El Poder Judicial dobla el pulso al Gobierno: se cumple la fecha impuesta sin renovar el Constitucional

Se ha agotado el plazo impuesto por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial para el asalto de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional. Los vocales del CGPJ no han convocado antes del 13 de septiembre, fecha impuesta por el Ejecutivo, un Pleno para nombrar a los dos magistrados que, unidos a los otros dos que por turno toca designar al Gobierno, sustituirán al actual presidente del órgano de garantías, Pedro González-Trevijano, al vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. De esta manera, el bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces se resiste a las presiones de los socialistas que quieren renovar un tribunal de garantías –que tiene pendiente sentencias tan importantes como el aborto, la educación o la eutanasia– cuanto antes.

El pasado jueves, el Consejo se reunió en un pleno extraordinario que tenía como propósito inicial designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero la mayoría del CGPJ paralizó dicha designación para fijar antes el procedimiento a seguir y establecer las «reglas del juego». Los vocales han dado el primer paso para abrir las negociaciones y han designado a los interlocutores de ambos bloques –los nombrados a propuesta del PP y los designados a propuesta del PSOE–.

En el primero, las conversaciones las encabezarán los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, mientras que Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach serán la voz de los progresistas. Pero, en realidad, con este acuerdo los magistrados buscan dilatar sine die estos nombramientos para evitar el asalto de Sánchez al órgano de garantías. «Muy jugosa debe ser la propuesta para que haya consenso», explican fuentes internas a OKDIARIO.

Renovación del Consejo

Las mismas fuentes aseguran que «no habrá acuerdo en la fecha impuesta por el Gobierno» y sopesan que «si en un futuro la hay» será porque el PSOE y PP se han puesto de acuerdo para renovar el Consejo, mientras tanto –aseveran– no habrá renovación. El presidente Carlos Lesmes ya amenazó, en el acto de inauguración del año judicial, con dimitir si Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no desbloqueaban el CGPJ. En los habituales corrillos que prosiguen a este acto, confirmó que, si bien cree que no cabe la dimisión colectiva por ser un «abandono de funciones», la individual corresponde al criterio de cada cual, y que él mismo «la tiene entre sus opciones».

Y es que el PSOE y Podemos aprobaron una ley que prohibió al CGPJ realizar nombramiento mientras esté en funciones. Después, el Gobierno -con el apoyo de sus socios independentistas y proetarras- logró sacar adelante en el Congreso de los Diputados una reforma exprés para desbloquear la renovación del Constitucional devolviendo al CGPJ, aunque esté en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos y renovar así el tribunal de garantías.

Sin embargo, estos nombramientos ocasionarían un perjuicio en el Tribunal Supremo, que ya está bajo mínimos, puesto que los dos magistrados a propuesta del órgano de los jueces saldrían del Alto Tribunal. Pero, estas dos vacantes no podrían ser cubiertas debido a que el CGPJ no puede hacer nombramientos. Por ello, los vocales se resisten a la renovación hasta que el Gobierno pacte con el principal partido de la oposición la renovación de un nuevo Consejo que recuperaría sus funciones y podría suplir las plazas vacantes del Supremo.