El PP exige al Gobierno que permita a Bolivia interrogar a Iglesias por el dinero recibido de Morales
El PP ha lanzado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para forzar a Pedro Sánchez a permitir la declaración de Pablo Iglesias exigida por la Fiscalía General de Bolivia. Bolivia reclama información sobre los pagos a Podemos realizados por Evo Morales y ha reclamado la declaración de el vicepresidente Iglesias, de Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón.
La petición fue realizada a la Fiscalía española que comanda Dolores Delgado el pasado mes de enero y, a estas alturas, la petición sigue sin tramitarse por el Ministerio Público. Y todo ello, mientras Delgado no ha tenido problema, por ejemplo, en aceptar la declaración de Martín Villa ante la Justicia argentina por muertes de la etapa franquista.
De hecho, la petición del PP en el Congreso para que el Gobierno dé explicaciones de este delicado asunto llega justo en medio de la polvareda desatada entre los fiscales por la evidente falta de imparcialidad mostrada por la fiscal general. Determinadas áreas del Ministerio Público y sectores ligados a la Asociación de Fiscales han puesto ya el grito en el cielo por la parcialidad mostrada por Dolores Delgado en los últimos días tras haber permitido el interrogatorio al ex ministro español Martín Villa en Argentina por varios episodios sangrientos ocurridos entre 1976 y 1978 en los que hubo 12 fallecidos. Y ello, mientras, la misma fiscal general mantiene bloqueada la petición de la Fiscalía de Bolivia para que testifique Pablo Iglesias por los pagos realizados por Evo Morales a Podemos.
“Si nuestras acciones delatan una absoluta parcialidad, nuestro cometido, prestigio e independencia desaparecen”, ha señalado una fuente jurídica plenamente conocedora de la polvareda desatada en la Fiscalía con motivo de las últimas actuaciones y decisiones de la fiscal general, tal y como ha revelado ya OKDIARIO.
La parcialidad de Delgado
Delgado ha decidido dejar sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, para permitir la actuación judicial contra Martín Villa. En esa orden previa se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina sobre los crímenes del franquismo.
Fruto de ese cambio de criterio ordenado por Dolores Delgado, el ex ministro Rodolfo Martín Villa ha tenido que defenderse ante la jueza argentina Maria Servini por la muerte de 12 personas: “Es imposible que hubiese un genocidio en la Transición», ha asegurado el ex ministro de 85 años, una acusación que le parece «monstruosa», ha añadido.
Y todo ello ha ocurrido mientras la misma Dolores Delgado mantiene bloqueada la petición de declaración en condición de testigo de Pablo Iglesias por los pagos a Podemos procedentes del Gobierno de Evo Morales.
La Fiscalía General de Bolivia ha reclamado el testimonio de Pablo Iglesias, y también el de Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por la extraña entrada de agentes españoles las pasadas navidades en la Embajada de México en La Paz. La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación –ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez– pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática en materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.
El Gobierno y la Fiscalía de Bolivia, sin embargo, han topado con el freno del Gobierno español, que dilata por medio de la Fiscalía española y su responsable máxima, Dolores Delgado, la testifical reclamada de los grandes fundadores de Podemos. Y es que esa declaración puede suponer la obtención de información clave que se sumaría a las imputaciones ya comunicadas por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sobre la financiación B del partido morado y sus movimientos de fondos por medio de la consultora Neurona.
Pedro Sánchez es consciente del impacto y relevancia que puede tener la declaración de Iglesias ante la Fiscalía de Bolivia y ha exigido que se frene.
Delgado tiene la última palabra para agilizar o retrasar la petición de sus homólogos bolivianos en las investigaciones sobre la financiación ilegal de Podemos. Y esa palabra es la de retrasar al máximo, pese a que el documento en poder de OKDIARIO prueba que la solicitud de declaración fue adoptada por el Gobierno de Bolivia el pasado 4 de enero.
El ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo, remitió a la Fiscalía boliviana, a las 8.31 hora local de aquel 4 de enero, una carta en la que solicitaba la declaración de los fundadores de Podemos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. La petición incorporaba igualmente la petición de testifical del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del ex juez Baltasar Garzón por sus vínculos con Evo Morales.
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