El PP abre fuego contra la ministra Montero por no reclamar los 680 millones de los ERE

María Jesús Montero
María Jesús Montero, será ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno
Carlos Cuesta

Los ‘populares’ piden hoy en la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia de Pedro Sánchez por el caso ERE. Lo hacen para aclarar el conocimiento y papel del presidente en funciones en el mayor caso de corrupción política de la democracia española durante la etapa en la que se desarrollaba el fraude de los ERE, pero, también, por las decisiones de su partido, de él personalmente, y de su equipo más cercano en la paralización de las acciones penales y civiles entabladas en este caso. Unas acciones que han llevado a que no se haya recuperado el dinero robado. Desde el PP apuntan ya a una persona en concreto: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que culpan de haber tomado la decisión de no reclamar los 680 millones robados en los ERE. Y es que Montero era en las fechas en las que se adoptaron las decisiones judiciales -2016 y 2017- la consejera de Hacienda.

La batalla por la responsabilidad de no haber reclamado la devolución de los 680 millones de euros robados en el caso ERE llega a su punto máximo. Y no es sólo desde el PP desde donde se apunta a la responsabilidad de la actual ministra María Jesús Montero. Desde las filas socialistas andaluzas también se sacuden la responsabilidad señalando con el dedo a quien es la política ‘sanchista’ más representativa de esta región. Porque las filas de Susana Díaz no quieren más protagonismo y prefieren deslizárselo a La Moncloa.

Los ‘populares’ recuerdan que los equipos jurídicos del PSOE tomaron la decisión en 2016 y 2017 de bombardear el proceso judicial del Caso ERE. Esos equipos jurídicos dependían en aquel momento de la presidenta andaluza Susana Díaz, puesto que representaban a la Junta de Andalucía: pidieron el archivo de la causa penal e impidieron la reclamación de la devolución de los 680 millones de euros robados por la trama corrupta. Pero dos protagonistas adicionales se sumaron a este engranaje.

El primero ya ha sido desvelado por OKDIARIO: el propio Pedro Sánchez, que ganó las primarias del PSOE en mayo de 2017 y no ordenó reactivar la devolución de los 680 millones robados manteniendo el bloqueo a la recuperación de semejante importe; el segundo protagonista al que apuntan ya desde el PP es la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y desde el partido de Pablo Casado y Juanma Moreno recuerdan una reforma legal andaluza de 2011 que señala al consejero de Hacienda como responsable de decidir si se reclamaban o no judicialmente los importes robados: y en aquellos años clave de 2016 y 2017 la consejera de Hacienda era la actual ministra de Hacienda y apoyo pleno del presidente en funciones Sánchez.

Responsable final

El texto por el que se hizo este encargo al consejero de Hacienda es el “Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía”.

Este decreto señala en su “disposición adicional primera, delegación de competencias” que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se delega en las personas titulares de las distintas Consejerías, la competencia que se recoge en los artículos 41.1, 42.2, y 64.2 del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, para autorizar o ratificar, en su caso, el ejercicio de acciones, incluyendo la presentación de querellas, así como el desistimiento y el apartamiento de éstas, por parte del Gabinete Jurídico”. Entre estas decisiones estaban por ejemplo, las de reclamar o no el dinero robado en los ERE, cuya competencia recaía en los consejeros, en este caso, en la de Hacienda, la actual ministra Montero.

La disposición adicional va a más y añade que “todo ello sin perjuicio de las competencias que correspondan al titular de la Consejería competente en relación con la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad”, que es, de nuevo, la de Hacienda. Traducido: que, según el PP, cuando está en juego la defensa del dinero salido de la Junta de Andalucía, por doble motivo, es la consejera de Hacienda la responsable final de dar la orden a los juristas de la Junta de reclamar el dinero robado o no hacerlo.
Hay que recordar que Montero fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre septiembre de 2013 y junio de 2018.

Rechaza esta lectura

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el departamento de María Jesús Montero, desde donde rechazan de plano esa lectura del texto legal mencionado. Desde el Gabinete de la ministra de Hacienda señalan que, “tal y como quedó recogido en el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía del 12 de abril de 2018″, el consejero de Empleo Carnero Sierra reconoció que la orden de autorización de personación fue otorgada el 8 de febrero de 2011 por el que era consejero en ese momento.

Un portavoz de Montero añade que “desde ese momento el Gabinete Jurídico ostentaba la representación procesal de la Junta de Andalucía, y podía adoptar y realizar todas aquellas acciones jurídicas, procesales y procedimentales necesarias para la defensa de los intereses que representa y que le otorga el ordenamiento jurídico, como se apuntó igualmente en el mencionado Diario de Sesiones”.

El Gabinete de la ministra apunta igualmente que las decisiones como la reclamación civil de los 680 millones quedaban bajo la responsabilidad del equipo jurídico de la Junta de Andalucía y que no existió orden alguna procedente de la entonces consejera y ahora ministra y persona fuerte de Pedro Sánchez.

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