Moncloa admite al Congreso que ha bloqueado desde enero la petición de Bolivia para interrogar a Iglesias

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 29/09/2020 06:47
  • Actualizado: 29/09/2020 09:35

El Gobierno ha admitido al Congreso de los Diputados que ha mantenido bloqueada desde el pasado enero la petición de la Fiscalía General de Bolivia para poder interrogar a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón sobre los pagos a Podemos realizados por el anterior Ejecutivo de Evo Morales.

El PP -con la firma de su portavoz en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, y otros diputados- presentó el pasado agosto una batería de presuntas sobre esta cuestión en la Cámara baja para interesarse por la pasividad del Gobierno a la hora de tramitar esta petición. En concreto, ésta fue realizada por Bolivia al Ejecutivo de Pedro Sánchez, debiendo informar al respecto la Fiscalía que comanda Dolores Delgado. Pero el Ministerio Público que dirige la ex ministra socialista -la más reprobada de la Democracia en las Cortes- ha dilatado su pronunciamiento. En cambio, sí ha tenido tiempo para cursar la declaración de Rodolfo Martín Villa ante la Justicia argentina por muertes de la etapa franquista.

En este sentido, Santamaría cuestiona en declaraciones a este medio «la doble vara de medir de la fiscal general, que actúa como brazo ejecutor del Gobierno y rompe los consensos constitucionales de la Transición». «Mientras protegía a Pablo Iglesias coincidiendo con la investigación del caso Dina-Iglesias y de la financiación de Podemos, en cambio, aceleraba la declaración de Martin Villa dejando sin efecto una instrucción de su antecesora, Consuelo Madrigal», denuncia el portavoz parlamentario de Justicia del PP sobre la actuación de Dolores Delgado.

En concreto, los ‘populares’ demandaron vía pregunta escrita al Ejecutivo socialcomunista poder saber desde cuándo tuvo éste conocimiento de la petición de la Fiscalía General de Bolivia, así como el «plazo medio de respuesta del Gobierno a las peticiones de terceros países, que reclaman pruebas testificales como las pedidas por el Estado Plurinacional de Bolivia», rezó la pregunta del PP.

Y ante ello, la contestación de Moncloa -consultada por OKDIARIO- ha sido la siguiente: «El Gobierno tiene conocimiento de la comisión rogatoria por la que pregunta. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional se enmarcan en procedimientos judiciales en terceros países y las competencias del Gobierno se refieren únicamente a la recepción de las solicitudes de cooperación judicial internacional, comprobación de que reúnen los requisitos formales exigidos por el Convenio, y su envío a la autoridad judicial competente para su ejecución. Son las autoridades judiciales, en última instancia, las que adoptan las medidas necesarias para dar respuesta a lo solicitado», sostiene Moncloa.

De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez admite que sí recibió la citada petición, si bien no ofrece ninguna fecha exacta de la entrada, ni de su traslado a la autoridad judicial, que, según las fuentes consultadas, debería ser alguno de los Juzgados Centrales de Instrucción en la Audiencia Nacional, con independencia del pronunciamiento de la Fiscalía.

El ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, remitió a la Fiscalía boliviana, a las 8.31 hora local del pasado 4 de enero, una carta en la que solicitaba la declaración de los cofundadores de Podemos, además de Zapatero y Baltasar Garzón. Tras atender esta petición, el 8 de enero, el fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, anunció que iniciaba los trámites para solicitar a España tales declaraciones.

El incidente en la Embajada

Además, Lanchipa remitió una nota al Ministerio de Exteriores reclamando a las autoridades de España vía diplomática un informe sobre el motivo de la presencia del personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en suelo boliviano. Al respecto de este incidente, el Ministerio Público señaló que quería «esclarecer el caso de los encapuchados que pretendieron irrumpir en instalaciones de la Embajada de México en la zona sur de La Paz, el pasado 27 de diciembre de 2019».

La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación -ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez- pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática sobre materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.

En su respuesta parlamentaria, el Gobierno socialcomunista tampoco aclara si ya ha procedido dentro de su competencia a la «comprobación» de que la solicitud de las autoridades bolivianas para poder interrogar al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 «reúne los requisitos formales» exigidos por el Convenio de colaboración suscrito entre ambos países.

Podemos, imputado

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid está investigando a Podemos por los contratos suscritos entre el partido y la filial española de la consultora mexicana Neurona Comunidad SL para las generales del 28 de abril de 2019 por un importe de 308.257,20 euros, a raíz de un informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que apunta a la presunta comisión de delitos de fraude electoral y falsedad en documento mercantil.

Esta consultora, próxima a Juan Carlos Monedero, está siendo investigada también en Bolivia por irregularidades en la contratación de sus servicios por parte del anterior Ejecutivo de Evo Morales. OKDIARIO ha publicado que Pablo Iglesias e Irene Montero se reunieron en Bolivia a finales de 2017 con la entonces diputada Valeria Silva, que negoció los pagos del Gobierno de Morales a Neurona.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid también apreció hace unas semanas la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» en dicha contratación entre Podemos y Neurona para las generales del 28-A de 2019. Y así lo trasladó al titular del Juzgado de Instrucción número 42, Juan José Escalonilla, que ha ratificado la imputación de Podemos por posible delito electoral y financiación ilegal.