La precariedad en Podemos: administrativa por 380 € al mes, ‘peón’ por 175

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 22/02/2018 15:30
  • Actualizado: 23/02/2018 02:53

Podemos, que trata de ser abanderado de los derechos laborales y salarios dignos, no se aplica sus reivindicaciones de puertas para dentro.

El Portal de Transparencia del partido de Pablo Iglesias revela algunos sueldos que dejan en evidencia este mensaje político: por ejemplo, un puesto de «administración, gestión de redes y documentación legislativa», por 380.27 euros brutos mensuales- o de «redes», por 172,85. Ambos, en el grupo parlamentario de Andalucía, según los datos de contratación ofrecidos por dicho Portal.

Los dos son puestos a media jornada, pero, pese a ello, las tareas son relevantes. Así, en el caso de administración, las funciones comprenden la «coordinación de las diversas comisiones de trabajo de la secretaría», la «organización territorial» y «la atención directa a responsables de Igualdad municipales, círculos feministas sectoriales y portavocías de igualdad en círculos territoriales».

Por su parte, el encargado de redes se ocupa de la «producción de contenidos y administración de las redes sociales de la Coordinadora General de Podemos Andalucía».

Otro ejemplo es el del grupo parlamentario de Navarra, que tiene contratada a una mujer con funciones de ‘peón’. Esto es, se aclara, la «limpieza de la sede». El sueldo, en este caso, es de 175 euros, por jornada parcial.  Precisamente, Podemos se ha reivindicado como defensor de las condiciones laborales de este colectivo.

En Valencia, el responsable de redes cobra apenas 816,83 euros brutos mensuales. Es el encargado de la «gestión de la actividad parlamentaria en redes sociales».

Los sueldos más bajos, para las mujeres

En muchos casos, y aunque se trate de medias jornadas, los sueldos apenas llegan a mileuristas, lo que contribuye a la precariedad de los trabajadores.  Así, se observan otros ejemplos, como una técnico en igualdad del Consejo Ciudadano Estatal, con 997,66 euros mensuales, sobre los que practicar las correspondientes retenciones. O una asistente «ejecutivo» de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva que, con jornada completa, cobra 744,41 euros brutos mensuales. Otro puesto, denominado «apoyo», está remunerado con apenas 803,77 euros brutos, también en jornada completa. Es el encargado de prestar «apoyo en las tareas de gestión, publicación y creación de acciones en redes sociales». En los tres casos son mujeres.

La formación de Pablo Iglesias ‘tira’ en muchos casos de contratos a tiempo parcial y, por tanto, con una remuneración inferior que no suele llegar a los 1.000 euros netos mensuales.

Según los datos de contratación que ofrece el Portal de Transparencia de Podemos,  71 trabajadores de sus 240 empleados están contratados con esta modalidad. 62 personas trabajan a media jornada, 6 al 60% de su tiempo y otras cuatro a menos del 35%. Uno de los ejemplos más claros es Galicia, donde, de diez nóminas, ocho son por media jornada y apenas 1.032,07 euros brutos mensuales.

Se da la circunstancia, también aquí, de que de esos ocho contratados a media jornada, siete son mujeres.

Precisamente, el Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley de esta formación para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. El texto, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria, ha contado con 210 votos a favor y el  apoyo de todos los grupos menos el PP que se ha abstenido al considerar que el texto es «demagógico».

Como informó OKDIARIO, la ley encuentra notables dificultades para su aplicación ya que, pese a que obligará a las empresas a informar por ley de las nóminas de sus trabajadores, a fin de comprobar si existe o no diferencia salarial entre hombres y mujeres, esta obligación se limita a las de más de diez trabajadores. En el resto, «no existe la obligación de referencia expresa en las nóminas de la información retributiva promediada y desglosada (porque carecen de comité de empresa o delegación de personal)». Esto, en la práctica, supone dejar fuera al 86 por ciento de las empresas españolas.