‘Pam’ Rodríguez busca profesores africanos para abordar «con precisión» el colonialismo en las aulas

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 10/04/2023 15:59
  • Actualizado: 10/04/2023 16:57

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha encargado un estudio para comprobar la representación de «afrodescendientes» en ámbitos como la escuela, los medios de comunicación o entre los cargos públicos. La intención de la número dos de Irene Montero es reforzar su presencia allí donde considere necesario, incluyendo además la vigilancia del currículo educativo y los libros de texto para asegurar que en las aulas se imparte una visión «precisa» del colonialismo.

Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, relativa a la contratación de un servicio para «la realización de un estudio sobre personas afrodescendientes en la Unión Europea: reconocimiento, justicia y desarrollo». Su coste es de 139.000 euros (sin impuestos). 

El estudio pretende «hacer un diagnóstico» de la representación de las personas africanas y afrodescendientes en cargos públicos e instituciones, en el ámbito cultural -incluyendo cine y televisión-, en los medios de comunicación y también en la escuela. En este punto, el encargo se detiene sobre todo en «analizar la diversidad existente en el profesorado, poniendo especial atención en el análisis del currículo educativo».

Además, Igualdad pretende evaluar lo que denomina «racismo estructural», es decir, el racismo presente por ejemplo en las instituciones a través de prácticas como «el perfilamiento racial ilegal» que, en su opinión, llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En su memoria justificativa, el departamento de Montero enmarca este estudio en el cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por Naciones Unidas, y que se extiende hasta 2024. Entre esos objetivos se plantea un amplio abordaje en el ámbito educativo «para que la historia y las contribuciones de los afrodescendientes se incluyan de forma completa y precisa en los planes de estudio». Además, se insta a «adoptar medidas de acción positiva para aumentar el número de maestras/os afrodescendientes en las instituciones educativas» y «velar por que los libros de texto y otros materiales educativos reflejen con precisión los hechos históricos relativos a tragedias y atrocidades del pasado, en particular la esclavitud, la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos y el colonialismo». Igualdad pretende realizar un estudio comparativo entre los países de la UE, para plantear finalmente una propuesta de recomendaciones o líneas de actuación.

Para la realización del servicio se exigen varios requisitos. La empresa que reciba el encargo deberá crear un grupo de expertos que asesoren a los investigadores y que estará integrado por personas procedentes de al menos cinco países europeos. Este grupo estará integrado por personas «de la sociedad civil afro, africana y afrodescendiente»que hayan trabajado en el ámbito educativo, sanitario, cultural y en medios de comunicación, así como «representantes afro electos que ejerzan su cargo actualmente o lo hayan ejercido en el pasado».

Regularización

El supuesto racismo que, según Igualdad, existe en la sociedad española es uno de los nuevos objetivos del gabinete de Irene Montero. El ministerio trabaja además en una ley con la que quiere regularizar «a todas las personas que han llegado a España con carácter previo a noviembre de 2021». Se trata de una idea plasmada en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por la organización Regularización Ya, y que afectaría a entre 390.000 y 470.000 personas que, según los proponentes, residen en España de manera irregular.

Según la secretaria de Estado de Igualdad, «España cometería un error muy grave si no aprobase en 2023 una ley contra el racismo». Esta norma fue anunciada por la ministra Irene Montero en marzo de 2022, pero todavía no ha llegado al Consejo de Ministros. Entonces, Montero dibujó una España donde «la xenofobia y el machismo son sistémicos y estructurales» y están «presentes en la sociedad».