España

La ley permitiría juzgar a Puigdemont por rebelión 45 días después de cumplir su primera condena

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont podría ser juzgado por delito de rebelión una vez cumplida su primera condena, previsiblemente, por malversación agravada.

Ese delito, como avanzó OKDIARIO, es el más elevado en el tipo de malversación, el delito por el que Puigdemont sería extraditado tras el rechazo del juez alemán a un juicio por rebelión.

El tipo agravado de la malversación de caudales públicos lo recoge el artículo 432.3 del Código Penal, que establece que «si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado». Es decir, doce años de cárcel.

De acuerdo a la legislación sobre la orden europea de detención y entrega, Puigdemont no podría ser juzgado por un tribunal español por un delito distinto al que lo entregue el país en el que fue detenido. En este caso, Alemania.

No obstante, la misma ley establece que una vez cumplida esa condena, pueda ser juzgado por un nuevo delito, como el de rebelión.

Solo existe una condición: que, tras la libertad, pase 45 días en territorio nacional. En ese caso, Puigdemont estaría condenado así a ser de nuevo un prófugo en el extranjero, porque «en cuanto pise suelo español» sería juzgado por rebelión. Este delito, por estar penado con más de 15 años de cárcel, prescribe a los 20 años.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recordó este sábado que Puigdemont «en España es una persona que está procesada y que es prófugo de la Justicia», pese a la decisión de la Justicia alemana de desestimar el cargo de rebelión.

Desde Sevilla, donde asiste a la Convención Nacional del PP, Rajoy destacó que su Gobierno cumplió con su responsabilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución para «restablecer la legalidad en Cataluña».

«A partir de ahí, lo demás son decisiones judiciales y yo siempre he dicho que las decisiones judiciales se cumplen y se acatan porque eso es el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y se cumplen y se acatan las decisiones tanto de los tribunales españoles como de los demás, cada uno en su ámbito de su competencia», añadió.