Moncloa se atrinchera frente al Supremo y no obligará a dimitir a García Ortiz: «Apoyo total»

El Gobierno sigue cerrando filas en torno a Álvaro García Ortiz. Varios miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez han descartado que el fiscal general del Estado tenga que dimitir después de que el Tribunal Supremo haya acordado procesarle por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así, el Gobierno hace hincapié en la presunción de inocencia y asegura que sigue teniendo confianza total en García Ortiz.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido uno de los primeros en pronunciarse, afirmando que el Gobierno mantiene la «confianza» en el fiscal general. Torres ha hecho hincapié en que debe respetarse la «presunción de inocencia» del fiscal así como los «pasos» de la Justicia y ha señalado que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido «exoneradas».

Al ser preguntado sobre si es sostenible que haya un fiscal sentado en el banquillo de los acusados, defiende que por el momento no existe un fallo, sino un proceso de instrucción que culmina ahora «en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado». Por tanto, considera que esta presunción de inocencia «hay que mantenerla hasta el final».

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que es compatible que el fiscal general, Álvaro García Ortiz continúe en el cargo y reitera que sigue contando con la confianza del Gobierno y, por tanto, «en ningún caso» pedirá su dimisión. Además, ha negado «rotunda y categóricamente» que Presidencia del Gobierno diese instrucciones al fiscal en el caso que afecta a la pareja de Ayuso y lamenta que el Supremo haga esta afirmación, a su juicio, sin pruebas.

Bolaños ha afirmado que es «perfectamente sostenible» que García Ortiz siga en el cargo porque el Estado de derecho contempla la presunción de inocencia y el auto del magistrado del TS «no es firme» y se puede recurrir. Así, ha expresado la «confianza plena» del Ejecutivo en el fiscal porque, afirma, es habitual que «delincuentes presuntos» que se ven sometidas a procesos penales «arremetan contra los fiscales». «Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito», ha insistido.

Una línea a la que también se ha sumado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que ha asegurado que confía en la Justicia y ataca al novio de Ayuso. «Hay que diferenciar a quien persigue el delito con una persona que es un presunto defraudador fiscal. Que el dedo no nos impida ver la luna», ha defendido.

Esta defensa a ultranza del fiscal general ha sido la tónica habitual por parte del Gobierno desde que estallo el caso. El propio Pedro Sánchez exigió disculpas a los representantes políticos y a la prensa por el borrado mensajes, justificando que no se había encontrado ninguna prueba que justificase estas acusaciones.

No fue el único: el ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó recientemente que García Ortiz cuenta con el apoyo del Ejecutivo. «Consideramos que en ese procedimiento judicial en el que se está viendo involucrado lo que hizo fue contar la verdad a la ciudadanía. Y perseguir el delito. Y, por tanto, cuenta con nuestro respaldo», aseveraba.

También ha mostrado su apoyo Óscar Puente, que ha atacado a los jueces para defender a García Ortiz. El ministro de Transportes y Movilidad Urbana ha asegurado que «la oposición real» sale a «arreglar todos los desaguisados» del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el «desastre» de manifestación contra el Gobierno de este domingo.

«La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal», ha expresado el ministro socialista en un mensaje en la red social X.

El fiscal general será juzgado

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha decidido procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de la primera vez que un máximo responsable del Ministerio Público será juzgado en un procedimiento penal que puede acarrear hasta 4 años cárcel.

Esta resolución llega ocho meses después de que el Supremo tomara el control de la investigación en octubre pasado. Inicialmente, cuando el caso estaba bajo la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el foco se centró en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, que detalló el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, quien llevaba la investigación fiscal.

Al trasladarse el caso al Supremo, el tribunal inició procedimientos contra el fiscal general por presunta revelación de secretos, aunque inicialmente descartó que dicho comunicado de prensa constituyera un delito.

Sin embargo, la investigación se ha ido expandiendo progresivamente durante los meses posteriores. Ahora abarca nuevamente el mencionado comunicado, incluye las supuestas filtraciones de las actuaciones fiscales contra González Amador por presunto fraude fiscal, y contempla también el correo electrónico que su defensa remitió el 2 de febrero de 2024, en el cual se ofrecía a reconocer los delitos fiscales mediante un acuerdo.

De esta forma, el magistrado dicta este lunes auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La decisión se fundamenta en la confirmación de indicios suficientes de presunto delito de revelación de secretos contra ambos funcionarios tras la instrucción desarrollada durante los últimos meses.

El auto señala que, a nivel indiciario, existe base suficiente para presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico datado el 2 de febrero de 2024. Este mensaje había sido remitido por el abogado de González Amador al fiscal encargado del caso que se seguía contra dicha persona. El correo llegó posteriormente al fiscal general a través de la fiscal jefe provincial de Madrid.

El magistrado instructor destaca la naturaleza sensible de la información contenida en dicha comunicación, que incluía aspectos y datos personales de un ciudadano en el marco de una conversación privada entre letrado y fiscal, sujeta por tanto a criterios estrictos de reserva y confidencialidad.