado para ello. Aparte de los episodios de violencia descontrolada que se pueden producir, poniendo en peligro al resto de las personas residentes y trabajadores».

El aumento de las agresiones en esta prisión de Alcalá Meco coincide entre otros motivos con el momento en el que fue designado como centro de tránsito, algunas de estas presas dilatan su estancia en esta prisión varias semanas, incluso meses, a la espera que pase una conducción que las traslade a su centro de destino.

Generalmente cuando un interno/a está con la condición de tránsito en una prisión durante unos días está alojado en un departamento separado del resto de la población reclusa de esa prisión. En el caso de Alcalá-Meco Mujeres, al carecer de instalaciones específicas para ello, y que la estancia se alarga tanto en el tiempo, las presas pasan a hacer vida durante esta espera a los módulos ordinarios de la prisión, incrementándose la conflictividad y la agresividad en el centro.

Desde TAMPM avisan de que «la frecuencia de estas conducciones a mujeres internas es mucho menor que en el caso de las conducciones de los hombres, por eso la estancia de espera es tan dilatada en esta prisión que no tiene infraestructura adecuada para ello. A esto se le une un alto porcentaje de internas con patologías psiquiátricas además de las carencias de personal, formación y medios que llevamos años reclamando».

Los funcionarios de prisiones denuncian también «el estado de indefensión ante situaciones violentas y la sangría de agresiones que lamentablemente sufrimos diariamente por internos/as peligrosos, ni siquiera todavía se ha aprobado nuestra condición de agentes de la autoridad».

Según datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del ministerio del Interior en los nueve primeros meses del año 2022, hasta el 30 de septiembre, se computan un total de 310 agresiones a empleados públicos penitenciarios por parte de la población reclusa. Ello supone una ratio de más de una agresión diaria en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior en ese periodo. Así pues, hasta final del mes de septiembre del año 2022, este año se ha convertido en el más violento de los últimos 8 años.

La proposición de ley que dotaría a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de autoridad fue presentada el 24 de julio de 2020, hace más de dos años. Y calificada el 2 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces hasta el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se votó la toma en consideración en la cámara baja, ha habido muchas agresiones hacia los funcionarios de prisiones.

Para TAMPM «este año y medio de tener “guardada en el cajón” la proposición de ley da una idea de lo prioritario que son para este gobierno los funcionarios de instituciones penitenciarias . Pero no queda ahí la cosa. Como muestra del desinterés por modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, para dotar de la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, hay que señalar las 21 ampliaciones o prórrogas, solicitadas por el PSOE, que ha sufrido el trámite de enmiendas al articulado de la proposición de ley en el Congreso y que la mantiene “sine die” esperando a poder continuar con la tramitación».