Las preguntas que no ha respondido García Ortiz: ¿usaba Signal o Telegram?, ¿dónde guarda sus móviles?

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha evitado responder preguntas clave de las acusaciones populares y particulares en el Tribunal Supremo. Entre los interrogantes que permanecieron sin respuesta destacan si utilizaba aplicaciones de mensajería alternativas de seguridad reforzada como Signal o Telegram y el lugar donde conserva sus múltiples dispositivos informáticos –móviles, ordenadores y tabletas–.

Las acusaciones también pretendían aclarar si García Ortiz usaba aplicaciones cifradas de mensajería de máxima confidencialidad, como Signal o Telegram, y determinar el paradero de todos y cada uno de sus teléfonos y dispositivos. Ha llamado la atención que García Ortiz ha usado durante las sesiones una tablet, que no ha aclarado si es la que se intervino por la UCO u otra que tenía desde antes.

Como ha destacado las acusaciones, la UCO sólo registró su despacho profesional en la Fiscalía General del Estado y no hizo lo mismo con los dispositivos que tenía en casa, donde estaba cuando se realizó la filtración que se investiga. García Ortiz podía haber aclarado qué más dispositivos tiene en su poder pero lo ha evitado. Tampoco ha aclarado si usa habitualmente aparatos de su pareja, también fiscal. Por ejemplo, su jefa de prensa ha declarado que usó el ordenador de su marido ya que estaba esa noche en casa y la elaboración de la nota de prensa no podía esperar.

Estas preguntas no obtuvieron respuesta durante la declaración. El asunto genera especial interés por la presunta eliminación de mensajes, que la acusación considera relevante para esclarecer si hubo intención de ocultar información.

En su declaración preparada desde casa con su abogado García Ortiz tampoco ha hablado de una cuenta secundaria  de Gmail–o más bien terciaria– que tendría en sus dispositivos. La UCO encontró que tenía más sesiones abiertas sobre las que no se ha profundizado. Si quieres hacer una filtración subrepticia es lógico usar una cuenta de Google anónima que no tiene tu nombre como usuario. Además, ¿por qué usaba una cuenta de Google más fácilmente hackeable si era consciente de la importancia de la seguridad de los datos?

Otro elemento que ha pasado desapercibido es por qué García Ortiz no investiga desde el primer momento la filtración. Si tal como dice, él es ajeno a la filtración, ¿por qué no se pone manos a la obra desde el primer día viendo el enfado monumental que ha generado la publicación del mail en el Colegio de la Abogacía?, ¿y por qué la Fiscalía no ha pedido personarse en el juicio como perjudicada de la filtración si, según dicen, no la promovió el fiscal general?

La fiscal jefa de Inspección ha desvelado que sí abrió dos expedientes –uno a petición de Manos Limpias y otro por el ICAM– pero esgrime que no tuvieron tiempo porque a los pocos días se presentó la querella de los abogados madrileños. En todo caso, como han esgrimido las acusaciones, en otras instancias como la Guardia Civil se encarga en estos casos una auditoría que en 20 minutos confirma quién ha tenido acceso a determinados documentos.

Tampoco se ha hablado sobre peticiones de ayuda a unidades de ciberdelincuencia para arrojar luz o el establecimiento de nuevos protocolos en la Fiscalía para evitar estos sucesos.

Del mismo modo, García Ortiz ha evitado dar más pruebas que le podrían haber exculpado desde el minuto uno. Su jefa de comunicación podría haber aportado todos los whatsapps –o chats de otras apps de mensajería– de esa noche con su superior para librar de inmediato a García Ortiz de la cárcel. No lo ha hecho. Tampoco García Ortiz ha pedido que los periodistas enseñen el pantallazo de su chat con él –con sus varios números asociados– y con la jefa de prensa. Los informadores no lo han hecho a pesar de, incluso, coger el móvil en las vistas del Supremo. Sin embargo, alguno ha tirado la piedra y escondido la mano para acusar sin pruebas de la filtración a un hombre de la Fiscalía Superior de Madrid o de una persona que tiene un despacho en «una tercera planta» –casualmente la Fiscalía Superior está en un edificio junto al Supremo en un tercer piso.

Por otra parte, García Ortiz tampoco ha dicho qué explicación le da a que Pilar Sánchez Acera, alto cargo de Presidencia del Gobierno, en Moncloa, tuviera un pantallazo del mail antes de que se publicara en prensa. Ella dice que no se acuerda qué periodista se lo pasó y no ha querido hacer preguntas a sus contactos para recordarlo a pesar de que en el Supremo tiene obligación de decir verdad al acudir como testigo.

El juicio de García Ortiz deja así varias cuestiones clave sin responder. Muchas pruebas de descargo que no han visto la luz. La falta de respuestas alimenta la incertidumbre sobre el caso. Tras seis días de juicio –cerca de 50 horas en total– la Sala Segunda recupera su tradicional silencio y los jueces tendrán que deliberar semana a semana hasta ponerse de acuerdo. Primero tendrán que dirimir las cuestiones previas ya que la defensa de García Ortiz pide anular el juicio en origen porque se le incautó todo el contenido de su móvil y, aunque sea imposible, querían que sólo se rescatara lo de los días claves como marcó el juez instructor. Luego, ver si entre ellos están de acuerdo o si hay margen para acordar una visión conjunta.

Así, en las próximas semanas o meses –como sucedió en el procés– veremos, cuando se notifique a todas las partes, si hay una sentencia por unanimidad o, como pasó con la sala de apelaciones, hay votos particulares. También será clave ver si la redacción del fallo la realiza la actual ponente, la magistrada Susana Polo, o pasa a otro magistrado que esté en la hipotético ala mayoritaria.