Temor en Moncloa: con Junqueras libre la rebaja de la sedición ya no es suficiente para el separatismo

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 01/03/2020 06:36
  • Actualizado: 01/03/2020 17:14

La aplicación del artículo 100.2 a Oriol Junqueras era previsible, aunque llegó sorpresivamente esta semana, sólo un día después de que Pedro Sánchez recibiese en La Moncloa, con honores, a la delegación catalana encabezada por Quim Torra. La circunstancia altera el discurso del Gobierno, en pleno debate sobre la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición. Esa medida, pensada para beneficiar a los presos separatistas, no se ha caído del plan del Gobierno, pero es cierto que su efectividad queda ahora diluida.

Todos los condenados por el Supremo, excepto Rull y Turull, disfrutan ya de salidas frecuentes de la cárcel. El líder de ERC -13 años por sedición y malversación por el referéndum ilegal- podrá abandonar la prisión tres días a la semana, durante seis horas cada día, para trabajar. También lo hará Raül Romeva, ex conseller de Exteriores. Hasta ahora, ya habían obtenido el 100.2 el ex conseller Quim Forn -puede salir cinco días a la semana durante 12 horas y media para trabajar- la ex consellera Dolors Bassa -tres días durante 8 horas para cuidado de un familiar- el ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez -sale tres días 11 horas para vountariado- la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell -tiene tres días de salida durante 9 horas para cuidar de un familiar y ejercer voluntariado- y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, autorizado a abandonar la prisión durante 9 horas y media cinco días por trabajo y voluntariado.

Presión por el referéndum

El golpe de efecto de la Generalitat separatista -el mismo día en que, en el Congreso, ERC permitía a Sánchez la aprobación del techo de gasto, el paso clave para la tramitación de los Presupuestos Generales- impacta de lleno en el Gobierno. La finalidad está clara: meter más presión al presidente socialista acerca del referéndum de independencia, condición inexcusable para Torra.

Para Junts per Catalunya, la parte dura de la negociación, la postura es inflexible: referéndum y amnistía. Así lo confirmó el propio Torra, en la rueda de prensa tras la reunión de la mesa, y entre honores (Sánchez le cedió la sala de prensa principal de La Moncloa, reservada a primeros ministros y jefes de Estado extranjeros). El presidente inhabilitado consideró que las más de tres horas de reunión habían servido para mantener un diálogo «franco y honesto», pero reivindicó sus exigencias. «Hemos insistido, pero no hay respuesta del Estado», reprochó sobre la «autodeterminación» y la amnistía. 

Minutos después, la ministra portavoz, María Jesús Montero, afirmó que el encuentro había servido para «sentar las bases» de un anueva etapa para los ciudadanos y encauzar políticamente el «conflicto» en Cataluña mediante «fórmulas imaginativas».

En este contexto, en La Moncloa preocupa que la reforma del Código Penal no sea suficiente para contentar al separatismo, tratándose ya de una cesión de elevado coste para el Gobierno.

Aún así, el Ejecutivo persiste en el plan. Sólo un día antes del encuentro en La Moncloa, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendía la modificación para porque aplicar tipos diseñados en otras épocas, el siglo XIX, y que no se ajustan a la realidad actual genera «problemas jurídicos y también sociales». Campo se mostró partidario de adecuar los tipos penales a las lesiones que hoy se producen contra el orden y la paz pública porque, opinó, «cuando una norma ya no se hace eco de la realidad vigente, deja de ser útil a la sociedad». En este sentido, apostó por desligar el delito de sedición de la rebelión, ya que el primero tiene como bien protegido el orden público y el segundo, la Constitución. Y avisó de que está castigado con penas «inusitadamente altas».

El mismo día de la cita en La Moncloa, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reclamó un «gesto» hacia los condenados por sedición y malversación por el referéndum ilegal porque, consideró, mostraría que el Gobierno está «dispuesto a cambiar las cosas a mejor».

«No quiere decir que lo que pasó en Cataluña en 2017 no sea grave. Saltarse la Constitución y el Estatuto, imponer la voluntad sobre una mayoría de ciudadanos es gravísimo. Ahora, ¿es una sedición? ¿Si lo es, merece una pena tan alta?», se preguntó Iceta en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

La reforma del Código Penal es, además, especialmente compleja. Sobre todo porque la modificación, para tener efecto en Oriol Junqueras y otros dirigentes separatistas, debe alcanzar también al delito de malversación. Y la rebaja tiene que ser considerable para lograr una salida inmediata. El procedimiento para su aprobación también puede alargarse.

Existe además la posibilidad del indulto, pero tiene aún más riesgo si cabe para el Gobierno. En su día, Iceta abrió la polémica al mostrarse abiertamente partidario de estudiar esa salida si los independentistas eran condenados. El sindicato UGT anunció que solicitaría la medida de gracia para Dolors Bassa, aunque aún no lo ha formalizado. Podemos se muestra expectante a lo que hará su socio Sánchez en este caso