CATALUÑA

Juzgan a tres mandos de los Mossos por acosar a los agentes que abatieron a los terroristas de Cambrils

La Generalitat paga los abogados y las fianzas de los presuntos acosadores

La acusación pide 84 años de cárcel para los tres mandos de los Mossos por acoso

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Una pareja de Mossos d'Esquadra desempeñando tareas policiales.
Ángel Moya

Este martes, 21 de noviembre, tres mandos de los Mossos d’Esquadra se sientan en el banquillo por acosar a cinco agentes del cuerpo que abatieron a los terroristas de Cambrils. La acusación que representa a las víctimas, el letrado Javier Peiró, pide 20 años de prisión para cada uno de los dos sargentos procesados por delitos de lesiones y contra la integridad moral. Al inspector le solicitan 44 años de prisión por alteración de documentos, lesiones y contra la integridad moral. También piden 33.000 euros de indemnización para cada una de las cuatro víctimas.

Se trata de cinco mossos de la unidad de élite de los ARRO de Tarragona, que neutralizaron a los terroristas yihadistas de Cambrils y que, a cambio, han sufrido, según la acusación, una década de humillaciones, castigos físicos, vejaciones y amenazas. «Les voy a cortar el cuello con un hacha a cada uno de ellos», dicen que llegó a manifestar uno de los presuntos acosadores en público.

Tras pasar por un infierno laboral y personal que se prolongó catorce años, los mossos denunciantes sufren secuelas que van desde ansiedad hasta depresiones e incluso la baja por incapacidad permanente. Una larga lista de especialistas médicos están citados a testificar en la vista oral para examinar las repercusiones de los hechos, que se remontan a 2009.

En todo este tiempo, el Gobierno de la Generalitat ha ignorado a las víctimas, costea la defensa de los mossos procesados por acosar a sus subordinados, promete que pagará las indemnizaciones en caso de resultar condenados y les ha dispensado de depositar 84.000 euros de fianza.

Según el escrito de acusación de cuatro de las víctimas, todo arrancó tras los graves incidentes ante la sede de la Consejería de Agricultura en Reus el 24 de octubre de 2009. La manifestación del sindicato Unió de Pagesos desembocó en graves altercados y los mossos de los ARRO acabaron lesionados, algunos de gravedad. Los heridos se quejaron por conducto oficial de los errores del sargento en la planificación del operativo. Aunque, en una reunión posterior con el intendente máximo de los Mossos en Tarragona, los mandos admitieron los «errores manifiestos de planificación», la suerte estaba echada para los demandantes.

A partir de ese momento, los sargentos dejaron de asignarles horas extraordinarias -lo que redujo su sueldo mensual-, les prohibieron usar prendas de abrigo en el servicio a la intemperie, les humillaron delante del resto de compañeros y les denegaron todos los permisos de asuntos propios.

«Les voy a cortar el cuello»

El escrito de acusación recuerda que los presuntos acosadores sometían a las víctimas a pruebas físicas de gran exigencia durante el periodo de rehabilitación de las lesiones graves que habían sufrido mientras trabajaban.

En ese ambiente de opresión, unos se vieron obligados a cambiar de unidad y de destino con sus familias, otros sufrieron bajas por depresión, pero las denuncias prosperaron.

La entrada en escena de la División de Asuntos Internos (DAI) en 2013 supuso un cambio a peor para las víctimas. La por algunos agentes llamada «policía política» de los Mossos, apoyó a los señalados por acosar y expedientó a las víctimas.

Según los testigos, los mandos manifestaban abiertamente que no pararían hasta expulsarlos del cuerpo. Les echaban de las reuniones de su unidad, no les dejaban participar de las tareas comunes e incluso en el escrito figura cómo uno de los mandos llegó a decirle a un cabo que «le iba a cortar el cuello con un hacha».

Finalmente, el inspector procesado citó uno por uno a los cinco mossos en su despacho. Luego les abrió un expediente a cada uno por faltarle al respeto en esas reuniones. El inspector no sabía que cada agente había grabado la reunión. Ahora este mando de los Mossos está acusado de acosar a sus agentes, de falsificar y alterar documentos públicos.

Presiones hasta el día del juicio

Las víctimas, en una carta abierta a los medios, no olvidan denunciar que siguen siendo objeto de presiones ante la pasividad de la Generalitat: «Recientemente (este mismo año 2023) se produjo una situación muy preocupante en la cual uno de los denunciantes, cuando llevaba a sus hijos del colegio en Reus (Tarragona), fue acosado de nuevo por parte de uno de los denunciados (que estaba de servicio)».

«A pesar de que la víctima presentó una denuncia en una comisaría de Mossos, hasta el momento no se le ha dado ninguna respuesta, muestras de preocupación o medida cautelar hacia el presunto acosador por parte del cuerpo de los Mossos d’esquadra, cosa que pone en riesgo la integridad de los menores que sufrieron estos hechos perturbadores», finalizan.

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