La Oficina de Intereses controlada por Sánchez vigilará el registro de reuniones entre Gobierno y lobbies

• Rafael Molina @RafaelMolinaTW
• Redactor de Nacional en OkDiario con formación en Periodismo y Derecho. Te leo en rafael.molina@okdiario.com
• • 09/08/2025 05:47
  • Actualizado: 09/08/2025 10:11

La Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) es la entidad que se encargará del registro de los lobbies, según el proyecto normativo de la ley sobre grupos de interés. Este organismo fue señalado por la Unión Europea debido a su falta de autonomía y por el control que el Gobierno de Pedro Sánchez ejerce sobre él. Los expertos lamentan que un ente «sin independencia política» se encargue de ello, porque considera que limita su «capacidad de control y de sanción».

El Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés incluye, en su artículo 5.2, que «la Oficina de Conflictos de Intereses a la que se adscribe el Registro de Grupos de Interés, será la responsable de la gobernanza y gestión del mismo, teniendo, asimismo, atribuidas las potestades de seguimiento y control previstas en esta ley y en su normativa de desarrollo». Para ello, el Ejecutivo le dotará de un equipo específico con rango de subdirección general.

Los expertos ya han elevado su desconfianza con esta decisión. Un informe de la consultora Cariotipo ha señalado directamente a este como uno de los principales puntos débiles de la norma.

Consideran negativo que se haya seleccionado a la OCI para la tarea de velar por el cumplimiento del registro de lobbies por ser un organismo «ya existente» y por tratarse de un ente «dependiente de un órgano superior». Y es que la Oficina está adscrita a la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Transformación Digital del socialista Óscar López, a efectos presupuestarios y organizativos.

Críticas de la Unión Europea

La Unión Europea afeó que el Ejecutivo socialista no hubiera desvinculado la Oficina del Gobierno. El informe anual sobre el Estado de derecho elaborado por la Comisión Europea de Úrsula Von der Leyen, recriminó a Sánchez no tener una «estrategia global» anticorrupción y puso el acento en que «la OCI sigue integrada en la estructura del Gobierno a efectos organizativos y presupuestarios».

Desde 2022, el Ejecutivo comunitario ha venido exigiendo al Ejecutivo que se desvinculara a esta oficina del esquema del Gobierno y se le diera más autonomía. Sin embargo, tres años más tarde, no ha sido así.

La Comisión Europea reconoció en 2023 que era necesario «robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses». Algo que, a día de hoy, sigue sin hacerse.

Se trata de un hecho especialmente relevante en medio del caso en el que se investiga a Begoña Gómez, ya que la Oficina de Intereses exculpó a la esposa de Sánchez e incluso rechazó iniciar una investigación sobre si sus acciones incurrían en un conflicto de intereses.

Y es que el PP presentó en la Oficina una denuncia contra Sánchez para que investigase la actuación del socialista y su mujer en el rescate de Air Europa. La OCI archivó la petición de los populares tras recibir de Moncloa un escrito de apenas 9 líneas, recabando así únicamente la versión del propio Ejecutivo, como reveló OKDIARIO. Finalmente, tras un recurso de los populares, el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón y obligó a la Oficina a indagar en este asunto.

Informe del Consejo de Europa

Además de la Comisión, otra entidad supranacional como es el Consejo de Europa, concretamente, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), ya advirtió al Gobierno de que la regulación a los grupos de interés o lobbies todavía no se había materializado.

Además, señalaba que en la normativa que está preparando el Ejecutivo no se incluía la obligación de tener que divulgar las reuniones que hayan mantenido los miembros del Gobierno con los representantes de los grupos de interés. El GRECO tilda esto como «oportunidad perdida». En todo caso, la percepción del Consejo de Europa es que la regulación de los lobbies «no se ha materializado en la práctica».