El PP plantea que el control de las pulseras antimaltrato pase a Interior tras el desastre de Igualdad

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 27/09/2025 05:50
  • Actualizado: 27/09/2025 05:50

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha desplegado toda una batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno por el escándalo de las pulseras antimaltrato defectuosas revelado por OKDIARIO.

Una de esas iniciativas plantea, según el texto registrado al que ha accedido este periódico, que el control de las pulseras antimaltrato que depende actualmente del Ministerio de Igualdad, a través del sistema Cometa, pase a ser competencia del Ministerio del Interior.

En concreto, el Grupo del PP que encabeza la portavoz Ester Muñoz ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a pronunciarse sobre «la posibilidad, tal y como se pide desde uno de los Tribunales Superiores de Justicia de comunidades autónomas, de que el sistema pase a control del Ministerio del Interior, ante los continuados errores e incidencias que se identifican en la gestión del Ministerio de Igualdad», subrayan los populares.

Cabe recodar que fue también la cartera de Igualdad bajo mandato de Pedro Sánchez, entonces en manos de Podemos (ahora, del PSOE), la responsable de la polémica redacción de la ley del Sólo sí es sí que ha provocado -y sigue provocando- más de mil rebajas de penas y excarcelaciones de violadores, agresores sexuales y pederastas.

Precisamente, OKDIARIO destapó que el Ministerio de Igualdad, que dirigió la hoy eurodiputada de Podemos Irene Montero, promovió el uso de las pulseras fallidas contratadas por su departamento para las víctimas de violadores y agresores sexuales beneficiados por su ley del Sólo sí es sí con rebajas de penas y excarcelaciones.

Los condenados que salían de prisión pasaban a «libertad vigilada» y debían estar localizables con estos deficientes dispositivos. Estas mujeres fueron expuestas, por tanto, por parte del Gobierno a una doble victimización.

De hecho, incluir a las víctimas de violencia sexual fue uno de los principales cambios que introdujo el Ministerio de Igualdad de Montero en el sistema de control Cometa, donde la dirigente de Podemos y su equipo acometieron un controvertido cambio de proveedor de las pulseras, pasando a utilizar unos dispositivos más baratos que han dado fallos con frecuencia.

Asimismo, dentro de esta ofensiva del Grupo Popular, el partido de Alberto Núñez Feijóo reclama saber el número de sobreseimientos y absoluciones de agresores que se ocasionaron a raíz de esta «anomalía», en palabras de la Fiscalía. El Ministerio Público señala en su última memoria anual que hubo «gran cantidad» de sobreseimientos y absoluciones que perjudicaron a las víctimas de maltrato.

Sin embargo, dos semanas después de que OKDIARIO destapara este escándalo, el Gobierno de Sánchez sigue sin dar los datos exactos. No lo han hecho en estas semanas ni la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ni sus subordinadas en esta cartera, como la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, que compareció el jueves en el Congreso.

«¿Se conoce cuántos fallos o decisiones judiciales se han visto afectados por la carencia de información procedente del sistema Cometa?», es otra de las preguntas escritas formuladas por el Grupo Popular al Ejecutivo socialcomunista.

Junto a esta batería de preguntas, más de 40, y de petición de informes, el PP también ha registrado la solicitud de comparecencia de la ministra de Igualdad, de su secretaria de Estado, María Guijarro, y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Una «auditoría independiente»

Además, el PP ha presentado dos proposiciones no de ley (PNL) frente al desastre de las pulseras antimaltrato. En una de ellas, para su debate en la Comisión de Igualdad, los populares quieren que el Congreso inste al Gobierno a «la contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema Cometa, incluyendo tanto la fase de adjudicación como la de implantación y el periodo actual de servicio».

Y en la otra PNL, el partido de Feijóo busca que la Cámara Baja encomiende al Gobierno, entre otras cuestiones, «evaluar el impacto de la pérdida de datos en los procedimientos judiciales afectados, incluyendo número de casos, resoluciones judiciales comprometidas y víctimas potencialmente desprotegidas». Este texto será analizado en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género.