Justicia plantea reformar la ley para que los fiscales y no los jueces investiguen los delitos

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no sólo abordará la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal durante su mandato, para beneficiar a los golpistas catalanes, condenado por el Supremo. Además, planteará una modificación del Estatuto fiscal para que sean los miembros del Ministerio Público, y no los jueces de instrucción, quienes asuman la investigación de los delitos.

Así lo confirmaba el titular de la cartera en su segunda comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Un anuncio que provocaba las críticas de los portavoces de los grupos popular, Vox y Ciudadanos quienes afearon al socialista el nombramiento de su predecesora, Dolores Delgado, como nueva Fiscal General del Estado. Delgado tendrá un papel relevante en el nuevo cometido de la Fiscalía en la renovación del proceso penal en España que dará mayor protagonismo a los fiscales, que dependen de ella, y que Campo prevé tener aprobada antes de que finalice el año.

Campo avanzaba que el Gobierno trabaja ya en una reforma del Código Penal que posibilitará, entre otras cuestiones, suavizar las penas asociadas a los delitos contra el Estado -rebelión y sedición- para favorecer a los golpistas catalanes condenados por el Supremo durante el juicio del ‘procés’. Una vez aprobada la modificación los líderes separatistas catalanes verían reducido su tiempo total de estancia en prisión, más allá de los permisos penitenciarios de los que ya se están beneficiando la mayoría de ellos, gracias a una aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo.

Durante su intervención ante los representantes de los parlamentarios, Campo presentaba el «eje programático» de su Departamento -centrado en tres aspectos esenciales: acceso de los ciudadanos a la Justicia, reducción de los plazos y digitalización- anunciando que su Ministerio trabaja ya en varios Anteproyectos de Ley Orgánica: de reforma del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de introducción del Derecho de Defensa o de la Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, esta última que calificaba como «una iniciativa coordinada de Justicia y Sanidad».

«En la ley se establecen medidas frente a la violencia contra menores y adolescentes» ha afirmado Campo, sin hacer mención alguna al papel que en la misma jugará el actual vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 cuyo titular, Pablo Iglesias, se ha atribuido como logro personal. Tal es así que el propio Iglesias manifestaba, la semana pasada, que la denominada como ‘Ley Rhodes’ se aprobaría de manera casi inmediata.

Renovación profunda

Campo no sólo anunciaba que promoverá una mejor calidad de la Justicia desde el punto de vista de las reformas legales sino que anunciaba una reestructuración profunda del ministerio que dirige y para lo que ha prescindido de la mayor parte del equipo profesional de la etapa Delgado.

El Ministerio de Justicia incorporará una nueva Secretaría General compuesta por 3 direcciones generales: para el Servicio Público de Justicia; de transformación digital, «con competencias transversales que creen economías de escala y evitar el despilfarro de recursos públicos en las herramientas de trabajo electrónicas e interconectadas en todo el territorio nacional»; y, la de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en sustitución de los registros y el notariado.

«La arquitectura institucional resulta clave para poder ejecutar con éxito nuestras políticas. Las reformas van más allá de lo nominal. Lo nominal sólo puede ser reflejo de lo funcional», afirmaba Campo para quien «la Abogacía del Estado es pieza clave del edificio de la Justicia».