El PP exige a Colau que investigue las irregularidades en el Consell Comarcal del Barcelonès

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha propuesto este jueves crear una comisión de investigación municipal sobre las presuntas irregularidades en el Consell Comarcal del Barcelonès que investiga la Fiscalía que puedan afectar a la ciudad y al consistorio.

En rueda de prensa, ha pedido a la alcaldesa, Ada Colau, que «lidere la disolución del consejo comarcal», que este miércoles acordó por unanimidad en su pleno instar a la Generalitat y al Parlament a iniciar el proceso para suprimir la entidad y traspasar sus competencias y funciones.

Fernández ha criticado que Colau no se haya pronunciado sobre estas presuntas irregularidades, detectadas por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat en el periodo entre 2005 y 2011, y ha sostenido: «Está tapando las vergüenzas del consejo comarcal porque entonces gobernaban ahí y en Barcelona partidos que respaldan a su Gobierno municipal», ha dicho en referencia a ICV y PSC.

«No es que no haya dicho ni pío, es que no ha hecho ni un tuit, no vaya a ser que si levanta alfombras se encuentre con irregularidades de los que gobiernan con ella», ha aseverado el dirigente popular, que ha recordado que el PP ya alertó de estas presuntas irregularidades y lleva años exigiendo la disolución del consejo comarcal.

Se ha preguntado si, en el caso de que no hubieran existido estas irregularidades, los grupos que ahora también piden la disolución «seguirían manteniendo la vigencia de este chiringuito administrativo y opaco llamado Consell Comarcal del Barcelonès», al que el Ayuntamiento adjudicó sin concurso aparcamientos y viviendas públicas, según él.

La Sindicatura ve actos «perseguibles»

A finales del pasado enero, la Sindicatura de Cuentas de Catalunya detectó irregularidades en diversas actuaciones de entidades incluidas en el Grup Consell Comarcal del Barcelonès, y alertó de hechos que podrían suponer actos «perseguibles administrativa y judicialmente» en actividades de Marina Badalona (MBSA) y de Fundació Pisos de Lloguer.

El grupo también incluía al propio Consell Comarcal del Barcelonès, la Sociedad Urbanística Metropolitana de Rehabilitación y Gestión (Regesa) y Regesa Aparcaments i Serveis (Rassa), que fueron analizadas junto a MBSA y la fundación desde 2005 a 2011 por la Sindicatura, según detallaba ésta en un comunicado.

Sobre la Fundació Pisos de Lloguer -ahora disuelta-, el informe advierte de que en 2010 el tesorero ordenó transferencias de fondo de la entidad a sus cuentas particulares, por 19.500 euros, y que posteriormente devolvió 28.500 euros, hechos que podrían conllevar responsabilidades administrativas o judiciales, algo que la Sindicatura recuerda que debería aclarar la jurisdicción competente.

También en el análisis de la fundación, señala que se detectaron en el ejercicio de 2011 irregularidades de ejercicios anteriores que supusieron pérdidas de 28.795 euros, y se encontraron diversas incidencias que supusieron pérdidas aproximadas de 40.000 euros en el ejercicio de 2009 y de 64.675 en 2010.

En cuanto a MBSA, asegura que pretendió obtener financiación a través de contratos privados cuando asumió la responsabilidad de gestionar y explotar el puerto de Badalona, con operaciones con irregularidades relativas a la venta de patrimonio de la entidad a precios «inferiores a su valor de mercado».

También advierte de que la licitación y ejecución de las obras de construcción del puerto se realizaron sin cumplir los principios de publicidad, concurrencia e imparcialidad que deben regir la contratación pública, irregularidades que podrían conllevar «hechos perseguibles administrativa o judicialmente, si bien la apreciación de la existencia de responsabilidades corresponde a la jurisdicción competente».

Denuncia de la CUP

El portavoz de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, ha asegurado que el Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) es un «órgano absolutamente innecesario», por lo que ha abogado por que el Parlament elabore una ley para suprimirlo y traspasar sus competencias a otros órganos, como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y municipios.

Por su parte, la CUP-Poble Actiu ha denunciado ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) el supuesto uso o destino irregular de fondos públicos dentro del Consell Comarcal del Barcelonès.

En declaraciones a los medios tras presentar la denuncia, la portavoz de la coalición CUP-Poble Actiu en el Consell Comarcal y concejala de SOM Gramenet, Alba Calvo, ha considerado que «existen suficientes hechos objetivos que hacen necesario que la Oficina Antifraude investigue toda una serie de mala praxis continuada y una fuga de dinero público».