El ministro de Hacienda sería citado como testigo

Llarena citará a Montoro a declarar si no acredita que no se usó dinero público el 1-0

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El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante su participación en el acto del 40 Aniversario de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) que se celebra en el edificio de la sede territorial de Bankia Andalucía en Granada (Foto:Efe/Pepe Torres)

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, llamará a declarar a Cristóbal Montoro si no le convencen las explicaciones y las pruebas que le remita por escrito sobre la inexistencia de malversación en el 1-O.

Llarena efectuaba este miércoles un requerimiento al ministro de Hacienda para que le informara «a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña». En una entrevista en El Mundo, Montoro indicaba que no sabía “con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”. 

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el magistrado esperará a recibir el requerimiento y si la documentación aportada «genera alguna duda» o no convence al instructor, Montoro será citado a declarar ante el Alto Tribunal en calidad de testigo. Una opción probable, ya que no se ha retractado tras conocerse el requerimiento que le ha efectuado el juez. Hacienda está personada en la causa como acusación particular a través de la Abogacía del Estado.

El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que «están exentos de concurrir al llamamiento del juez (presencialmente), pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo, el presidente y los demás miembros del Gobierno». Es decir, aunque fuera citado a declarar por el magistrado, podría decidir hacerlo por escrito.

El propio Llarena aseguraba en una providencia que la afirmación de Montoro “contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa». También recordaba que este argumento del ministro había sido empleado en las declaraciones indagatorias celebradas esta semana por el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull alegando “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros”.

Según el magistrado, los tres procesados se defendieron recalcando las declaraciones del ministro de Hacienda en las que «supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.

De hecho las defensas de Junqueras, Turull y Rull no descartan solicitar también la comparecencia como testigo de Montoro para justificar que no existió malversación de fondos públicos en el proceso independentista.

Por su parte, la acusación popular que ejerce VOX ha anunciado que no descarta emprender acciones penales si el ministro de Hacienda no demuestra que realmente no hubo malversación. El partido de Santiago Abascal no descarta tampoco pedir al magistrado Llarena la citación en calidad de testigo de Montoro.

Tribunal Supremo
Tribunal Supremo.

Desde el Departamento de Montoro, se anunciaba en las últimas horas que se enviará al juez todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la Comunidad Autónoma.

Mientras tanto, Llarnea levantaba el secreto de sumario sobre la pieza separada que investigaba la posible malversación de caudales público, donde la Guardia Civil acredita en sus informes que se destinaron al menos 1,9 millones de euros públicos a la preparación del golpe del 1-O.

«No hace falta la ayuda de Montoro»

El Tribunal Supremo ha recibido con mucha indignación las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que aseguraba que no se había destinado dinero público para el proceso independentista catalán. En el Alto Tribunal, consideran que sus palabras erosionan la credibilidad y la fiabilidad de la justicia española frente a Alemania“.

Además, sostienen que las palabras de Montoro “no son correctas” ya que el caso se encuentra “en fase de investigación”. En la actualidad, el Supremo está a la espera de que la justicia germana responda sobre la Orden Europea de Detención y Entrega OEDE sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de malversación. “El proceso penal no necesita la ayuda de Montoro para construir un argumento inculpatorio y para realizar las pesquisas” sentenciaban.

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