Podemos quiere evitar que la Policía pueda comprobar si llevas armas o explosivos

Podemos quiere impedir que la Policía pueda llevar a cabo registros para impedir que en lugares públicos se utilicen armas o explosivos. 

Así se recoge en las enmiendas presentada por el partido de Pablo Iglesias a la propuesta de reforma del PNV a la Ley de Seguridad Ciudadana. En concreto, la formación pide suprimir el artículo 18 de la citada ley, relativa a las «comprobaciones y registros en lugares públicos».

El artículo habilita a los agentes a «practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a su intervención». Además, se añade que «a tal fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus
funciones».

El partido pide que se suprima este artículo, argumentando que «se refiere a las comprobaciones y registros en lugares públicos. Su supresión se fundamenta en que el referido artículo facilita diversos supuestos de arbitrariedad en el desempeño de sus funciones por parte de las fuerzas de seguridad así como la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos». Podemos recoge esta consideración en su enmienda al texto del PNV, que no censura el mencionado artículo.

La formación pide además que se suprima el artículo 17.2, que establece que «para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y proceder a la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos personales».

De nuevo, el partido de Pablo Iglesias argumenta, de nuevo, que «abre la vía a diversos supuestos de arbitrariedad en el desempeño de sus funciones por parte de las fuerzas de seguridad».

La formación sí acepta mantener el artículo 17.1, que, en la Ley del Gobierno, regula las restricciones de tráfico y permanencia en vías o lugares públicos y el establecimiento de zonas de seguridad «en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento».

No obstante, Podemos modifica la redacción y, una vez más, acota la actuación de los agentes: esas restricciones solo se realizarán en los casos en que la alteración de la seguridad ciudadana sea «grave y efectiva» o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración y además, se limitará por el «tiempo mínimo imprescindible para su restablecimiento». Además, se añaden salvedades para el caso de los residentes, ya que «el acceso al domicilio propio deberá estar siempre garantizado salvo en caso de calamidad pública o desastre inminente».

La revisión de Podemos a la Ley de Seguridad Ciudadana complica especialmente la lucha antiterrorista, al impedir que los agentes actúen en lugares públicos para prevenir la posible comisión de atentados.

Iglesias ya rechazó en su día sumarse al pacto antiyihadista de PP, PSOE y Ciudadanos-en el que participa en calidad de ‘observador’- al considerar que suponía «renunciar a los elementos garantistas del derecho penal». Según el líder de Podemos, reducir libertades y derechos civiles «es caer en lo que quieren los terroristas».

Algunas de las medidas del pacto  suponían endurecer las penas a los terroristas en el Código Penal-que Podemos rechaza- reformas legislativas para mejorar la lucha contra el terrorismo internacional y más dotación de recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En vísperas de la última reunión del pacto, en diciembre pasado, la senadora de Podemos, Idoia Villanueva, reiteró que su formación no lo suscribe porque no comparte las medidas legislativas contra el terrorismo, una lucha que no debe centrarse a su juicio en «endurecer el Código Penal y condenas que acaban con titiriteros y cantantes condenados hasta el absurdo».

Un ejemplo de las intenciones de Podemos sería el ‘caso Alfon’, el joven condenado por llevar una mochila con explosivos durante la huelga general de noviembre de 2012, y que se convirtió en un símbolo para las formaciones de ultraizquierda. «Mientras los que quebraron los bancos disfrutan de impunidad, Alfon irá a prisión. Me parece una injusticia», escribió Iglesias.