Madrid batalla contra el decretazo con una carta a Ribera: «No se nos informó de las medidas»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 06/08/2022 18:36
  • Actualizado: 07/08/2022 01:39

La Comunidad de Madrid sigue su batalla contra el decreto de medidas de «ahorro energético» aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que impone límites de temperatura de la calefacción y el aire acondicionado, además del apagado de los escaparates. La norma, que ha resultado muy polémica, no fue consultada con las comunidades autónomas, según se recoge en una misiva enviada este sábado por la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En la carta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Martín solicita a Ribera que convoque una reunión con los consejeros ante las «incertidumbres» que suscita el decreto de medidas de ahorro energético. E insiste en que la norma aprobada hace una semana por el Consejo de Ministros «no fue consultada en ningún momento con las comunidades autónomas», a lo que añade que el decreto aprobado «excede con mucho a la Administración pública, con medidas que afectan a la iniciativa empresarial, como al sector comercial (tiendas, supermercados o grandes almacenes), lugares de pública concurrencia (teatros, cines, auditorios, centros de congresos o salas de exposiciones y similares), establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como a la restauración».

Reunión

El Gobierno anunció este viernes la convocatoria, para el próximo martes, de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, órgano de asesoramiento con las comunidades autónomas, a fin de informarles de la ejecución del decreto.

La reunión se produce, no obstante, el mismo día en que se inicia el plazo obligatorio para poner en marcha las medidas. «Así no hay margen de actuación alguno para dar certeza a comerciantes y sectores afectados por las medidas», destacan desde la Comunidad de Madrid.

Igualmente, advierten de que esta convocatoria incumple la normativa: las comunidades no han sido citadas con una antelación mínima de dos días -no son hábiles ni sábado ni domingo y fueron convocados el viernes a última hora de la tarde- y tampoco conocen el orden del día ni la información sobre los temas, «que debiera estar a disposición de los miembros en igual plazo», se apunta en la carta.

Y mientras, añade, los españoles siguen «pagando la factura de la luz más cara de la historia». «Ante la gravedad del asunto y por las incertidumbres que suscita el decreto le solicito, ministra, que convoque a los consejeros competentes en la materia», concluye la consejera madrileña.

Críticas

El plan del Gobierno ha provocado las críticas de comerciantes, empresarios y de varias comunidades.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó poco después de conocer las medidas: «Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿Qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?», denunció a través de las redes sociales.

La región ha anunciado que sólo aplicará las medidas que no sean de su estricta competencia. El Gobierno regional analiza ahora la constitucionalidad del decreto para emprender, en su paso, posibles acciones legales. Por el momento ya ha llamado la atención sobre varios «errores garrafales» del texto, como que no se indique cuánto tiempo tienen que estar apagados los escaparates. De esta forma, como ha señalado el vicepresidente madrileño Enrique Ossorio, «si se apaga 10 segundos ya cumple la ley».

«Todas las normas restrictivas de derechos y sancionadoras tienen que estar perfectamente delimitadas», expresó Ossorio.

Otras comunidades, como Andalucía o Galicia, también han expresado su rechazo a este plan. La ministra Teresa Ribera tuvo que matizar este viernes que algunos establecimientos, como bares o restaurantes, sí podrán limitar la temperatura del aire acondicionado al «entorno de los 25 grados», teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral.