Marlaska gastará más de 300.000 € en reparar cascos «inservibles» de la Policía para ahorrar

El Ministerio del Interior ha licitado la ‘revisión, reparación y actualización» de 1.200 cascos destinados a la Policía antidisturbios, con un presupuesto base de 333.960 euros. 

En la memoria justificativa, el departamento de Fernando Grande-Marlaska admite que este material «por su uso y paso del tiempo sufre un deterioro que merma sus originales propiedades, así como evidencia carencias en su diseño que han de ser subsanadas».

Sin embargo, en lugar de optar por una nueva compra, opta por la reparación, algo que desde los sindicatos policiales han calificado de «chapuza». Los colectivos recuerdan que este tipo de material es «irreparable» y que su vida útil es de cinco años, tras lo cual debe ser retirado. Desde otros sindicatos lamentan que se trate de una práctica «habitual» y explican que el departamento se justifica habitualmente en la «fecha de caducidad» de este material.

«Inservibles»

El Ejecutivo admite que, tanto los cascos objeto de reparación como otros elementos de protección -chalecos- se encuentran en mal estado. Tanto es así que «han devenido inservibles para su uso habitual» y «han sido retirados por los responsables de dichas Unidades», siendo «almacenados en el Servicio de Armamento y  Equipamiento Policial».

A continuación, justifica la «idoneidad» del contrato en que, con «la finalidad de racionalizar el gasto» se entiende como «medida más plausible» la «revisión, reparación y actualización» de dichos equipos.

Con ello, añade, se pretende «mejorar y garantizar todas las prestaciones técnicas, condiciones de durabilidad y estándares de protección que este material poseía en su primera adquisición».

Interior estima que el coste de reparación de cada casco en unos 230 euros y el trabajo afecta tanto a daños en su interior como exterior, como el arreglo de «grietas o golpes» mediante «resinado» especial que permita «superar la prueba balística» o los protectores de cara y nuca. El pliego técnico impone estrictas condiciones a las empresas para comprobar la calidad de sus trabajos y materiales, que serán supervisadas a través de distintas pruebas, como «ensayos de penetración» efectuando varios disparos en la superficie del casco y en la pantalla.

Interior sí ha acometido algunas compras de material en las últimas semanas destinadas a la unidad antidisturbios, como 1.350 escudos planos transparentes. La oferta se publicó el pasado 1 de abril, por importe de 170.000 euros. 

30.000 policías sin chaleco

En agosto, tras el atentado fallido en una comisaría de Cornellà (Barcelona) -donde un hombre se abalanzó sobre una agente de los Mossos con gritos en alusión a Alá y un cuchillo de grandes dimensiones- los sindicatos ya denunciaron la carencia de recursos materiales y de autoprotección -como pistolas de corriente eléctrica (taser), cascos y chalecos antibalas- en las comisarías españolas.

En declaraciones a la agencia EFE, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, denunciaba que «no ha sido una prioridad de ningún gobierno invertir en seguridad». «Ni siquiera en las instalaciones policiales, que no cuentan con las medidas de seguridad mínimas» para evitar dichos ataques.

Según datos de este sindicato, hay 30.000 policías nacionales que carecen de chalecos y, en muchos casos, se utilizan pese a que haya expirado su fecha de caducidad.Una carencia que se agrava, según recogía EFE, en el caso de unidades que, como la de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios, en la primera línea de la lucha antiterrorista. Sus agentes no cuentan con chaleco individual y tienen que compartirlos cuando salen a la calle a trabajar.

En el País Vasco, Roberto Seijo, secretario general del sindicato de la Ertzaintza ErNE, recordaba, por ejemplo, que tras el cese de la violencia de ETA, el Departamento vasco de Interior decidió quitar de las comisarías las mamparas de seguridad dentro de su política de «cercanía y proximidad».

«Cada vez que salimos a trabajar, nos jugamos la vida», apostillaba por su parte José María Benito, de la Unión Federal de la Policía (UFP). Una reivindicación extensible a otros cuerpos, como la Guardia Civil.

Desde el instituto armado, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, denunciaba a EFE la «precaria» situación de los cuarteles, en un «deficiente estado de habitabilidad» y «vulnerables a cualquier intento de atentado», y solicitaba cámaras de seguridad y garajes propios, además de más agentes y la dotación de pistolas eléctricas.