El PNV y el PSOE cierran filas para mantener por ahora al consejero navarro imputado por el Supremo

PSOE PNV Ayerdi
Manuel Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra.
Carlos Cuesta

Es una cuenta atrás, porque el Tribunal Supremo ya ha decidido que lo imputa. Pero lo cierto es que el PNV y el PSOE han cerrado filas para mantener por ahora al consejero navarro del PNV Manuel Ayerdi, imputado por el Supremo. Y ambos partidos están dando toda una demostración de cómo retorcer una ley -la que exige sacar del Gobierno de inmediato a cualquier cargo imputado- para evitar tener que prescindir de su imputado por malversación.

La nueva ejecutiva del PNV de Navarra se lo acaba de comunicar con total claridad al PSOE-PSN y a todo el arco político. Según el PNV, mantiene «total confianza» en el consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manuel Ayerdi, después de que el Tribunal Supremo le haya imputado y abierto causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en el caso Davalor. Y, por ello, no acepta aún esa situación como generadora de la obligación de cese del imputado.

Es más, el Napar Buru Batzar (NBB) del PNV considera que la querella presentada por UPN contra Ayerdi es «una denuncia política» con el objetivo de «conseguir por los tribunales lo que no consiguió a través de la comisión de investigación que la pasada legislatura se llevó a cabo en el Parlamento de Navarra».

Por ello, muestra su “total confianza en que la actuación del consejero Ayerdi en Davalor se llevó a cabo con los correspondientes análisis jurídicos y económicos, tal y como fue expresado en sede parlamentaria y concluido por parte de la Cámara de Comptos”.

Y puesto que podría tratarse de “una denuncia de impulso político que luego queda en un archivo o en un sobreseimiento», la ejecutiva del PNV en Navarra ha subrayado que «si se produce la situación de investigado hay un artículo dentro de la ley que es claro y Manu Ayerdi, como no puede ser de otra manera, hará lo que procede y presentará su dimisión, tal y como él mismo ha trasladado de manera firme a la presidenta Chivite, lo cual dice mucho y bien de él”. Todo ello, aunque esa imputación ya se haya producido.

Este comunicado refuerza la carta escrita por el propio consejero del Gobierno navarro imputado por el Tribunal Supremo, Ayerdi, quien en una misiva a la presidenta foral, la socialista María Chivite, señaló que no se considera imputado por el momento y que sólo dimitirá cuando ocurra ese hecho. Según Ayerdi, únicamente si el juez instructor del Supremo le confirma como investigado se apartará del Gobierno.

Lo cierto, sin embargo, es que esa imputación ya se ha producido, tal y como ha publicado OKDIARIO y tal y como refleja el auto del Supremo. Es más, lo cierto, igualmente, es que una ley foral de 2018 prohíbe al Gobierno continuar con un consejero que sepa que está imputado. Lo cual sitúa en el campo del incumplimiento legal no sólo a Ayerdi, sino también a la presidenta Chivite por no exigir al consejero la salida del Ejecutivo navarro.

Dimisión

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manuel Ayerdi, señaló en su carta a María Chivite, además, que tiene una «voluntad firme de dimitir en el supuesto de que mi situación procesal pase a ser la de investigado o figura legal equivalente”. Es decir, que por ahora, no se da por imputado.

«Si se produjera esa situación, lo único que me gustaría tener es una semana para poder preparar un estado de situación y para poder despedirme, como se lo merecen, todas las personas que han colaborado conmigo», añadía la carta de Ayerdi.

La presidenta socialista de Navarra, María Chivite, pese a ello, no tiene opción. Puede dilatar el momento de la salida de su consejero del PNV imputado por malversación, pero tendrá que despedirse de él. Y tendrá, lo que puede ser más traumático, que exigir el retorno de las ayudas que se prueben concedidas ilegalmente a la empresa Davalor. Y es que la legislación foral fuerza a la presidenta a tener que sacar del Ejecutivo a los imputados, y a hacer todo lo posible por recuperar los fondos que se prueben malversados. Eso puede suponer tirar de la manta, algo nada favorable para el pacto entre socialistas y separatistas vascos.

La presidenta Chivite debe tener en cuenta, además, que a partir de ahora puede incurrir en responsabilidad penal si deja de perseguir el delito por no defender los intereses de Navarra. Y es que, si se prueba judicialmente que los fondos fueron indebidamente concedidos, ella y su Gobierno deberán hacer todo lo posible para que retornen a las arcas forales, tal y como marca la legislación navarra.

En 2018 el Parlamento de Navarra aprobó una ley por la que todo cargo investigado por corrupción debe dimitir. Esto sitúa ahora al PSOE-PSN en medio de un enorme dilema en Navarra. El consejero y hombre fuerte del PNV, Manuel Ayerdi, acaba de ser imputado por el Tribunal Supremo. La acusación se centra en corrupción y malversación. Pero Ayerdi es el hombre fuerte que soporta las relaciones entre el PSOE-PSN de la presidenta regional María Chivite y el PNV, alma de Geroa Bai. Resultado: en estos momentos el PSOE-PSN viola esa ley al no expulsar de inmediato a Manuel Ayerdi del Ejecutivo foral. Pero puede romper sus vitales acuerdos con separatistas si aplica la ley.

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