Piden al juez que siga el rastro de los pagos de Podemos a Neurona que acabaron en una barriada de México

La asociación de juristas Prolege, personada en el caso Neurona como acusación popular, solicita al juez Juan José Escalonilla que siga el rastro del dinero público que permita dilucidar dónde acabaron los 363.000 euros de los fondos electorales que Podemos pagó a la consultora chavista.

Los investigadores descubrieron que la mayor parte de los fondos que la formación que lideraba Pablo Iglesias adjudicó a Neurona Consulting durante la campaña para las elecciones generales de abril de 2019 terminaron en una sociedad instrumental denominada Creative Advice Interactive Group, constituida en agosto de 2015, sin logística de ningún tipo y radicada en una vivienda particular ubicada en una barriada de México. Ahí se perdió la pista del dinero. Por este motivo, la acusación popular pide al instructor –antes de que dé por terminada la investigación– una batería de diligencias para averiguar dónde fue a parar el dinero de todos los españoles.

Un año y medio después de que el juez abriese esta causa sobre la financiación de Podemos la investigación se encuentra en un punto clave. Hasta el momento se ha podido averiguar que Podemos contrató a una empresa llamada Neurona Comunidad SL, creada un mes antes de las elecciones generales en el municipio sevillano de Carmona, para la cobertura electoral durante los comicios del 28-A en 2019. Esta sociedad es, supuestamente, una filial de la consultora chavista Neurona Consulting. Sin embargo, este extremo no ha quedado acreditado en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que investiga la causa. La empresa que prestó, presuntamente, los servicios fue la consultora mexicana pero el dinero fue transferido a la compañía Creative Advice Interactive Group SA. Y ahí se pierde el rastro del dinero, el juez desconoce por qué se transfirió a esa sociedad y dónde fue a parar después.

Por ello, en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, la asociación de juristas recuerda que «el rastro del dinero se pierde en México en manos de la empresa Creative Advice Interactive Group SA, sin que se haya acreditado que ese dinero haya sido utilizado para la prestación de los servicios electorales contratados por Podemos a la empresa española Neurona Comunidad SL».

«Consideramos fundamental -añade Prolege- aclarar la ruta del dinero según el resultado de la investigación, y que hasta la fecha hay varios hechos determinantes y sobre los que tendrá que declarar la persona jurídica», en referencia a Podemos que está imputada en la causa como partido. «Y lo más importante es saber realmente dónde está el dinero de Podemos, en qué se ha empleado y en manos de quien terminó cuando fue transferido a Creative Advice Interactive Group SA», recalca la acusación.

Esta petición es determinante para la causa puesto que una de las líneas de investigación es la existencia de una presunta ‘Caja de Solidaridad’ creada para financiar a todos los partidos de extrema izquierda del mundo. Podemos podría haber desviado este dinero para devolver una cantidad que anteriormente le fue entregada presuntamente para la creación de la formación morada en España, con Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero como fundadores.

«Trabajadores de Neurona»

Del mismo modo, la acusación solicita que se acredite si los trabajadores que realizaron los 48 vídeos y 7 archivos, por los que Podemos pagó 363.000 euros, eran empleados de la consultora chavista. En el escrito remitido al juez, explica que «se está aceptando como acreditado indiciariamente que algunos vídeos fueron hechos por trabajadores de Neurona porque testigos bien aleccionados dicen que vieron a ‘gente de Neurona’, pero no hay prueba alguna con base objetiva de que los que dicen estos que vinieron de México en la campaña fueran trabajadores de Neurona, ni la española ni la extranjera».

Por ello, Prolege solicita al magistrado que requiera a la mexicana Neurona Consulting para que remita los contratos laborales o mercantiles, nóminas o facturas de los honorarios que acrediten que algún empleado de dicha mercantil trabajó para los podemitas durante dichas elecciones generales. En concreto, la acusación solicita el contrato de Waldemar Aguado Butanda, de Franco Bertozzi y de Alejandro Neyra Pinzón.

El juez Escalonilla solicitó a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizar un peritaje de los 48 vídeos y 7 archivos entregados por Podemos para justificar el desvío de dinero. Sin embargo, la acusación también pide que además se realice un estudio de mercado de «material similar para poder determinar con precisión el desvío que pudiera existir entre lo pagado y el precio de mercado de los servicios contratados».