La presidenta del Supremo avisa que los ataques del Gobierno a los jueces son una «presión» de «extraordinaria gravedad»

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha advertido este jueves de que las acusaciones que atribuyen a los jueces motivaciones políticas al dictar sus resoluciones constituyen «una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva».

La magistrada ha lanzado este aviso durante el acto solemne de apertura del año judicial 2026-2027, celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y presidido por el Rey Felipe VI.

Perelló ha dedicado buena parte de su discurso a denunciar lo que en los últimos tiempos se conoce como «lawfare», término con el que se acusa a determinados jueces de perseguir judicialmente a sus adversarios políticos.

La presidenta ha calificado estas acusaciones de «imputación de extraordinaria gravedad» y ha subrayado que «desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados».

La presidenta ha citado textualmente al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, quien ha advertido recientemente de que este tipo de ataques «socavan el Estado de Derecho». Según ha recordado Perelló, Guyomar ha señalado que «cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio».

La presidenta del Poder Judicial ha ido más allá al advertir de que la gravedad es «mayor» cuando las descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales.

Ha citado también los sucesivos informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, que han recordado que los poderes ejecutivo y legislativo «deben evitar las críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la Justicia».

«No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción», ha afirmado Perelló, quien ha reclamado «lealtad institucional» a los demás poderes del Estado.

La presidenta ha defendido, no obstante, que las resoluciones judiciales «pueden ser criticadas» y que «la crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser».

Lo que ha rechazado es que la discrepancia jurídica se transforme en la atribución de propósitos ideológicos a los jueces, algo que en el ámbito penal podría rozar figuras como la prevaricación, el delito que comete quien juzga a sabiendas de estar dictando una resolución injusta.

Balance del Consejo

Además del capítulo sobre independencia judicial, Perelló ha repasado la gestión del CGPJ desde su renovación hace dos años. El Consejo ha efectuado 37 nombramientos más durante este último ejercicio, hasta completar un total de 198, mientras se ha mantenido el 40 % de mujeres nombradas para cargos discrecionales.

La presidenta ha destacado que las mujeres ya son mayoría en la Carrera Judicial, con casi el 60 % del total, «una de las cifras más altas de Europa». Sin embargo, ha admitido que «esta mayoría no se reproduce aun en todas las categorías y cargos».

De hecho es la primera vez en la historia que el acto de apertura del año judicial tiene al frente a una mujer como fiscal general del Estado y a una mujer al frente del Poder Judicial.

Los datos del Consejo reflejan que en 2025 los juzgados y tribunales han resuelto más de siete millones de asuntos, un 2 % más que el año anterior. Pese a ello, los asuntos ingresados han seguido superando a los resueltos, lo que ha elevado la pendencia hasta cerca de 4,7 millones de asuntos, un 3,4 % más que en el ejercicio precedente.

Déficit de jueces

Perelló ha alertado especialmente de la situación de la Sala Primera del Supremo, que ha recibido más de 13.000 asuntos durante 2025 y que ha terminado el año con cerca de 28.000 recursos pendientes, el 60 % de ellos vinculados a litigación masiva en materia bancaria. La presidenta ha lamentado también que, once años después de que una ley orgánica de 2015 obligara al Gobierno a remitir a las Cortes el Estatuto de los letrados del Gabinete Técnico, «el Estatuto no ha sido aprobado», un incumplimiento que ha calificado de «inadmisible».

La magistrada ha citado igualmente el Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, que constata que la tasa de jueces en España está por debajo de la media europea. El Consejo ha estimado necesario convocar 367 plazas de acceso a la Carrera Judicial cada año durante la próxima década.

El acto ha tenido este año un significado especial, al cumplirse 50 años de la sesión celebrada en el mismo Salón de Plenos el 15 de septiembre de 1976, con la que se retomó la vinculación de la Corona con la apertura del año judicial.

Perelló ha cerrado su intervención con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, los incendios forestales del verano y la crisis migratoria de Ceuta, además de agradecer al Rey «vuestra presencia y vuestro constante apoyo a la Justicia».

Queda por ver si su advertencia sobre el «lawfare» tendrá algún eco en la respuesta del Ejecutivo, o si, como ocurre cada mes de septiembre, el discurso se archivará hasta la próxima apertura del año judicial.