Moncloa no tiene pruebas sobre la supuesta connivencia entre jueces y el PP denunciada por Sánchez

Presidencia del Gobierno reconoce que no tiene pruebas sobre la supuesta connivencia entre jueces y el PP denunciada por Pedro Sánchez en una conversación con periodistas en la copa de Navidad de Moncloa del pasado mes de diciembre. Este periódico solicitó acceder a la documentación que fundamentara esas recientes afirmaciones del presidente del Gobierno sobre una supuesta complicidad entre ciertos jueces y el Partido Popular. Sin embargo, la respuesta de la Dirección del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica es inadmitir la petición al supuestamente no existir esos informes.

La solicitud de OKDIARIO requería específicamente documentos que respaldaran las afirmaciones del presidente del Gobierno sobre que «en España no hay una oposición política, sino un frente mediático y algún juez que contribuye a ese tipo de oposición», así como evidencias que sustentaran la acusación de que el PP está «jugando con cartas marcadas» en el ámbito judicial.

Moncloa fundamenta su inadmisión argumentando que la petición no se refiere a información generada o conservada por este órgano en el ejercicio de sus funciones. Argumenta que OKDIARIO solicita «una justificación específica sobre una declaración o una actuación», lo cual queda fuera del ámbito material del derecho de acceso regulado en la Ley de Transparencia. Por tanto, confirma que Sánchez se lanzó a hacer esas afirmaciones sin una base documental al menos a disposición de Moncloa. Podría ser que en la sede de Ferraz los socialistas sí tengan informes para tratar de sostener esas incendiarias acusaciones contra el Poder Judicial y los de Alberto Núñez Feijóo.

La resolución, firmada por Beatriz Rodríguez, esgrime que la Ley de transparencia define como información pública aquellos «contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». Si existen documentos que reafirman los dardos de Sánchez no se realizaron en las funciones atribuidas a Moncloa.

La resolución, como siempre, deja abiertas dos vías de recurso para el solicitante: la judicial, mediante un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un plazo de dos meses, o la administrativa, a través de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en el plazo de un mes, contados ambos desde el día siguiente a la notificación.

‘Ley Begoña’

Esta resolución llega en un momento de especial tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, coincidiendo con el registro por parte del PSOE de una nueva proposición de ley en el Congreso de los Diputados que busca limitar el papel de las acusaciones populares en los procesos judiciales.

Esta nueva iniciativa legislativa, presentada el pasado viernes, tendría efectos directos sobre casos de alta relevancia política actualmente en curso, como la investigación sobre Begoña Gómez, el caso Koldo o precisamente la causa contra el fiscal general del Estado, ya que se aplicaría de forma retroactiva a los procedimientos en marcha.

La propuesta establece restricciones significativas para el ejercicio de la  acusación popular. Aunque está blindada en la Constitución española excluyendo específicamente a partidos políticos, asociaciones vinculadas a estos y miembros de las carreras judicial o fiscal. Además, exige que quienes pretendan ejercer la acción popular deben acreditar «un vínculo concreto, relevante y suficiente» con el interés público tutelado en el proceso.

En su exposición de motivos menciona explícitamente la necesidad de evitar «el uso abusivo de la figura de la acusación popular, que emplean determinados colectivos no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y a adversarios políticos».