La Ley de Movilidad obliga a Puente a informar de los límites a la velocidad por el mal estado de las vías
Desde que se aprobara la norma del Gobierno aún no ha presentado ningún informe
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La Ley de Movilidad Sostenible obliga al Ministerio de Transportes a informar de todos los límites a la velocidad que, debido al mal estado de las vías, se han impuesto en todas las infraestructuras ferroviarias con carácter temporal. Según uno de los puntos de la norma, aprobada con todo tipo de alardes por parte del Gobierno de Sánchez, el titular del ramo, Óscar Puente, no ha presentado aún ningún informe.
Una enmienda presentada por el Partido Popular es, por su parte, la que ha puesto ahora contra las cuerdas al titular de la cartera de Transportes. En concreto, su disposición adicional trigésima, mediante la cual se obliga al Gobierno a establecer un plan de choque ferroviario, otro sobre atención urgente a los pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria.
El texto señala la obligatoriedad del Ejecutivo de crear «un plan de choque extraordinario» que conste de dos fases. Un plan de acción, en definitiva, que sirva para paliar «las innumerables incidencias» que se registran en los servicios ferroviarios –Media Distancia, AVE, Cercanías y Rodalies–, que cuente con un cronograma y aporte un desglose del coste de las medidas a ejecutar que tendrán que incluirse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Según la primera fase del plan y con el que el Gobierno por ahora no ha cumplido, se establece la obligatoriedad de que, en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley, el ministerio que dirige Puente debe comunicar «todas las limitaciones temporales existentes en la vía debido a incidencias en las infraestructuras, y detallar las actuaciones necesarias para solventar las mismas».
En una segunda fase, en este caso en un plazo máximo de cuatro meses, el Ejecutivo deberá haber identificado el resto de las medidas que crea necesarias que se deben implementar. Ello, previo cumplimiento con un proceso de diálogo con el sector ferroviario y los distintos grupos parlamentarios, incluida la oposición que ejerce en el Congreso el PP.
Lo cierto es que la norma fue publicada de manera definitiva el pasado 4 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial del Estado. Y hasta este momento, el Ejecutivo central no ha mostrado ni un informe ni ha respondido a las preguntas de la oposición para saber cuál es el estado del informe para dar respuesta a esta exigencia normativa.
Entre otros incumplimientos, hasta el momento, están la aprobación de un plan de atención urgente a los pasajeros «en caso de incidencias extraordinarias» que puedan haber producido tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, «incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia».
El PP en el Senado presentó hasta un total de 80 enmiendas a la iniciativa. De hecho, en el Congreso, fueron los cuatro diputados de Podemos los que, con su abstención, permitieron que la medida estrella de los de Sánchez no quedara suspendida. Así, tras pasar de nuevo por la Cámara Alta para su tramitación definitiva, la mayoría que ostentan los populares permitió añadir varias disposiciones a la normativa.
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