Mossos y Guardia Civil hallan más pruebas contra la productora de Roures y buscan documentos «extraviados»

Continúa el cerco a la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Ahora, en un informe conjunto de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, los investigadores solicitan que se prorrogue la instrucción durante seis meses más, ya que ven esencial la investigación de varios expedientes presuntamente «extraviados» y que todavía no se han encontrado, que contendrían indicios sobre la presunta participación en la trama de los pagos a CDC por parte de la productora Triacom, vinculada a Jaume Roures.

Para ello, en el informe conjunto se detalla la solicitud de dos partes fundamentales. Por un lado, se solicita la colaboración de la Oficina Antifraude de Cataluña dado su carácter independiente y alto grado de especialización en materia de contratación pública, que tiene como uno de sus principales ejes de actuación la lucha contra el fraude y la corrupción. Dicha colaboración, explican los agentes, se requiere para el correcto análisis de la documentación y de los contratos efectuados por el Ayuntamiento de Barcelona con la productora audiovisual Triacom, que era propiedad del empresario independentista Jaume Roures. También se solicita la identificación del Grupo Municipal que accedió a la documentación mencionada y las personas que tuvieron acceso en última instancia a los expedientes y contratos extraviados en aras de identificar su contenido.

Los responsables de salvaguardar estos documentos en el Consistorio, que ahora intentan hallar los agentes, argumentan que el «extravío» se debe al «cierre de la Administración Municipal como consecuencia de las medidas extraordinarias, implantadas por el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 que implantaba el estado de alarma, paralización total de la administración, que tuvo como consecuencia, además algún efecto administrativo interno, como el del extravío de los expedientes referidos».

Hasta el momento, lo que han averiguado tanto los Mossos d’Esquadra como la Guardia Civil es que la productora audiovisual Triacom recibió más de 33 millones y medio de euros y efectuó pagos por 24,7 millones entre 2010 y 2019″, justo cuando comenzó la presidencia de Artur Mas en la Generalitat.

De esos ingresos, casi el 84% provendrían de entidades públicas vinculadas a la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, aunque el principal cliente de la productora era la entidad pública Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que le encargó varios programas realizados para TV3 como El Gran Dictat, Fish & Chips o varias series de animación, abonados presuntamente con facturas falsas. El resto de ingresos de Triacom, un 12% corresponden a entidades privadas como Telefónica, Caixabank, Repsol o Planeta.

Jaume Roures

La investigación se inició a raíz de que la Jefatura de Información de la Guardia Civil remitiese al entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata un informe que confirmaba que la productora Triacom Audiovisual SL, del entramado de Roures, financió ilegalmente con 750.000 euros la campaña electoral de Artur Mas en los comicios autonómicos catalanes de 2010.

En aquellas elecciones, Artur Mas se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta (que está fijada en 68) y fue investido presidente de la Generalitat catalana gracias a la abstención del PSC. Tan sólo dos años después, puso en marcha el procés y anunció la convocatoria del primer referéndum ilegal de independencia que finalmente se celebró el 9-N de 2014.

Oriol Carbó, el administrador único de Triacom Audiovisual SL, fue también durante años gerente de TV3. Cuando sucedieron los hechos, el grupo Mediapro del millonario Roures tenía una participación del 10% en Triacom Audiovisual. Según la confesión de José Manuel Parra ante el juez, Oriol Carbó se comprometió a pagarle los 750.000 euros restantes mediante facturas falsas por trabajos ficticios cargados a los programas El gran dictat y Fish & Chips, que Triacom realizaba para TV3. Ambos programas se grababan en los estudios del grupo Imagina (Mediapro) en Barcelona.

La Agencia Tributaria ya comprobó que Oriol Carbó cumplió ese compromiso: Triacom Audiovisual realizó ocho abonos a las empresas de Parra (Estereo Rent SL, Hispart SA y Audiovisuales Exit SL) por un importe total de 750.000 euros. Estos pagos fueron justificados con ocho facturas falsas, emitidas entre octubre de 2010 y octubre de 2011, cargadas a la producción de ambos programas de TV3.

Contradicciones

Tanto la Agencia Tributaria como la Guardia Civil consideraron probado que estas facturas no corresponden a ningún trabajo real, ya que hallaron numerosas contradicciones en los conceptos declarados y en las fechas. Además, el importe es completamente desproporcionado con el presupuesto de ambos programas.

En el período investigado (entre 2010 y 2011), la productora Triacom Audiovisual realizó dos pagos, por un importe total de 637.200 euros, al grupo Mediapro de Roures, que tenía una participación del 10% en la empresa de Oriol Carbó. Además, en junio de 2010, Triacom recibió de Mediapro un cobro de dos millones de euros, bajo el concepto de «devolución».

Como ya informó OKDIARIO, Triacom Audiovisual desvió en 2013 otros 348.480 euros de TV3 para pagar sobornos al entonces presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé Huguet, según un informe que los Mossos d’Esquadra emitieron al entonces juez instructor José de la Mata.

Los Mossos y la Agencia Tributaria han podido comprobar que un grupo de empresas M y J Grúas, Serboniu, Enginyeria Inalba y Triacom Audiovisual intercambiaban facturas falsas para justificar disposiciones de dinero en efectivo destinadas a pagar sobornos a Joan Reñé y, muy probablemente, también a su partido, Convergència.

Esta trama de corrupción utilizaba como testaferro a un anciano de más más de 80 años residente en Huesca, Diego Garzón, cuya empresa Interiorismo y Reformas Profesionales SL emitió facturas falsas por un importe total de varios millones de euros por trabajos que nunca realizó ni tenía capacidad para ello, pues sólo tenía dos empleados.

Las facturas faltas servían para justificar disposiciones de dinero en efectivo que se destinaban al pago de sobornos, en billetes de 500 euros, a Joan Reñé y otros políticos convergentes. Al menos seis de estas facturas falsas se emitieron por trabajos ficticios para la productora de televisión Triacom Audiovisual, dirigida por el ex gerente de TV3 Oriol Carbó y participada entonces por el grupo Mediapro del millonario Jaume Roures.

Rectificación de Jaume Roures

Rectificación de Jaume Roures