El marido de la procesada asesora de Begoña Gómez tiene un despacho especializado en lograr la nacionalidad por la Ley de Nietos

El abogado David Arevalillo de la Torre, marido de Cristina Álvarez -la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa-, es fundador y socio director general de un despacho especializado en la tramitación de solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos, ahora en el punto de mira por su impacto electoral. Álvarez, cabe recordar, está procesada por malversación -en calidad de cooperadora necesaria- en relación con el software para pymes desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense.

Hasta el año pasado -cuando finalizó el plazo de solicitud- el despacho A&A Estudio Jurídico ha promocionado de forma recurrente sus servicios para ayudar a los potenciales beneficiarios de la Ley de Nietos a agilizar los trámites para lograr la nacionalidad, especialmente para clientes de América Latina.

«Si deseas obtener la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática no desaproveches esta oportunidad», «si usted es nieto de un español originario estamos dispuestos a asesorarlo y llevarlo de la mano para poder cumplir con ese sueño y adquirir la ciudadanía española», son algunos de los mensajes difundidos por el despacho a través de su perfil en redes sociales. Igualmente están especializados en la defensa judicial de los afectados por la denegación de la nacionalidad por origen sefardí.

«Una oportunidad fantástica»

El despacho de Arevalillo, experto en derecho procesal y mercantil, prometía agilizar los trámites de nacionalidad frente a la tramitación en «consulados desbordados» que podría demorarse «durante décadas».

«La Ley de Memoria Democrática o Ley de Nietos abrió una vía extraordinaria para que hijos y nietos de españoles puedan solicitar la nacionalidad española. El problema no es el derecho reconocido por la ley, sino su ejecución práctica. El volumen ha debordado la capacidad de los consultados (…) con miles de solicitudes que, meses después, siguen sin una tramitación efectiva. Los consulados no tienen los medios materiales y humanos suficientes para atender tantas solicitudes en tiempo y forma», explicaba el propio abogado en una entrada en su blog, animando a actuar frente al «silencio» de la Administración para «obtener una resolución y evitar una espera indefinida».

«Será una oportunidad fantástica», explicaba en una entrevista en Unión Radio Noticias, de Venezuela. «No sólo para nietos, sino incluso para bisnietos».

El despacho dispone además de representación en América Latina, permitiendo así «la fidelización de los cada vez más frecuentes clientes latinoamericanos, creando alianzas con diversos despachos en el continente americano que permiten dar un asesoramiento completo y global a las necesidades de los clientes», según explican en su web.

Consultado por este diario, David Arevalillo ha confirmado la relación con Cristina Álvarez, si bien -preguntado sobre su actividad profesional- asegura que el despacho apenas ha gestionado solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos, pese a la notable promoción de este servicio en sus redes sociales. Tras esta consulta, el perfil de A&A Estudio Jurídico ha sido eliminado.

Fuente: Redes sociales A&A Estudio Jurídico

 

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La Ley de Nietos está ahora en el punto de mira por su impacto de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Miles de personas fueron nacionalizadas sin demostrar documentalmente que sus ascendientes fueron exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Más aún, como reveló OKDIARIO, el Gobierno permitió nacionalizar a familiares de emigrantes que habían partido de España a finales del siglo XIX. El Tribunal Supremo ha suspendido el derecho al voto de los 163.020 nacionalizados por esta vía inscritos en el CERA, que no podrán votar salvo que acrediten el exilio de sus antepasados.

Procesada por malversación

Cristina Álvarez, por su parte, está procesada por malversación de caudales públicos, en calidad de cooperadora necesaria, por sus gestiones relacionadas con la actividad de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. En particular, con el desarrollo de un software para pymes vinculado a la cátedra que dirigía Gómez.

Según ha revelado la investigación, la asistente ayudó a la esposa del presidente del Gobierno en numerosos actos de la cátedra de Transformación Social Competitiva e incluso llegó a pedir financiación a uno de los patronos. La asesora fue contratada en julio de 2018, tras el ofrecimiento de Begoña Gómez. Ambas mantenían una estrecha relación de amistad tras coincidir en un anterior trabajo de consultoría.

El juez Juan Carlos Peinado ha subrayado que Álvarez se excedía en sus funciones y «no actuaba como mera acompañante ocasional» de la mujer de Pedro Sánchez «para actos protocolarios» derivados de su agenda como mujer del jefe del Ejecutivo «sino como asistente y apoyo logístico permanente» de su «actividad profesional y académica». Ello, «pese a tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo».

Durante la investigación, Gómez sostuvo que la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno le ayudaba como «amiga» de forma puntual y que sus gestiones eran un «favor».

Cristina Álvarez ha pedido su libre absolución y ha calificado la acusación de «disparatada». Su defensa niega que exista un delito de malversación en los hechos que se le atribuyen, incluso si son considerados ciertos, y sostiene que la acusación popular sólo busca «rédito político de un juicio mediático». «No cabe mayor temeridad», recalca en un escrito presentado recientemente.

La acusación pide trece años de cárcel para Begoña Gómez -acusada además de tráfico de influencias- y seis para su asesora en La Moncloa.