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Región de Murcia

López Miras denuncia que la Ley de Amnistía es inmoral e inconstitucional: «Genera desigualdad»

López Miras ha indicado que la Ley de Amnistía lo que hace "es debilitar al Estado" frente a los independentistas

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado este lunes la Ley de Amnistía sobre la que ha dicho que es «inmoral e inconstitucional». El dirigente político ha señalado además que esta nueva norma genera «desigualdad entre los españoles y los territorios».

López Miras considera que esta ley tiene dos objetivos claros. En primer lugar que Pedro Sánchez continúe siendo presidente del Gobierno y en segundo lugar, favorecer la hoja de ruta independentista cuyo objetivo principal es la declaración de independencia. «Esta Ley de Amnistía lo que hace es debilitar al Estado», ha asegurado.

Durante una entrevista en el programa La Mirada Crítica de Telecinco, el líder regional, ha afirmado, sobre el debate que se celebra este lunes en el Senado con motivo de la Ley de Amnistía, que esta sesión en la cámara alta «es una mera estrategia electoral» para el independentismo. «La reconciliación no supone levantar muros, ni poner distancias ideológicas irreparables, es todo lo contrario. Por eso esta ley no sirve para reconciliar», ha dicho.

Asimismo el presidente de la Región de Murcia ha indicado que defenderá «los intereses y la igualdad de todos los ciudadanos de la Región de Murcia con el resto de españoles» durante su participación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada este lunes en el Senado.

«Voy a estar en cada foro que haya en España al que nos inviten y en el que se tengan que defender los intereses y la igualdad de todos los ciudadanos de la Región de Murcia con el resto de españoles; y voy a hablar de cómo la Ley de Amnistía genera desigualdad y que, por lo tanto, afecta a los ciudadanos de la Región de Murcia», ha dicho.

Según ha indicado López Miras, en la convocatoria en la Cámara Alta «tendremos que explicar a los murcianos» que «depende de en qué comunidad autónoma vivas se van a perdonar delitos que hayas cometido y otros delitos no».

«Este va a ser el germen de la desigualdad definitiva para todos los españoles. Esto lo va a propiciar Pedro Sánchez con una ley de amnistía que va a aprobar Pedro Sánchez del Partido Socialista, pero que ha redactado, que ha escrito, un fugado de la justicia, un perseguido por la justicia, que es Carles Puigdemont», ha denunciado.

Asimismo ha dicho que Pedro Sánchez «no puede ser presidente gracias a que se perdonen delitos a delincuentes». «Esto es una anomalía democrática, una anomalía política», ha enfatizado López Miras.

El CGPJ contra la Ley de Amnistía

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, criticó el pasado mes de marzo la Ley de Amnistía que el Gobierno socialista ha pactado con sus socios independentistas diciendo que se trata de una «transacción política» y una «moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria» para la «investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de todos los diputados de Junts».

El letrado de carrera expresó que la amnistía «no puede ser moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura» porque implicaría «implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso».

En todo caso, Guilarte evitó tomar parte en la votación que concluyó con el varapalo del CGPJ a la Ley de Amnistía. El presidente del órgano de Gobierno de los jueces decidió abstenerse porque consideraba que la votación comportaba un «evidente componente político» y que, en ese sentido, consideraba que era «prudente mantener cierta neutralidad».

Aun así, el Pleno del Consejo aprobó un informe que reprobaba la Ley de Amnistía. Aquel escrito cosechó los votos a favor de los vocales conservadores, mientras que se opusieron los de izquierda. Entre otras cosas, el informe definía la ley como «inconstitucional». Además, se subrayaba que suponía una quiebra de la separación de poderes.

Guilarte criticó que esta norma nazca de un «pacto político» previo alcanzado entre PSOE y Junts. «Si se analiza con una perspectiva civil, difícilmente superaría los criterios de validez y licitud exigidos por el artículo 1.276 del Código Civil», reflexionó el presidente del CGPJ. En ese punto, el Código Civil recoge que «la expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita».