Enmienda en el Parlamento vasco

PNV y Bildu ponen precio a su apoyo a Sánchez: todos los etarras a cárceles vascas y «derecho a decidir»

PNV y Bildu, posibles socios de Pedro Sánchez tras el 10-N, reafirman sus exigencias: 'derecho a decidir', traslado y excarcelación de etarras y una relación "bilateral" con el Estado

Interior etarras
Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi e Iñigo Urkullu.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

PNV y Bildu mueven ficha para presionar a Pedro Sánchez de cara a una eventual negociación tras el 10-N. Ambos partidos tienen claras sus reclamaciones al ahora presidente en funciones: se resumen en una actualización integral del Estatuto de Guernica para una nueva relación con el Estado, basada en un acuerdo «bilateral». En las exigencias destaca también la apuesta decidida por el ‘derecho a decidir’, el acercamiento de todos los etarras a las cárceles del País Vasco y la excarcelación de aquellos que padezcan enfermedades graves e incurables.

La propuesta se sintetiza en la enmienda conjunta presentada este jueves en el Parlamento vasco a una iniciativa del PSE. En dicha propuesta, los partidos endurecen sus posturas en un momento en que se saben influyentes para acabar condicionando el futuro Gobierno del país.

En la enmienda, las formaciones reclaman el «desarrollo íntegro» del Estatuto de Guernica, y exigen las competencias pendientes. Rechazan, asimismo, «los pronunciamientos políticos y estrategias que tienen como objetivo impedir, vaciar y condicionar el desarrollo del autogobierno vasco». En este contexto, exigen, de forma prioritaria, la derogación de la LOMCE, la reforma laboral y la ley de Seguridad ciudadana. A continuación, instan a «derogar la excepcionalidad que inspira la aplicación de la actual política penitenciaria»: «Que se proceda al acercamiento y traslado a cárceles vascas de todas las presas y presos y a la puesta en libertad de quienes padezcan enfermedades graves e incurables».

Las formaciones consideran además que «la actualidad del autogobierno vasco» precisa de una actualización de las competencias «necesarias para garantizar los derechos de la ciudadanía vasca». En conclusión, reclaman «un nuevo modelo relacional con el Estado», basado en «la bilateralidad». «Además, igual que en otros países del entorno europeo, dará cauce al ejercicio del ‘derecho a decidir’ de la ciudadanía».

Ambos partidos ya firmaron ese ‘derecho a decidir’ en el preámbulo de su polémica propuesta para el nuevo Estatuto. En el mismo se destaca que el «pueblo vasco es una nación» y que «Euskal Herria es un pueblo con identidad propia».

Fecha clave: 30-N

Aunque el ‘derecho a decidir’ es defendido por ambos partidos, desde el PNV se ha enfriado en ocasiones, en función de las negociaciones con el Gobierno. Ahora en cambio, en un momento delicado en vísperas de unas nuevas elecciones, la exigencia se recupera con toda su fuerza. Y, además, de forma conjunta con Bildu. El próximo 30 de noviembre, el grupo de expertos de la Ponencia de Autogobierno deben presentar su propuesta para el nuevo Estatuto, y será entonces cuando el Parlamento Vasco inicie su tramitación. Es decir, en plenas negociaciones para la formación de Gobierno.

El PSOE promete completar la transferencia de competencias al País Vasco y la actualización del autogobierno

La Proposición No de Ley presentada por los socialistas para su debate en el Pleno en el Parlamento Vasco destaca el Estatuto de Guernica como «instrumento de vertebración de la convivencia democrática en Euskadi y como fuente de bienestar para la ciudadanía».

A continuación, el PSE defiende «la voluntad de completar» su desarrollo «mediante el diálogo en el seno de la Comisión Mixta de transferencias, siguiendo el calendario pactado por los Gobiernos de Euskadi y Navarra».

El partido de Idoia Mendia insta además al Parlamento vasco a ratificar la «voluntad de abordar un proceso de actualización del autogobierno que garantice el encaje jurídico-legal de la reforma y tramitado de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes, respetando el ordenamiento jurídico, los métodos democráticos y los derechos y las libertades de la ciudadanía, con el propósito de profundizar en la convivencia democrática y avanzar en la cohesión y la justicia social».

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