Marlaska se saltó la ley que le obligaba a tomar el mando ante la DANA y retrasó la ayuda a las víctimas

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 19/11/2024 06:49
  • Actualizado: 19/11/2024 06:49

Fernando Grande-Marlaska se saltó la Ley estatal de Protección Civil que obliga al ministro del Interior a tomar el mando de inmediato ante una catástrofe de la envergadura de la DANA que afectó a la provincia de Valencia y a parte de Castilla-La Mancha el 29 de octubre. La ley en vigor, reforzada por diversas sentencias del propio Tribunal Constitucional a lo largo de los años, es nítida: fuerza al Gobierno de la Nación a tomar el mando de oficio, sin esperar a que los presidentes de las comunidades autónomas afectadas soliciten la ayuda, ni mucho menos autoricen decisión alguna en ese sentido. El tenor literal de la ley tumba el núcleo del argumentario con el que Moncloa lleva semanas tratando de eludir cualquier responsabilidad en lo ocurrido y con el que el PSOE y sus socios descargan toda la responsabilidad en el presidente valenciano, Carlos Mazón.

La Ley de Protección Civil es nítida. Además de consagrar que la protección civil es una competencia que recae al máximo nivel en la Administración General del Estado, sin perjuicio de compartirse con las distintas autonomías, establece que en catástrofes como la ocurrida en la provincia de Valencia y en zonas de Albacete –Letur, letalmente devastada– es el ministro del Interior quien está obligado a asumir el mando de inmediato y a movilizar todos los medios precisos para proteger a la población y atender con máxima rapidez a las víctimas.

El primer paso que Marlaska debió dar, y no dio, fue declarar esa catástrofe como «emergencia de interés nacional». No es una medida discrecional sino igualmente obligada por dicha ley. En su artículo 28 establece que «son emergencias de interés nacional», entre otras, «aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico» –como ha sido el caso de la tragedia de esta DANA–, o «las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional», supuesto este último que también queda claro que se ha dado en esta catástrofe.

La vigente Ley estatal de Protección Civil indica que, en esos casos, «corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas». Es decir, en ningún caso era requisito que Mazón o el castellanomanchego Emiliano García-Page pidieran esa intervención directa del Gobierno. Marlaska no tenía necesidad de esperar solicitud alguna en ese sentido. Por otra parte, tampoco consta que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, realizara petición alguna a Marlaska para que activara el dispositivo de emergencia al que el ministro estaba obligado por la Ley estatal de Protección Civil.

Se retrasó gravemente la ayuda

La pasividad de Fernando Grande-Marlaska tuvo consecuencias directas. Primero, porque sabiendo que había una alerta por DANA de grave peligro y que afectaba a varias autonomías, no activó ese dispositivo con carácter previo para proteger preventivamente a la población –hay que tener en cuenta que de Marlaska depende también la Dirección General de Protección Civil del Estado, a cuyo frente está la sanchista Virginia Barcones, que andaba por Brasil en plena catástrofe de la DANA–. Y, segundo, porque esa pasividad de Marlaska se prolongó cuando la catástrofe ya se había producido. Eso explica directamente que el Ejército no se movilizara de forma adecuada desde el primer momento en que se produjo la tragedia.

Como ha reconocido el propio general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), horas después de que ya se hubiera producido el letal desastre sólo se habían desplazado a la zona 96 militares de la UME. Y, de ellos, los primeros que llegaron a la arrasada Paiporta lo hicieron a las 00:28 horas del 30 de octubre; la devastación había arrancado a primera hora de la tarde.

Militares sin movilizar

La catástrofe de la DANA tuvo lugar ese martes 29 de octubre, pero el Gobierno tardó cuatro días en admitir que hacían falta 7.500 militares trabajando sobre el terreno devastado. Hasta el sábado 2 de noviembre Sánchez no anunció que se iban a movilizar 5.000 militares, que además tardaron varios días en llegar. Hasta prácticamente una semana después de la catástrofe no se había desplegado el dispositivo al completo de la UME, mientras los damnificados seguían clamando por una ayuda que no percibían.

La tardanza fue evidente y, con la Ley de Protección Civil en la mano, la responsabilidad inmediata de esa demora fue del ministro Marlaska. Y es que la misma ley indica que, si hubiera cumplido con su obligación de declarar lo ocurrido como emergencia nacional en el mismo momento de producirse, automáticamente habría tenido a su mando y a su disposición no sólo todos los recursos estatales a su alcance –UME incluida– sino también todos los medios que hubieran hecho falta del resto de administraciones autonómicas y locales. Podía haber movilizado desde el primer momento equipos de emergencias, rescate y reconstrucción de cualquier otra autonomía y haberlos dirigido a la zona devastada. Todo hubiera quedado bajo su dirección y mando. No era necesario ni siquiera que hubiera declarado el estado de alarma, bastaba con que hubiera catalogado la catástrofe como lo que era, una «emergencia de interés nacional». Nada de eso hizo.

Además, Marlaska no sólo tuvo que haber movilizado a la UME desde el primer momento sino que pudo haber activado cualquier otra unidad de las Fuerzas Armadas. Lo dice también la misma ley. Respecto al caso concreto de la UME, la normativa es nítida: «La intervención de la Unidad Militar de Emergencias, valoradas las circunstancias, se solicitará por el ministro del Interior y será ordenada por el titular del Ministerio de Defensa». En ningún caso era preceptivo que lo solicitara el presidente autonómico Mazón, ni mucho menos era necesaria autorización alguna por su parte.

La dejación de Marlaska –y del Gobierno en conjunto– en contra de las obligaciones que le imponía la Ley de Protección Civil se hizo evidente con la frase que espetó el presidente Pedro Sánchez cuatro días después del desastre cuando, en una comparecencia pública, aludiendo a Mazón afirmó: «Si necesita más recursos, que los pida».