Iglesias llama «prevaricador» al juez que investiga sus tres presuntos delitos en el ‘caso Dina’

El ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias ha presentado su libro, Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes, ante unas trescientas personas en el Matadero de Madrid. En el encuentro decidió contar lo que él calificó como «exclusiva». El ex secretario general de Podemos arremetió, una vez más y sin aportar prueba alguna, contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que le investiga por tres presuntos delitos cometidos en el caso Dina-Iglesias, en el que se investiga la responsabilidad de Iglesias en la destrucción de la tarjeta de teléfono de su ex asesora Dina Bousselham. El ex líder de los morados vertió una grave acusación contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6: le  acusó de prevaricar. No es la primera vez que lo hace. Sin embargo, en cada uno de sus señalamientos al magistrado cuenta una versión de los hechos distinta. Primero, la frase de «van a por ti» –en referencia a García-Castellón– se la dijo Pedro Sánchez, después «un juez amigo» suyo y, por último, un amigo de un periodista.

Iglesias aseguró en un primer momento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le llamó para que asistiera a una reunión y le dijo: «Van a por ti», en referencia al juez García-Castellón. En sus memorias, Iglesias cambió al sujeto poniendo la grave acusación en boca de un «amigo juez». En concreto, bajo el epígrafe De lo judicial a lo mediático, Iglesias señaló: «Me lo dijo un amigo juez que es evidente que lo de García-Castellón es prevaricación. Me explicaba también que jamás le condenarán por prevaricar, por razones obvias, pero que su actuación en el caso del teléfono de Dina ha generado un nivel de escándalo notable entre sus colegas», remachó Iglesias sin aportar prueba de ello. Todo un ajuste de cuentas con tal de desprestigiar al instructor.

El pasado martes, en la presentación de su libro, Iglesias contó una tercera versión de los hechos. Esto es algo habitual en Podemos, pues su ex asesora Dina Bousselham ha ofrecido hasta seis versiones distintas para salvar a su jefe –el ex líder de los morados– del delito de daños informáticos. «Ayer me llamó una persona que me dijo que acababa de tener una conversación con un periodista. Me dio el nombre del periodista, pero no lo voy a revelar, que es amigo del juez García-Castellón. Este periodista, sin saber que esta persona me podía contar a mí esto, le contó una conversación personal con el magistrado. En la misma aseguraba que el juez le dijo: Voy a por Pablo Iglesias y voy a acabar con él. Este periodista transmitía que había una excitación y alegría por parte de García-Castellón». Así monta el ex líder de Podemos una falsa acusación contra el magistrado sin citar siquiera las supuestas personas que le transmitieron dicha información. Una táctica habitual utilizada por los miembros de Podemos para difamar a los jueces que investigan sus presuntas corruptelas.

Le acusa de prevaricar

No contento con esto, Iglesias añadió: «El caso es que García-Castellón no logró su objetivo. Lo intentó, pero no lo logró. Y ahora estamos en una situación diferente. Ahora la historia va a tener que dirimir si García-Castellón pasa simplemente a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de las instrucciones, o si por el contrario pasa a la historia como un prevaricador». Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que los dirigentes de Podemos se sienten impunes en sus ataques al Poder Judicial cuando no están de acuerdo con lo que los tribunales dictaminan. Sucedió tras la condena a la dirigente morada en Madrid Isa Serra y con la sentencia del ex número tres de esta formación y ya ex diputado del Congreso Alberto Rodríguez. Ni en un caso ni en otro las críticas voraces de los miembros podemitas han conllevado la imputación por un delito de injurias.

La doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ampara estas acusaciones bajo el paraguas de la «libertad de expresión» porque, según el Alto Tribunal, en el caso de las acusaciones de la ministra Belarra contra los jueces, ésta «se limitó a exponer su pensamiento o una opinión sobre asuntos de interés general, pronunciadas en un contexto que, por su objeto y el sujeto al que van referidas, es eminentemente político». Sin embargo, Iglesias ya no es una figura política y estas falsas acusaciones contra García-Castellón podrían acarrearle un problema con la Justicia.

En otro pasaje del libro, Iglesias introduce la figura del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo para volver a criticar al juez García-Castellón y dar, de esta manera, la tercera versión. «Con el ministro Campo comenté en alguna ocasión que, jurídicamente, el caso Villarejo-Inda convertido en caso Dina no había por dónde cogerlo, que sólo se podía sostener a nivel mediático. Estaba básicamente de acuerdo conmigo, aunque siempre me dijo que, con los jueces, casi todo es posible», sostuvo el ex vicepresidente.

«Era Campo quien me lo decía. Campo me estaba dejando claro que el caso no tenía ningún recorrido judicial -y que eso (Carlos) Lesmes lo sabía-, pero que el chicle se estiraría hasta el final para buscar el desgaste político», interpretó Iglesias, señalando también al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Iglesias investigado

Por el momento, la Audiencia Nacional continúa investigando a Iglesias por tres presuntos delitos: descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito por la destrucción de la tarjeta de teléfono de su ex asesora.

El pasado 15 de marzo su ex asesora Bousselham fue citada a declarar para aclarar que «consiente, tolera y acepta» que el ex líder de Podemos tuviese acceso a su tarjeta de memoria sin su conocimiento. En esa declaración, tal y como publicó OKDIARIO, el juez García-Castellón desmontó el perdón que Bousselham le ha concedido a Pablo Iglesias por acceder a fotografías íntimas de su teléfono móvil.

La ex asesora salvó al ex líder de Podemos de un delito de revelación de secretos con agravante de género alegando que «formaba parte de su núcleo cercano». Sin embargo, la joven marroquí acusó al dueño del Grupo Zeta, Antonio Asensio, de machista por entregarle la tarjeta micro SD -que había llegado a la revista Interviú- a Pablo Iglesias y no a ella. En ese momento, el magistrado le recriminó que «machismo es guardarse la tarjeta para protegerla» a ella, en alusión a las palabras del ex vicepresidente del Gobierno para justificar que no entregase la tarjeta a su propietaria.

Respecto al posible delito de daños de Pablo Iglesias en el manejo de la tarjeta, la Policía Judicial entregó al juez de la Audiencia Nacional un informe en el que certificó que el contenido de la micro SD de Bousselham es inaccesible, lo que imposibilita recuperar la información o determinar quién fue la última persona que accedió a ella. Aunque existan fuertes indicios, resulta así «muy difícil» probar de manera científica que Iglesias fue el autor material de la destrucción.