La juez toma declaración a los imputados de la pieza separada del ‘caso Tito Berni’ y les aboca a juicio

La juez tomó declaración a los investigados de la pieza separada del caso Tito Berni el pasado viernes 6 de septiembre a las 10:30 horas en la sala de vistas número 1 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Se trata del general de división retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario de placas solares Antonio Bautista, apodado El Curilla, y Antonio Navarro Tacoronte, alias El Mediador. La juez había propuesto que fueran procesados por cohecho mediante un jurado popular. La Fiscalía ha pedido durante esta vista que se mantenga la imputación. Por su parte, las defensas de los tres investigados -lo que antes se conocía como imputados- han pedido que se dé archivo a la causa. 

El Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife ha dado el primer paso para abocar a los investigados de la pieza separada del caso Tito Berni a juicio. Según una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, la instructora María de los Ángeles Zabala ha señalado una comparecencia «para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir la práctica de diligencias de investigación». La cita estaba prevista para el pasado 23 de julio, pero por razones internas de la agenda del juzgado se pospuso a septiembre. Los investigados han acudido con sus defensas y allí les esperaba la juez que ha escuchado sus peticiones. La vista ha durado alrededor de una hora. 

Los imputados se enfrentan a un juicio con tribunal del jurado. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, consideró en una resolución que debía transformar la pieza separada en un caso para juicio por un delito cohecho. La conclusión de la juez es que el general Francisco Espinosa, tras conocer la actividad empresarial de Antonio Bautista, vio «la oportunidad de realizar de negocios en Canarias valiéndose de las altas relaciones públicas y empresariales de cargos públicos con los que mediaría y obteniendo en contraprestación a su función de mediación distintos beneficios económicos». Bautista, según expone la juez, se habría estado encargando de «pagar facturas, entregar dinero e invitar a eventos privados a las personas que le iba indicando El Mediador, Antonio Navarro Tacoronte». 

El Curilla, por su parte, quería colocar en Canarias su empresa Cleanergetic Insular, dedicada a la instalación de placas de energía fotovoltaica. El auto judicial describe la labor del general retirado como «fundamental», ya que había introducido a Bautista en el círculo empresarial de Canarias «haciendo uso de las influencias que tenía en este sector fruto del periodo de tiempo en el que desarrolló sus responsabilidades públicas al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Gran Canaria». Se le atribuye haber conseguido reuniones con empresarios importantes del archipiélago que culminaron en adjudicaciones investigadas en la causa central del caso Tito Berni.

Contraprestaciones

La instructora también incide en el que el alto cargo retirado de la Guardia Civil «comenzó a exigir determinadas contraprestaciones de significación económica en consideración a su función, atenciones de muy diversa naturaleza a las que el empresario afectado atendió para conseguir acceder a las relaciones del general». Una de las dádivas que reclamaba fue, según el auto, contratar a su pareja en alguna de las empresas de Antonio Bautista con un sueldo que casi triplicaba el sueldo mínimo. Las dádivas están tipificadas en el Código Penal como un delito de cohecho en el que caso de un cargo público como el de alto funcionario de la Guardia Civil. El Servicio de Asuntos Internos investigó estos intercambios.

La pieza separada en la que la juez ha citado a los tres investigados se integra dentro del caso Tito Berni, que investiga desde hace años una presunta trama corrupta que hacía creer a empresarios que conseguirían tratos de favor de las administraciones públicas si pagaban determinadas comisiones. Los tribunales mantienen como investigados a una decena de empresarios, al ex director general de ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, y al ex diputado del PSOE por Canarias, Juan Bernardo Fuentes Curbelo. La investigación señala al socialista como el cabecilla de la trama. La Fiscalía ya ha pedido dos años y medio de cárcel para Fuentes Curbelo por la comisión de un presunto delito de falsedad documental.