Policías y guardias civiles salen a la calle contra Sánchez: «La Ley de Seguridad es un éxito de los antisistema»

«Ley de Inseguridad Ciudadana» o «ley de odio a la Policía». Guardias civiles y policías se refieren de esta manera a la reforma de la Ley para la Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios pretenden aprobar cuanto antes. «Se trata de una reforma ideológica, no práctica», apuntan desde Jupol y Jucil, el sindicato y la asociación mayoritarios en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Junto a estas dos, una decena de agrupaciones policiales invitan a ciudadanos y políticos a participar en la manifestación del próximo sábado 4 de marzo en Madrid que exigirá frenar esta reforma legal de Sánchez porque «es un éxito de los antisistema».

Los agentes denuncian que nadie ha tenido en cuenta su opinión para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, «tampoco está avalada por informes técnicos, está hecha a medida de los socios independentistas del Gobierno de Sánchez a cambio de sillones y cuotas de poder» e insisten en que va en dirección contraria a las necesidades de los policías y, por tanto, de la seguridad de todos los ciudadanos.

Tras el análisis en profundidad de la reforma legal, policías y guardias encuentran una docena de artículos inasumibles. «Harán nuestras calles más inseguras», advierten.

Los 12 errores de la ley

La toma y difusión de imágenes de los policías, ya no se prohibirá y sólo se sancionará si genera un peligro cierto para los agentes y sus familias. «Para entonces el daño será irreparable», advierten los agentes.

La reforma también pretende reducir a dos horas el plazo para identificar a un indocumentado, excepto por razones extraordinarias que se podría prolongar a seis. Los agentes explican que «en zonas rurales, con pocos efectivos policiales, será imposible de cumplir, lo mismo cuando se tengan que cruzar datos policiales. Imposible».

Sobre el derecho de los ciudadanos indocumentados a que se les devuelva al mismo lugar del que se los llevaron para identificarlos en comisaría, la respuesta de los sindicatos es contundente: «Si ahora no hay medios materiales y humanos para cumplir el servicio, imagínate si nos dedicamos a ejercer de taxistas de los identificados».

La eliminación de la presunción de veracidad de los policías frente a las versiones de los detenidos, es uno de los puntos que provoca más fricciones. «Antes, los jueces decidían sin problema quién tenía razón. Situar a los policías al mismo nivel que los delincuentes socava el principio de autoridad y generará más problemas a los ciudadanos», aseguran policías y guardias civiles.

La reforma también suprime la obligación de notificar previamente las manifestaciones. «Esto limitará la capacidad de los agentes para garantizar la normalidad, la seguridad y los derechos del resto de los ciudadanos, e incluso de los propios manifestantes», apuntan desde Jupol.

Los policías también rechazan la nueva disposición que obligará a reducir o eliminar el material antidisturbios. «Resulta impensable eliminar las pelotas de goma o botes fumígenos en manifestaciones cuando a los policías se les apedrea y se cortan las calles con contenedores incendiados.  Nos pone en peligro a todos», dicen.

Respecto a los cacheos, la nueva ley establecerá que sólo se podrán registrar las partes corporales no cubiertas de ropa en situaciones de urgencia. «Nos impiden localizar y retirar drogas y armas peligrosas para los ciudadanos», responden desde Jupol.

El proyecto de reducir las multas según los ingresos del multado, «fomenta que ciudadanos con ingresos mínimos tengan mayor impunidad para delinquir porque les sale más barato», según los agentes.

Igualmente, los policías se oponen a despenalizar el delito de resistencia pasiva a la autoridad, «podría dejar sin respuesta una sentada pacífica que impidiera la libertad de movimientos del resto de ciudadanos».

También rechazan los agentes la despenalización de las faltas de respeto y humillaciones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como propone la reforma.

Limitar el rechazo en frontera de los inmigrantes que acceden de forma ilegal a Ceuta y Melilla, fijando un máximo de tres meses para ejecutarlo, supone para los policías convocantes de la manifestación que «España se vea obligada a acoger a toda persona que logre cruzar su frontera por Ceuta o Melilla, aun haciéndolo de forma ilegal».

El último punto de la reforma de Sánchez se refiere al control de carreteras. Los policías avisan: «La nueva norma obligaría a avisar a las policías autonómicas o locales de los movimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, rompiendo el deber de sigilo de las operaciones. Basta recordar que los Mossos d’Esquadra avisaban a sus superiores políticos de los movimientos de la Policía y la Guardia Civil durante el 1-O».