Podemos fracasa al intentar ampliar la causa sobre las investigaciones policiales que les abrieron

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación presentado por Podemos para ampliar la investigación judicial que analiza las pesquisas policiales realizadas al partido morado durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El tribunal ha confirmado la exclusión de los hechos relacionados con la Fundación CEPS, la semilla de la formación política morada, por considerar que fueron anteriores a la adquisición de la condición parlamentaria de sus dirigentes.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, en un auto que desvela OKDIARIO, ha ratificado la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5, que lidera Santiago Pedraz. El tribunal ha subrayado que la citada fundación «no era sino el antecedente de lo que posteriormente sería el partido político Podemos».

La resolución judicial recuerda que la querella fue admitida «tan sólo parcialmente». De dicha admisión se excluyeron expresamente varios asuntos, entre ellos «la revelación a periodistas de investigaciones prospectivas realizadas sobre la Fundación CEPS».

Podemos había alegado la «utilidad de la diligencia». En concreto, hacían referencia al viaje de un alto cargo de Interior a Nueva York para reunirse con un confidente.

Los recurrentes también han mencionado la denominada Operación Bolívar, que, siempre según su versión, «surge de una entrega de la DAO a la UDEF de cierta documentación aparentemente en un sobre, sin membrete ni firma y sin dejar ningún tipo de constancia, de modo ciertamente irregular».

Sin embargo, el tribunal ha sido tajante al señalar que «la denominada Operación Bolívar no es objeto de esta causa de investigación, por lo que la ampliación solicitada podría considerarse prospectiva».

Pedraz sigue adelante

Paralelamente, el juez Santiago Pedraz continúa avanzando en esta investigación que se va desdibujando poco a poco. La paradoja ahora es que Podemos lanza su ofensiva judicial precisamente contra ese magistrado que lleva su caso en lugar de archivarlo. Cargan contra el instructor por abrir diligencias previas por los ataques a los ciclistas de La Vuelta a España 2025.

En relación con el caso de Podemos los testimonios recabados apuntan hacia prácticas policiales rutinarias. Un agente de la Policía Nacional ha reconocido recientemente que realizó búsquedas sobre Pablo Iglesias «a raíz de una investigación en la que se involucraba presuntamente» al ex dirigente Miguel Urbán «en una transacción de droga». El policía ha matizado que esas búsquedas las realizó «a instancias de su jefe de grupo» y que «se trata de una acción normal en este tipo de operativas».

El investigado niega que se realizase una investigación prospectiva sobre Iglesias. El agente dijo que «no hay ningún protocolo que indique cómo actuar en este tipo de búsquedas, y que la única variación es que, en el caso de Urbán o Iglesias, ambos eran políticos».

Por su parte, el inspector Bonifacio Díaz negó rotundamente ante el juez «que haya realizado investigaciones ilegales a cargos de Podemos». En su declaración como investigado, Díaz esgrimió que «nunca ha vulnerado la inviolabilidad de los cargos electos de la formación morada».

El inspector también se ha referido a los viajes que realizó, asegurando que siempre que se desplazó fue por orden de sus superiores. Esto contradice las acusaciones sobre sus desplazamientos a Estados Unidos para recabar información comprometedora a toda costa contra Podemos.

El Ministerio Fiscal se había opuesto al recurso de Podemos. «En este momento no puede determinarse si debe ampliarse el objeto de la querella a los hechos relativos a la Fundación CEPS, inicialmente excluidos de la admisión de la querella», remarcaban.

La investigación original se centra en las presuntas pesquisas prospectivas realizadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la mal llamada guerra sucia de las cloacas de Interior. Podemos aseguraba en su querella que los investigados «se ocupaban de realizar investigaciones ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».

La formación apuntaba que Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, «daba cuenta periódicamente al entonces ministro del Interior aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales».

Los magistrados también han recordado que para que pueda hablarse de conexidad delictiva «será preciso que los hechos y las conductas en las que pueden subsumirse aquellos sean objeto de investigación en el proceso en cuestión, lo que no sucede así en el caso de autos».

Fuentes jurídicas consultadas explican que esta causa se está deshinchando progresivamente, señalando que muchas de las investigaciones realizadas fueron «lógicas» desde el punto de vista de la seguridad. Apuntan que a cualquier político que se aloja en hoteles les miran el expediente por la seguridad de ellos mismos.

La resolución, que es firme y no cabe recurso alguno contra ella, supone un revés judicial para las aspiraciones de Podemos de ampliar el objeto de la investigación. Mientras tanto, las declaraciones de los agentes investigados parecen apuntar hacia actuaciones reglamentarias, lo que podría erosionar progresivamente la tesis acusatoria del partido de Iglesias.