Batet presidirá el Congreso tras defender el indulto a los presos y un referéndum en Cataluña
Meritxell Batet, ministra en funciones de Política Territorial y designada por Pedro Sánchez para presidir el Congreso, se mostró partidaria de la propuesta de Iceta y consideró que no es positivo que haya políticos en la cárcel.
Meritxell Batet, ministra en funciones de Política Territorial y designada por Pedro Sánchez para gestionar las relaciones con los independentistas, se mostró partidaria de la propuesta lanzada en su día por Miquel Iceta para indultar a los presos golpistas.
Aunque en público los dirigentes socialistas, incluido el presidente del Gobierno, no han admitido su disposición a conceder el indulto -tampoco lo han negado- Batet admitió en un desayuno organizado por el Club Internacional de Prensa, en 2017, y ante un reducido número de periodistas, que no le gustaba que hubiese independentistas en prisión. «No es bueno», dijo, si lo que se pretende es «acabar con el problema político» en Cataluña.
Dicho esto, añadió que la propuesta de Iceta era un «desideratum», puesto que el proceso está aún abierto y podría ser, consideró, que los dirigentes secesionistas no fuesen finalmente condenados. Pero suscribió las palabras del líder catalán en el propósito de alcanzar la «máxima normalidad» en Cataluña. Y, para ello, dijo, no es positivo que haya políticos en la cárcel.
Batet, además, apoyó hasta en tres ocasiones en 2013 la celebración de un referéndum independentista en Cataluña pactado con la Administración central.
Rompió la disciplina de voto
La futura presidenta del Congreso rompió la disciplina de voto del Grupo Socialista -junto a otros 13 diputados del PSC- para apoyar sendas propuestas de resolución de CiU y La Izquierda Plural (IU-ICV/EUiA-CHA) con motivo del Debate sobre el estado de la Nación de 2013.
La iniciativa de los nacionalistas catalanes llevó por título: «A favor de acordar la celebración de una consulta en Catalunya», y su contenido decía: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un diálogo con el Govern de la Generalitat, en aras a posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya para decidir su futuro».
Por su parte, la propuesta de resolución de La Izquierda Plural tuvo una redacción más extensa y habló de que «el debate sobre el proceso abierto en Cataluña de convocatoria de una consulta para conocer la opinión de su ciudadanía sobre cómo quiere que se produzca su relación con España no es jurídico sino político». Además, esta iniciativa ponía como ejemplo los referéndum que Canadá y Gran Bretaña «acordaron con Quebec y Escocia».
En la parte dispositiva, el texto de los que hoy están integrados en el grupo parlamentario de Unidos Podemos señalaba: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a negociar con las fuerzas parlamentarias de Catalunya la celebración de un referéndum que permita conocer la voluntad de la ciudadanía de Catalunya sobre su futuro político, utilizando los mecanismos legales previstos». Toda una entelequia esto último ya que la Constitución española no permite ningún referéndum de autodeterminación.
El Grupo Socialista, dirigido entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba, votó en contra de ambas iniciativas y multó con 600 euros a los diputados ‘díscolos’, entre ellos Batet.
La tercera votación se produjo varios meses después, en octubre. Y fue a raíz de que UPyD presentara una moción contra el «derecho a decidir» para que los diputados del PSC se retrataran en la Cámara baja. Tanto PP como PSOE votaron a favor de esa moción de UPyD, mientras que los diputados del PSC, incluida Batet, se abstuvieron.
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