La portavoz del PSOE califica de «disparate» señalar que las nacionalizaciones masivas «manipulan el censo electoral»

Montse Mínguez, la portavoz del PSOE y secretaria general de los socialistas en el Congreso, sostiene que es un «disparate» señalar que las nacionalizaciones masivas que el Gobierno está llevando a cabo mediante la conocida como Ley de Nietos «manipulan el censo electoral». Ya son más de medio millón los expedientes aprobados, 544.000 con cifras de marzo de este año -que la dirigente no ha sabido actualizar-, de un total de 1.200.000 de solicitudes. Todos ellos con derecho a voto desde el momento en el que consiguen el pasaporte español, lo que significa que la alteración del censo electoral español es significativa. Para Mínguez, es «una barbaridad» advertir de las consecuencias de ello: «Comprar ese relato es comprar el relato del miedo que tiene el señor Feijóo a unas elecciones», asegura.

La portavoz del PSOE defiende que «es una barbaridad pensar que toda esta gente va a votar al Partido Socialista», pese a que los datos del voto CERA muestran que sistemáticamente esta suele ser en las elecciones recientes la formación más beneficiada por el sufragio exterior. Mínguez asegura que la razón que explica que la nacionalización masiva de más de un millón de potenciales nuevos votantes no alterará el censo electoral es que «hay que cumplir unos requisitos, hay que ir a los consulados y hay unos funcionarios que están validando esos procesos. Yo pongo la mano en el fuego por toda la gente que está trabajando en el servicio público y haciendo esto». Como ha demostrado OKDIARIO, los consulados están nacionalizando a descendientes de supuestos exiliados que realmente emigraron hasta 54 años antes de la Guerra Civil, lo que no casa con el espíritu de la norma.

Mínguez insiste, en una entrevista en el canal 24H de TVE en que la ley busca «reponer los derechos de mucha gente que tuvo que irse en esos momentos a través de la Ley de Memoria Histórica que, insisto, se aprobó en el año 22 [nota: la Ley de Memoria Histórica se aprobó en 2007, durante el Gobierno de Zapatero. Ha sido sustituida por la Ley de Memoria Democrática, que es la aprobada en 2022]». La portavoz del PSOE sitúa las críticas del PP al proceso y la falta de transparencia en la ejecución de esta ley en que «les vienen los miedos porque se acercan unas elecciones y están montando una campaña del bulo, del ruido y de intentar desestabilizar un tema tan importante como es el proceso de las elecciones, están en laminar lo más sagrado que tenemos en nuestra democracia». «El proceso de nacionalización se hará con todas las garantías, han salido ya los consulados a decir que esto que están diciendo es una barbaridad», insiste.