Montero gasta 255.295 € en asesores externos para que le diseñen su plan sobre los trans

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 12/11/2022 20:30
  • Actualizado: 12/11/2022 21:04

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha adjudicado por 255.295,48 euros un contrato de asesoría sobre el colectivo LGTBI. En concreto, según consta en la Plataforma de Contratación, se trata de un «servicio de apoyo en el diseño, elaboración, acompañamiento y seguimiento de la estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y para la inclusión social de las personas trans», un documento estratégico en la acción del departamento hacia este colectivo.

Pese a que Irene Montero dispone de asesores propios en el Ministerio, ha decidido recurrir a un servicio externo para llevar a cabo estos trabajos que «guiarán la actuación del Gobierno de España para avanzar en la igualdad real y efectiva y en la erradicación de la discriminación, el acoso y la violencia por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales hasta el año 2026».

La propia entidad contratista, según figura en los pliegos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, deberá ocuparse de todo el proceso para la elaboración de la estrategia final, desde las reuniones con la sociedad civil hasta proponer las medidas correspondientes «para combatir la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales» en los distintos ámbitos.

El contrato obliga a incluir medidas para «mejorar y garantizar normas y políticas públicas» en la «promoción de los derechos» de las personas LGTBI; «promover una cultura y un lenguaje inclusivos y respetuosos con la diversidad sexual así como prevenir el acoso en ámbitos como la educación, el empleo o el deporte» o «formar y sensibilizar a administraciones y agentes sociales frente a la LGTBIfobia» y «evaluar la respuesta institucional» en este ámbito, entre otras propuestas. El contrato se extiende hasta diciembre de 2026.

Polémica

La ley, impulsada por Irene Montero, reconoce la «libre determinación de género» sin informes médicos ni tratamiento a partir de los 12 años y sin consentimiento de los padres ni limitación alguna a partir de los 16. Además, los menores de 12 años podrán cambiar de nombre en el registro.

La norma que abandera Irene Montero establece, además, que, transcurridos «seis meses» desde la inscripción en el registro de un cambio de sexo, las personas podrán solicitar volver a la mención de sexo original. Para la primera rectificación bastará con ir al registro. La segunda o sucesivas tendrán que contar con aprobación judicial.

El Gobierno ha ignorado los informes críticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado para seguir adelante con la tramitación. El CGPJ alertó de que la ley contiene disposiciones que van en contra del derecho fundamental a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución en la medida en que propician el «indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales».

El Consejo de Estado, por su parte, se declaró contrario a que los menores de edad puedan cambiar de sexo en el registro sin contar con un informe judicial. Según este organismo, el cambio de sexo no se puede sostener «sobre la base de una decisión libérrima de la persona, no sujeta a condicionante alguno» y los menores deben someterse a la valoración de un juez, que compruebe su «madurez para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión» y vele por «su interés superior».

La Ley Trans de Irene Montero ha provocado el choque entre los socios de la coalición, y también dentro del socialismo, donde varias corrientes feministas han cuestionado ciertos puntos de la norma. El PSOE ha registrado varias enmiendas que modifican algunas de las principales medidas al exigir, por ejemplo, que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro.